La Plata aprueba un controvertido aumento de tasas municipales del 30% para 2026 con fuertes críticas de la oposición
El Concejo Deliberante de La Plata aprobó en noviembre de 2025 un paquete de medidas que marcarán el rumbo económico de la ciudad durante 2026. La decisión más polémica fue la sanción de las ordenanzas Fiscal e Impositiva, que establecen un aumento promedio del 30% en las tasas municipales, generando una ola de críticas por parte de los bloques opositores que denunciaron incrementos superiores al 80% en algunos ítems específicos y una falta absoluta de progresividad en el sistema tributario.
El Presupuesto 2026, aprobado por 17 votos a favor y entre 5 y 6 en contra, proyecta un gasto total de $462.290 millones, concentrando el 42% de los recursos en obras públicas e infraestructura. Sin embargo, la sesión legislativa, calificada como «maratónica», dejó al descubierto profundas divisiones políticas sobre el impacto del tarifazo municipal en el bolsillo de los platenses y la distribución de las prioridades presupuestarias.
Aumentos que superan ampliamente el promedio: la realidad detrás del 30%
Aunque el oficialismo insiste en presentar un incremento promedio del 30% en la Tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM) como una medida equilibrada, la oposición desmontó esta narrativa con datos concretos que revelan una realidad mucho más gravosa para los contribuyentes platenses.
El concejal Guillermo Bardón, de La Libertad Avanza, fue contundente en su denuncia: «El vecino que en diciembre de 2023 pagaba 10 mil pesos va a terminar entre 70 y 80 mil pesos». Según sus cálculos, el aumento acumulado en dos años de gestión de Julio Alak alcanzaría entre el 700% y 800%, muy lejos del porcentaje promedio que el oficialismo comunica públicamente.
Los números se vuelven aún más alarmantes al analizar ítems específicos de las tasas municipales. Bardón detalló que el rubro «Alumbrado y señalización luminosa» sufrirá un incremento superior al 60%, mientras que «Seguridad e Higiene» escalará un 80%. Quizás el golpe más duro para los vecinos sea el valor de la hora de estacionamiento medido, que según la oposición podría experimentar «un incremento de casi el 1000% en dos años».
La situación se agrava con la inclusión de una «cláusula gatillo« en la ordenanza, que habilita al Ejecutivo municipal a aplicar aumentos adicionales si la inflación acumulada desde enero de 2026 supera el 20%. Esta disposición genera incertidumbre y la posibilidad de que los platenses enfrenten ajustes tarifarios aún mayores durante el año fiscal.
Nuevas tasas y cobros que generan rechazo ciudadano
Además de los aumentos en tasas existentes, las ordenanzas aprobadas incorporan nuevos cobros que fueron duramente cuestionados por su impacto en la economía familiar y comercial.
El concejal Nicolás Morzone, del PRO, calificó las medidas como «un martillo en la cabeza a los platenses» y denunció la creación de tasas que considera abusivas. Entre ellas, destacó el cobro de $10.000 por mes para el ingreso en automóvil a la República de los Niños, un espacio tradicionalmente gratuito y de acceso popular para las familias platenses.
Otro punto de conflicto es el cobro de $30.000 por visita de un inspector a un comerciante, una medida que la oposición considera persecutoria para el sector productivo local en un contexto económico ya deteriorado. Morzone fue enfático al sostener que la ordenanza es «centrista y discriminadora» para los vecinos de la periferia, quienes enfrentan mayores dificultades económicas pero recibirán el mismo impacto tributario.
El oficialismo intentó matizar estas críticas. El concejal Juan Manuel Granillo Fernández, de Unión por la Patria, aclaró respecto a la República de los Niños que «lo único que se hizo fue trasladar el valor del módulo a pesos» y que «no hay ninguna definición respecto de que se vaya a empezar a cobrar». Sin embargo, estas explicaciones no lograron disipar las dudas sobre la intención real del Ejecutivo.
Proyecciones de recaudación: ¿A quién benefician realmente estos aumentos?
Las proyecciones de recaudación para 2026 evidencian el peso que tendrán estos incrementos en las arcas municipales. Según los cálculos oficiales, la Tasa SUM generará ingresos por $28.500 millones, mientras que la Tasa de Seguridad e Higiene aportará $101.000 millones al presupuesto municipal.
