La ONG Nuevo Ambiente presentó una nueva denuncia judicial ante el Juzgado Contencioso Administrativo de La Plata por el incumplimiento sistemático de una medida cautelar vigente desde junio de 2024, que prohíbe expresamente obras, movimientos de suelo y loteos en la Isla Santiago (Ensenada) y la Isla Paulino (Berisso). Ambas islas están protegidas por la Ley 12.756, que las declara Paisaje Protegido de Interés Provincial. En pleno abril de 2026, los municipios de Mario Secco y Fabián Cagliardi siguen sin confeccionar el Plan de Manejo Ambiental exigido por la Justicia, mientras las máquinas continúan operando.
El municipio de Ensenada llevó adelante trabajos de asfaltado, instalación de luminarias LED de alta potencia y permitió el desarrollo de construcciones privadas dentro del sector declarado Paisaje Protegido, pese a la medida cautelar dictada en junio de 2024. La denuncia de Nuevo Ambiente describe estas intervenciones como parte de un «incumplimiento sistemático» de las leyes ambientales y del fallo judicial, que alcanza también a la Municipalidad de Berisso bajo la gestión de Cagliardi.
Nueva denuncia por desacato judicial
Lejos de acatar la medida cautelar dictada en junio de 2024, el municipio continúa ejecutando obras ilegales en un área declarada por ley, priorizando intereses económicos por sobre la preservación del ambiente. Marcelo Martínez, presidente de Nuevo Ambiente, fue categórico al señalar que se está ante «una conducta reiterada de incumplimientos de la Ley y de la desobediencia judicial. No se trata de hechos aislados, sino de una política deliberada que habilita la degradación de un área protegida para favorecer negocios inmobiliarios«, según publicó Nuevo Ambiente.
En marzo de 2025, la magistrada Dra. María Ventura Martínez, del Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, condenó definitivamente a los municipios de Ensenada y Berisso, y a la Provincia de Buenos Aires, a instrumentar en 60 días la confección y aprobación del Plan de Manejo Ambiental de ambas islas. Ese plazo venció sin cumplimiento alguno.
El negocio de los 40 lotes en tierras del Estado
Uno de los episodios más alarmantes del conflicto es el intento de consolidar un barrio privado en tierras estatales dentro del área protegida. Una inmobiliaria platense llegó a ofrecer públicamente a través de redes sociales un loteo de 40 unidades de 10×30 metros a un valor de entre 15.000 y 40.000 dólares cada una. Al tratarse de suelo público, los desarrolladores vendían «posesiones» validadas por escribanos vinculados a la propia firma, en una maniobra de privatización encubierta del espacio público.
«El estado municipal tenía que estar atento primero porque tenían que presentar planos de obra y cuarto porque habían hecho ya un portal de ingreso», denunció Martínez, advirtiendo que la Municipalidad de Ensenada solo reaccionó cuando el escándalo tomó estado público, según consignó FM Tres Ciudades.
La senadora provincial Florencia Arietto acusó directamente que «el intendente de Ensenada, Mario Secco, su hijo Nicolás y toda la runfla están echando a los isleños históricos para quedarse con Punta Lara y hacer sus negocios». Martínez reforzó esas acusaciones al señalar que «adentro de esa operatoria había funcionarios de la Municipalidad de Ensenada», agregando que «hasta el hijo del Intendente de Ensenada usurpó y está viviendo en la isla en un gran predio», según reportó ELCORREOGRÁFICO.
Rellenos ilegales, LED y contaminación sin control
Se comprobó el relleno ilegal de sectores de la Isla Santiago con residuos de losas de hormigón armado y tierra de descarte de obra, constituyendo una vez más incumplimiento por parte del municipio de Ensenada. El sector afectado corresponde a humedales cercanos al puente levadizo en la zona denominada históricamente como la «canaleta» y el camino de ingreso a la isla.
A eso se suma la contaminación lumínica provocada por la instalación de luminarias LED de alta densidad, que altera los ciclos biológicos de la fauna silvestre. La desorientación y colisiones de aves, la perturbación de ciclos migratorios y reproductivos, y el impacto sobre los insectos —base de la cadena trófica del ecosistema ribereño— son consecuencias documentadas por los ambientalistas pero ignoradas por ambas gestiones municipales.
Las islas Santiago y Paulino NO POSEEN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL formalmente aprobado, aunque supuestamente el municipio de Ensenada le habría conferido esa tarea a una consultora de la región. Sin este instrumento, cualquier obra representa una violación legal y un daño potencialmente irreversible sobre el patrimonio natural de la región.
Complicidad por omisión: Berisso también en falta
La responsabilidad no recae exclusivamente sobre Ensenada. La Municipalidad de Berisso, bajo la conducción de Fabián Cagliardi, comparte la obligación legal de elaborar el Plan de Manejo Ambiental para la Isla Paulino y de hacer cumplir la normativa de protección en su jurisdicción. La omisión reiterada ante un fallo judicial condenatorio implica también al municipio berissense en lo que los ambientalistas califican como una política de «hechos consumados»: ejecutar obras sin documentación para luego intentar su regularización retroactiva a través de «algún amiguismo político», en palabras del propio Martínez.
«Los fallos de la Justicia no consisten en una opción, ni se trata de una cuestión de criterio político: es una obligación legal», reza la denuncia presentada ante el Juzgado de La Plata, según surge del material aportado por la ONG.
La pregunta que queda abierta sobre la costa del Río de la Plata es brutal en su simpleza: ¿cuántas denuncias más necesita la Justicia para que Secco y Cagliardi dejen de destruir, impunemente, lo que la ley manda preservar?
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