En las últimas horas el ex – funcionario Kirchnerista, Julio De Vido, fue apartado de su cargo en Diputados y trasladado al penal de Ezeiza. Un desmedido operativo de seguridad y un sinfín de cámaras televisivas lo acompañaron desde Comodoro Py.
Al ex – ministro de Planificación Federal se lo acusa de “Defraudación del Estado” en la obra de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.
Río Turbio es una mina de carbón, que se fundó cuando el presidente de aquel entonces era el General Juan Domingo Perón. Dicha mina estuvo paralizada desde el año 2001, cuando fue privatizada producto de las políticas liberales de aquel entonces y la crisis que sufría el país.
La obra tuvo lugar en el año 2006, cuando Néstor Kirchner presidía los destinos de la Nación. El objetivo: construir una central termo-eléctrica que produzca 240 mega-vatios. Con esta energía se podría abastecer a toda la Patagonia.
Los medios dominantes de comunicación, no muy afines a las políticas Kirchneristas, tildaron la causa como “Desvío de fondos públicos”, “coimas” y demás, aunque lo cierto es que la justicia no menciona la realización de coimas, como tampoco sobornos ni sobre-precios. Lo que cuestiona la justicia son las firmas de los convenios entre el Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Lo más importante a destacar es que en estos convenios, según la justicia, los peritajes, y las pruebas presentadas, no hay sobreprecios en la compra de bienes, las cuales se hicieron incluso en un precio más bajo que el estipulado por el mercado.
Una vez realizado el cambio de Gobierno, en diciembre de 2015, el nuevo interventor pidió al Ministro de Hacienda fondos para continuar los convenios por los cuales se apresó a De Vido. Meses después, la obra se paralizó por decisión política del Gobierno Nacional, en un intento, tal vez, de ofrecer un negocio a empresas privadas. Vale destacar que todos los presupuestos eran aprobados por el Congreso Nacional.
De este modo, se desentraña una nueva maniobra del oficialismo (en conjunto con los medios hegemónicos de comunicación) para encarcelar a ex – funcionarios de la anterior gestión y de este modo brindar ante la opinión pública un sentido de transparencia y lucha contra la corrupción.