Sin embargo, la oposición cuestiona la proporcionalidad de estos números. Granillo Fernández justificó la suba recordando que «en el 2023 el aumento de la Tasa SUM fue del 30% contra una inflación del 200%», argumentando que lo recaudado por la SUM no cubre ni el 50% del costo de los servicios. Pero esta lógica no convence a los vecinos que ven cómo sus ingresos no crecen al mismo ritmo que las tasas municipales.
La concejala oficialista Micaela Maggio, presidente de la Comisión de Hacienda, defendió la «progresividad de las tasas», un concepto que la oposición rechaza categóricamente. Bardón y Morzone coincidieron en señalar que los aumentos impactan de manera uniforme sin considerar la capacidad contributiva real de los vecinos, especialmente en las zonas periféricas de la ciudad donde los servicios municipales suelen ser más deficientes.
Distribución presupuestaria: obras sí, pero ¿a costa de qué?
El Presupuesto 2026 destina el 42% del total ($197.800 millones) a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, consolidando la apuesta de la gestión Alak por la infraestructura y el desarrollo urbano. Esta área concentrará recursos para trabajos viales, hidráulicos, mantenimiento urbano y puesta en valor de espacios públicos.
Sin embargo, esta priorización genera controversia cuando se analiza el impacto en otras áreas fundamentales. La oposición denunció recortes porcentuales significativos en sectores sensibles para la calidad de vida de los platenses.
El área de Salud, que recibirá $18.409 millones, verá reducida su participación porcentual del 5,27% al 3,98% del presupuesto total, una caída de cuatro puntos porcentuales que preocupa en un contexto donde la salud pública es prioritaria para miles de familias.
Pero el caso más dramático es el de la Secretaría de Ambiente, cuyo presupuesto se desplomó de $2.000 millones en 2025 a apenas $6 millones en 2026, una reducción de aproximadamente el 99,7%. Esta decisión fue catalogada por Bardón como un abandono total de las políticas ambientales en un momento crítico para la ciudad.
También se registraron reducciones porcentuales en el área de Cultura, mientras que Educación mantendrá una asignación importante de $39.373 millones, con más de $27.800 millones destinados al Servicio Alimentario Escolar (SAE), lo que representa casi el 6% del presupuesto total.
La Secretaría de Seguridad recibirá $22.023 millones, ocupando el cuarto lugar en asignación de recursos. Sin embargo, Morzone consideró esta inversión insuficiente, representando solo el 7% del total. «Si gobernara LLA y el PRO en La Plata el 60% del presupuesto no iría a obras sino a seguridad y orden», sentenció el edila del PRO, reflejando una visión radicalmente diferente sobre las prioridades municipales.
Denuncias sobre despidos masivos y estructura política sobredimensionada
Una de las acusaciones más graves que surgieron durante el debate fue la relacionada con el personal municipal. Bardón denunció que el presupuesto plantea el despido de «mil empleados más», afirmando que la gestión de Alak asumió en 2023 con 12.000 empleados y actualmente cuenta con 6.500 registrados, lo que implicaría una reducción del 45% de la planta.
Simultáneamente, la oposición cuestionó lo que considera una estructura de personal político sobredimensionada. Bardón citó ejemplos concretos como la Secretaría de Coordinación Municipal con «siete funcionarios y siete empleados» o la de Economía Popular donde «el 66% son funcionarios».
Esta aparente contradicción entre la reducción de empleados administrativos y el mantenimiento de una amplia estructura política genera suspicacias sobre las verdaderas prioridades de la gestión y alimenta la narrativa opositora de un gobierno que ajusta sobre los trabajadores municipales mientras preserva cargos políticos.
El proceso de aprobación: consensos forzados y ausencias estratégicas
La aprobación del paquete legislativo requirió, como primer paso, la convocatoria a la Asamblea de Mayores Contribuyentes, instancia obligatoria según la Ley Orgánica de las Municipalidades para validar cualquier modificación tributaria. En esta asamblea, las ordenanzas fueron convalidadas con 34 votos positivos contra 12 negativos (según algunas fuentes, 33 a favor).
Posteriormente, en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, el Presupuesto fue sancionado con 17 votos a favor, entre 5 y 6 en contra (dependiendo de la fuente) y dos ausencias.
Los bloques que respaldaron las medidas fueron Unión por la Patria (oficialismo), Unión Cívica Radical (UCR), ASAP Nueva Generación y Propuesta Vecinal. Los votos negativos provinieron exclusivamente del PRO y La Libertad Avanza (LLA).
El concejal Darío Ganduglia, de Propuesta Vecinal, justificó su voto a favor como un acto de «responsabilidad institucional» para dotar al gobierno de una herramienta de gestión esencial, aunque advirtió que «no se confunda colaboración con un cheque en blanco», marcando una distancia crítica con la gestión.
