El municipio de Ensenada, bajo el mando del intendente Mario Secco, ejecuta un proceso sistemático y documentado de destrucción ambiental en la Isla Santiago: un Paisaje Protegido de Interés Provincial que, pese a contar con amparo judicial y marcos legales vigentes, enfrenta la peor crisis de su historia. Obras ilegales, rellenos de humedales, contaminación lumínica e incendios sospechosos configuran un escenario de impunidad ambiental que la ONG Nuevo Ambiente denuncia sin respuesta oficial desde hace más de dos años.
La justicia ordenó parar. Ensenada avanzó igual

En junio de 2024, el Juzgado Contencioso Administrativo de La Plata dictó una medida cautelar contundente que prohíbe expresamente al municipio de Ensenada —y a Berisso— «autorizar y/o gestionar directa o indirectamente» cualquier intervención en las Islas Santiago y Paulino. El fallo prohíbe emprendimientos urbanísticos, nuevos loteos privados, subdivisiones de parcelas, aprobación de proyectos inmobiliarios y cualquier movimiento de suelo o desmonte de vegetación nativa.
La orden judicial fue ignorada. Según informó FM Tres Ciudades, el municipio de Ensenada llevó adelante trabajos de asfaltado, instalación de luminarias LED de alta potencia y permitió el desarrollo de construcciones privadas dentro de un sector declarado Paisaje Protegido, pese a la existencia de la medida cautelar dictada en junio de 2024.
A pesar del nuevo fallo, las máquinas del municipio continuaron operando. Integrantes de la ONG Nuevo Ambiente llevaron adelante un relevamiento en la Isla Santiago comprobando «incumplimientos» de la medida cautelar judicial vigente. Desde la organización advirtieron: «Las autoridades municipales siguen incumpliendo con la justicia y con su deber como funcionarios públicos», según consignó ANDigital.
Obras ilegales sin estudios de impacto ambiental

La Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley Provincial 11.723 exigen estudios de impacto ambiental previos a cualquier intervención en zonas protegidas. La administración de Mario Secco prescindió de ellos por completo.
Según reveló El Correo Gráfico, el Municipio de Ensenada avanzó con la licitación y ejecución de obras de asfaltado cubriendo 4.500 metros cuadrados en zonas estratégicas como el Paseo de Pescadores, sin presentar los Estudios de Impacto Ambiental obligatorios. Las maquinarias pesadas comenzaron a operar «a pocas horas» del llamado a licitación, en un claro intento de crear hechos consumados antes de cualquier posible intervención judicial.
A las carpetas asfálticas se sumó la instalación de luminarias LED de alta potencia que la ONG Nuevo Ambiente califica de «trampa mortal para la biodiversidad». El organismo advierte que, «más allá de sus beneficios en ahorro energético, no es el ideal para estas zonas por su brillo y potencia, dado que provoca impactos negativos a la fauna silvestre existente en la Isla, hecho que no fue contemplado por ignorancia y ausencia de los estudios de impacto ambiental». Esta contaminación lumínica ecológica desorienta a las aves y fractura los ciclos reproductivos de la fauna en un entorno que demanda oscuridad protectora.
Humedales sepultados bajo escombros y el sospechoso avance del fuego

El patrón de destrucción es tan sistemático como revelador. En principios de 2024 se rellenaron las márgenes del canal conocido como «la canaleta» con residuos de losas de hormigón armado en una gran extensión, violando legislaciones de protección ambiental nacional y provincial vigentes y degradando los humedales del frente costero de la Isla Santiago. Según informó la ONG en su sitio web Nuevo Ambiente, a este relleno ilegal se le sumaron «sospechosos incendios provocados durante el segundo semestre del 2024 en zonas de la Isla Santiago».
Según reportó El Correo Gráfico, el activista Marcelo Martínez, de Nuevo Ambiente, describió la situación con precisión: «Viene sufriendo una degradación importante a causa de negocios inmobiliarios y la desatención o falta de gestión de los municipios que hacen caso omiso a sus funciones de custodiar el medio natural y en especial estos espacios que están bajo su responsabilidad».
Se ha comprobado que sectores cercanos al puente levadizo y el camino de ingreso han sido rellenados con residuos de losas de hormigón armado y tierra de descarte de obra. La metamorfosis del humedal en basural de cemento evidencia una presión inmobiliaria feroz que, según las denuncias, estaría vinculada a allegados al poder municipal, incluido presuntamente el hijo del propio intendente Mario Secco, según consignó El Correo Gráfico.
La raíz del problema: sin plan de manejo ambiental por decisión política

La Ley 12.756 y la Ordenanza Municipal 1829 establecen que la Isla Santiago, declarada Paisaje Protegido de Interés Provincial para el Desarrollo Ecoturístico, debe contar con un Plan de Manejo Ambiental elaborado de manera participativa. Ese documento no existe. Y no existe porque el municipio de Ensenada se ha negado durante más de dos décadas a elaborarlo.
La ONG Nuevo Ambiente señala que hasta el momento las islas Santiago y Paulino no poseen Plan de Manejo Ambiental, aunque supuestamente el municipio de Ensenada le habría conferido esa tarea a una consultora de la región. Sin ese plan, la isla queda en un estado de indefensión técnica que solo beneficia a los desarrolladores conectados al poder.
La ausencia del Plan de Manejo no es desidia burocrática: es una estrategia de negligencia planificada. Sin reglamentación, no existe marco normativo concreto que obligue a detener las obras. Sin estudios previos, la discrecionalidad política ocupa el lugar del rigor científico. El Estado Municipal se convierte así en el principal infractor del Paisaje Protegido que la ley le ordena custodiar.
Desde Nuevo Ambiente también señalan la complicidad por omisión del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires: «Por un lado invocan en aplicar el ‘ambientalismo popular’, mientras permiten al municipio violar legislaciones y degradar al ambiente», denunciaron en su portal oficial.
Un ecosistema único al borde del colapso irreversible

La biodiversidad de la Isla Santiago —fauna silvestre, aves migratorias, monte ribereño, humedales costeros— es un patrimonio natural compartido que la gestión de Mario Secco está destruyendo a paso acelerado. La jueza Martínez lo advirtió en el fallo de marzo de 2025 con una frase que sintetiza la urgencia: «En materia ambiental, una vez degradado, sólo resta paliar efectos nocivos y ahí la importancia de propender a un manejo responsable de los recursos naturales».
El fallo judicial destaca que «la inacción estatal ha permitido la degradación del ecosistema», lo que ha generado un impacto ambiental significativo en un área de alto valor natural. De no cumplirse el plazo de 60 días para presentar el Plan de Manejo Ambiental, los municipios enfrentan sanciones y nuevas acciones judiciales, según informó Berisso Ciudad.
La pregunta que la ciudadanía y la justicia le formulan a Mario Secco es simple y urgente: ¿por qué un municipio que tiene la obligación legal de proteger un Paisaje Protegido actúa, sistemáticamente, como su principal destructor?
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