La Justicia federal dispuso un embargo histórico de $157.164.287.201 contra la gobernación de la Provincia de Buenos Aires por la demora sistemática, de más de dos décadas, en la ejecución de obras de saneamiento cloacal que afectan a los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada. La resolución, firmada el 11 de marzo de 2026 por el juez federal Alberto Recondo del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°4 de La Plata, representa el mayor litigio ambiental en la historia reciente bonaerense y pone en jaque la gestión del gobernador Axel Kicillof.
El monto equivale a US$ 110.679.075,49 al tipo de cambio de la segunda semana de marzo, según informó La Nación. Los fondos deben permanecer inmovilizados en una cuenta judicial bajo la modalidad de plazo fijo con renovación automática cada 30 días hasta que el gobierno provincial acredite el inicio efectivo de la primera etapa del proyecto de saneamiento, cuyo costo total asciende a U$S 245.997.956,64 con un plazo de ejecución previsto de tres años.
La causa judicial, que tramita desde 2020 por denuncias de daño ambiental vinculadas al sistema hídrico conformado por el arroyo El Gato, el Río Santiago y el Río de la Plata, fue impulsada por la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNLP. El magistrado ya había ordenado en 2022 que la Provincia incorporara los fondos necesarios en su presupuesto, medida que nunca fue cumplida. Esa reiterada inacción fue el detonante definitivo del embargo millonario, según consignó Infobae.
Contaminación «aberrante»: los datos científicos que devastaron los argumentos del Estado
El juez Recondo basó su resolución en peritajes técnicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el CONICET, que describen una situación sin precedentes en la cuenca hídrica regional. El magistrado calificó el estado del sistema como «aberrante» y concluyó que el entramado fluvial ha sido convertido en «un sumidero de desechos cloacales e industriales», tal como registró InfoPlatense.
Leguizamón solicita acciones urgentes e informes sobre vertidos cloacales en La Plata y Berisso
Los datos microbiológicos son alarmantes. Un estudio de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET reveló que, mientras la normativa vigente permite un máximo de 2.000 bacterias coliformes fecales por cada 100 mililitros en vuelcos a cursos de agua, los análisis realizados en las playas de Berisso detectaron valores promedio de 7,1 millones de esas bacterias: 3.550 veces por encima del límite permitido. La infección del sistema se extiende de manera alarmante: el peritaje de la UIDET-GA de la Facultad de Ingeniería de la UNLP constató que, a partir de la calle 1 de La Plata, la presencia de nitrógeno total —marcador directo de orina y residuos orgánicos humanos crudos— es masiva, lo que implica que el centro de la capital bonaerense vierte sus desechos sin ningún tipo de tratamiento.
El peritaje también advirtió sobre la formación de un «corredor costero de aguas contaminadas» que se extiende desde la Ciudad de Buenos Aires y Avellaneda hasta Punta Piedras, integrando a Quilmes, Berazategui y Magdalena en una misma geografía del riesgo sanitario. Antes de dictar el embargo, el juez Recondo realizó una inspección ocular en las márgenes del arroyo El Gato y en sectores cercanos a su desembocadura en el Río de la Plata, donde constató personalmente que las tareas ordenadas no habían sido ejecutadas.
La paradoja fiscal: el saneamiento costaba el 0,67% del presupuesto provincial
Uno de los argumentos más devastadores del fallo es de naturaleza contable. El juez rechazó categóricamente la defensa del Estado provincial basada en la supuesta falta de recursos. La resolución señala que en 2022 el costo de inicio de las obras representaba apenas el 0,67% del presupuesto provincial. Según el expediente, en ese año fueron notificados sobre la urgencia de comenzar los trabajos desde la Presidencia de la Nación, la Fiscalía de Estado bonaerense y representantes del Congreso Nacional, pero las advertencias fueron ignoradas. «Esto permite concluir que la imposibilidad de ejecutar las obras ordenadas no se sustenta en la falta de financiamiento internacional, sino en decisiones que el Estado provincial adopta hace más de 20 años a la hora de asignar recursos», expresó el magistrado en su resolución, consignada por Total News Agency.
Frente al fallo, la Fiscalía de Estado bonaerense confirmó que apelará la decisión judicial. El gobierno de Kicillof, a su vez, responsabilizó al gobierno de Javier Milei por no haber financiado las obras, argumentando que ya hace dos años había solicitado al gobierno nacional los recursos correspondientes y que las obras beneficiarían a 933.397 habitantes de la región capital. La ONG Nuevo Ambiente también intervino en la causa, solicitando formalmente la suspensión de los aumentos tarifarios de Aguas Bonaerenses (ABSA), al sostener que el sistema cloacal regional funciona de manera incompleta y que la planta de pretratamiento de Berisso es insuficiente para el volumen de efluentes generado.
La crisis política: voces críticas y un patrón de desinversión que también golpea al Puerto Quequén
La resolución judicial desató una intensa reacción política. El senador bonaerense de La Libertad Avanza, Matías de Urraza, apuntó directamente contra Kicillof y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar. «Kicillof nos sigue poniendo en peligro… Se comieron el presupuesto de saneamiento de residuos cloacales y ponen en riesgo a vecinos de La Plata, Berisso y Ensenada», declaró el legislador según consignó Diputados Buenos Aires.
Para De Urraza, este embargo se inscribe en un patrón más amplio de desinversión provincial. Como prueba cita el colapso parcial del Silo N1 del Elevador Terminal del Puerto Quequén, ocurrido en la madrugada del 27 de enero de 2026, cuando cedió una estructura de hormigón con casi 100 años de antigüedad, provocando derrame de mercaderías en plena área operativa. El bloque legislativo de LLA denunció que el derrumbe es consecuencia directa de falta de controles efectivos, prórrogas precarias de contratos concesionales vencidos y ausencia de peritajes independientes. Al ser el principal puerto agroexportador de la Provincia, su deterioro pone en riesgo la seguridad operativa del comercio exterior bonaerense, según publicó El Marplatense.
El costo real de la inacción: salud pública en riesgo y playas de Berisso convertidas en focos infecciosos
El impacto más grave de esta inacción se vive en la costa. El informe del CONICET describe cómo el vertido de efluentes industriales y cloacales sin tratamiento transformó las playas de Berisso en zonas de riesgo para la salud pública, convirtiendo áreas que deberían ser recreativas en focos infecciosos activos. El Estado, al diferir indefinidamente la inversión en plantas depuradoras, ha trasladado el costo de esa decisión directamente al cuerpo de los ciudadanos y a las familias que intentan usar el litoral bonaerense.
El embargo de $157 mil millones clausura formalmente la era de las excusas presupuestarias. La justicia concluyó que, tras dos décadas de degradación que atraviesan gestiones de distintos signos políticos, el saneamiento básico ya no puede seguir siendo tratado como un gasto optativo. El dinero permanecerá inmovilizado hasta que el gobierno bonaerense demuestre con hechos —y no con promesas— que las obras han comenzado. La contaminación del Río de la Plata ha dejado de ser un problema ambiental silencioso para convertirse en una crisis institucional y financiera de primer orden para la Provincia más poblada de la Argentina.
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