El presidente del Concejo, Marcelo Galland, intentó construir una narrativa de consenso afirmando: «Estamos orgullosos del camino recorrido. Recuperamos la política como herramienta de transformación, por encima de las diferencias». Sin embargo, la intensidad del debate y las críticas de la oposición evidencian que el acuerdo fue más una imposición de la mayoría que un verdadero consenso transversal.
Otras medidas aprobadas: modernización con interrogantes
Además del presupuesto y las tasas, el Concejo Deliberante aprobó otras iniciativas que el oficialismo presenta como parte de un plan de modernización integral de la ciudad.
El nuevo pliego para la concesión del sistema de Transporte Público fue aprobado por unanimidad, buscando mejorar recorridos y frecuencias. La oposición logró incluir modificaciones para que los futuros cambios de recorridos sean aprobados por el Concejo y que el Municipio cree una aplicación para el seguimiento de las unidades, garantizando mayor transparencia.
Se creó el Ente Autárquico del Cementerio Municipal, que funcionará como un organismo descentralizado con autonomía operativa, financiera y administrativa. Contará con un presupuesto cercano a los $900 millones en 2026, permitiéndole agilizar obras y compras sin depender de la Secretaría General. Será dirigido por un presidente y vicepresidente designados por el intendente con acuerdo del Concejo.
También se aprobó la implementación de un sistema integral de videovigilancia urbana que sumará 1.200 nuevas cámaras de alta resolución y un «anillo digital» en los accesos a la ciudad con tecnología de detección de patentes para reforzar la prevención del delito.
Mientras el oficialismo presenta estas medidas como avances hacia una ciudad más moderna y segura, la oposición cuestiona que se destinen recursos a estos proyectos mientras se recortan drásticamente áreas como Ambiente y se reduce la participación porcentual de Salud en el presupuesto total.
El impacto real: ¿Quiénes pagarán la cuenta?
El secretario de Hacienda, Marcelo Giampaoli, calificó el presupuesto como «posible dentro de los márgenes de la economía», destacando que en 2025 el municipio tuvo un 53% de recursos propios sobre el total y que se logró finalizar obras a pesar de no recibir fondos nacionales.
Sin embargo, la pregunta central permanece sin respuesta satisfactoria: ¿quiénes y cómo pagarán este incremento del 30% promedio (que en la práctica puede alcanzar el 80% en ciertos rubros) en las tasas municipales?
Las familias platenses, especialmente aquellas de sectores medios y populares, enfrentan un panorama económico complejo con salarios que no crecen al ritmo de la inflación. El impacto será particularmente duro en las zonas periféricas, donde los servicios municipales suelen ser más deficientes pero el peso tributario será idéntico al de las áreas centrales.
Los comerciantes, por su parte, deberán absorber el incremento del 80% en Seguridad e Higiene y los nuevos cobros por inspecciones, en un contexto donde la actividad económica está lejos de recuperarse plenamente.
La cláusula gatillo inflacionaria añade un elemento de incertidumbre adicional: si la inflación supera el 20% desde enero, los aumentos podrían ser aún mayores, generando un escenario de permanente ajuste tarifario.
Un presupuesto que profundiza la división
La aprobación del Presupuesto 2026 y las ordenanzas Fiscal e Impositiva de La Plata marca un punto de inflexión en la gestión del intendente Julio Alak. Si bien el oficialismo logró los consensos legislativos necesarios para aprobar su hoja de ruta económica, el costo político y social de este tarifazo municipal está lejos de haberse saldado.
Los aumentos de tasas municipales que superan ampliamente el 30% promedio publicitado, los recortes drásticos en áreas sensibles como Ambiente y Salud, la creación de nuevos cobros cuestionados y las denuncias sobre despidos masivos de empleados municipales configuran un escenario de tensión que se extenderá durante todo 2026.
Los platenses deberán enfrentar un año de mayor presión tributaria, con la promesa oficial de que esos recursos se traducirán en obras públicas y mejores servicios. La oposición, por su parte, ha dejado claro que fiscalizará cada peso y cada decisión, anticipando que el debate político sobre el rumbo de la ciudad recién comienza.
El verdadero juicio sobre este presupuesto lo darán los vecinos cuando reciban sus boletas de tasas municipales en 2026 y puedan evaluar si el sacrificio económico que se les exige se traduce efectivamente en una mejor calidad de vida para todos los platenses.
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