En Berisso, la situación política y social se agita con una nueva denuncia contra el accionar del intendente Fabián Cagliardi, cuyo nombre ha sido relacionado con corrupción y actos ilegales de connivencia entre la policía y funcionarios municipales. La denuncia apunta específicamente al jefe del Comando Patrulla Berisso, Comisario José Mezza, y al Comisario Leonardo Gallo, responsables de permitir un desalojo de terrenos en la playa de Palo Blanco de manera ilegal.
Contexto de la denuncia
El hecho que desencadenó esta nueva acusación se produjo el 29 de octubre de 2024, cuando funcionarios municipales, protegidos por personal policial, llegaron a la playa de Palo Blanco con maquinaria pesada como topadoras y palas para demoler estructuras y apoderarse de terrenos. Sin embargo, los hechos previos, que incluyen una orden de allanamiento y un enfrentamiento con el vecino Gabriel Ramallo Serrano, permiten entender el contexto más amplio detrás de esta denuncia.
El 28 de octubre, un día antes de la ocupación ilegal, se llevó a cabo un allanamiento en el terreno de Ramallo Serrano, ordenado por la UFI N° 3, bajo acusaciones de robo.
Detención y polémico desalojo en Berisso: el caso que sacude a Palo Blanco
La operación no arrojó resultados positivos, pero la situación dio un giro cuando Gabriel Ramallo confesó que poseía armas en su propiedad y las entregó voluntariamente. Aunque la denuncia inicial se cerró sin pruebas del robo, las autoridades decidieron abrir una investigación por la tenencia ilegal de armas, derivando el caso a la UFI N° 15.
¿Un plan para desalojar a Ramallo?
A medida que la situación se desarrollaba, los vecinos de Gabriel Ramallo comenzaron a denunciar lo que consideraban una “cama” para quitarle el terreno, permitiendo así que funcionarios municipales tomaran posesión del mismo. Familiares y testigos aseguran que el accionar policial y municipal estuvo dirigido exclusivamente a despojarlo de su propiedad sin cumplir con los procedimientos legales adecuados.
Según los testimonios, el 28 de octubre, al momento del allanamiento, el procedimiento fue arbitrario, ya que la policía no tenía pruebas de la acusación por robo. El día siguiente, 29 de octubre, se produjo la acción violenta de despojo de tierras, con máquinas municipales acompañadas por una fuerza policial compuesta por tres patrulleros y varios efectivos, quienes destruyeron las casetas y otros elementos construidos en el terreno de Ramallo.
«Esto está mal, esto es ilegal», exclamaba una efectiva policial cuando se percató de la ilegalidad de la acción de los municipales, según los relatos de los testigos. La situación se agravó cuando, a pesar de la falta de una orden judicial, se continuó con la demolición de los bienes de Ramallo, solo frenada por la intervención de familiares y vecinos del afectado.
La omisión de la respuesta del Concejo Deliberante
En medio de la controversia, el Concejo Deliberante de Berisso fue convocado a dar una respuesta a las denuncias de irregularidades. La Concejal Mariana Astorga presentó un pedido de informe urgente a los funcionarios políticos y policiales involucrados en estos hechos, solicitando una explicación formal sobre su accionar. Sin embargo, a pesar de la aprobación unánime en el cuerpo legislativo, la respuesta no llegó en el plazo estipulado de 72 horas.
La omisión de respuesta ha incrementado la desconfianza en las autoridades locales y ha generado más cuestionamientos sobre la gestión del intendente Cagliardi. Los detractores del oficialismo aseguran que estas irregularidades no son un caso aislado, sino que forman parte de una estrategia sistemática para beneficiar a ciertos grupos en el mercado inmobiliario local.
La denuncia y el juicio en curso
La denuncia presentada el 22 de noviembre de 2024 en la UFI N° 1 por la fiscal Ana Medina, ratificó lo sucedido con la denuncia penal correspondiente (PP N° 06-067961-24/00). El caso está siendo investigado, y las pruebas de corrupción y de connivencia entre funcionarios policiales y municipales podrían tener repercusiones significativas.
Las implicaciones para la administración de Cagliardi
La denuncia pone de relieve una nueva crisis en la administración del intendente Cagliardi, quien ha sido acusado de promover prácticas de corrupción dentro de su propio gabinete. Los testimonios y las pruebas que surgen de las denuncias de vecinos y familiares de Ramallo ponen en duda la legalidad de los procedimientos empleados para tomar los terrenos en la playa de Palo Blanco.
La gestión de Cagliardi ha sido objeto de críticas por la falta de transparencia en las operaciones inmobiliarias que han ocurrido en las últimas semanas, y el uso de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad para intervenir en conflictos privados parece ser una práctica habitual dentro de su administración. Los opositores políticos no han tardado en señalar estos hechos como un reflejo de una gestión autoritaria y carente de respeto a los derechos de los ciudadanos.
Un panorama de desconfianza en Berisso
La creciente desconfianza de los habitantes de Berisso hacia sus autoridades municipales y policiales refleja una situación de crisis dentro de la ciudad. La falta de respuestas claras sobre las irregularidades denunciadas y la connivencia entre la política local y las fuerzas de seguridad han creado un caldo de cultivo para la corrupción y el abuso de poder.
Con la denuncia penal abierta, las investigaciones en curso y la presión de la comunidad, los próximos días serán cruciales para determinar las responsabilidades de los implicados y el futuro político del intendente Cagliardi. La sociedad berissense espera respuestas, y el Concejo Deliberante tendrá que dar explicaciones sobre su inacción en este escándalo que compromete la credibilidad de la gestión municipal.
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