El Gobierno de la provincia de Buenos Aires alcanzó un acuerdo con la mayoría de los gremios encuadrados en la Ley 10430 para otorgar un aumento salarial escalonado del 7,5% distribuido en los meses de marzo y abril de 2025. La negociación se cerró en un contexto de grave tensión financiera que la administración provincial atribuye a las políticas del Gobierno nacional, mientras los representantes docentes anunciaron que trasladarán la propuesta a sus bases antes de emitir una respuesta definitiva.
La oferta salarial contempla la consolidación del 1,5% otorgado por decreto en febrero, más un 5% adicional en marzo y un 2,5% en abril, ambos calculados sobre la base de los haberes de enero. Según La Verdad Online, para el personal educativo se incluyó además una bonificación no remunerativa destinada a compensar el recorte nacional del Fondo de Incentivo Docente y Conectividad en su monto original, y una bonificación específica para los auxiliares de la educación. El acuerdo también establece el compromiso de instalar una mesa de monitoreo en mayo y la reapertura formal de las negociaciones en junio.
El acuerdo se materializó luego de que los gremios estatales y docentes bonaerenses realizaran un paro el pasado lunes en rechazo a una oferta anterior del 3%, considerada insuficiente. Según Ámbito Financiero, el Ejecutivo bonaerense retomó la negociación con una propuesta superadora que logró el respaldo de la mayoría de los sindicatos, aunque los representantes docentes postergaron su posición definitiva a la consulta con las bases.
Crisis financiera: $22 billones en deuda con Nación
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, explicó el marco crítico en el que se desarrollan las negociaciones. En declaraciones recogidas por LoQuePasa.net, el funcionario sostuvo: «Estamos viviendo una situación económica extremadamente preocupante, producto de las políticas económicas del Gobierno nacional, que atentan contra la producción, contra el empleo y contra las empresas argentinas. En ese contexto, la Provincia de Buenos Aires lleva perdidos $22 billones por deudas del Gobierno nacional y la caída constante de la recaudación producto de la situación económica. A pesar de eso, desde la gestión del Gobernador Axel Kicillof reconocemos el esfuerzo que están haciendo las y los trabajadores provinciales y estamos comprometidos a sostener las mejores condiciones laborales que sea posible. En pos de eso seguiremos trabajando junto a los gremios y haciendo nuestros mayores esfuerzos».
El reclamo de la Provincia contra el Gobierno nacional no es nuevo. Según datos publicados por Infozona, tanto el Ejecutivo provincial como los propios gremios coinciden en señalar que la deuda de $22,2 billones que el Estado Nacional mantiene con la Provincia de Buenos Aires genera un impacto directo en la capacidad de negociación salarial del Gobierno de Kicillof. A esto se suma la caída de la coparticipación federal y el descenso en la recaudación propia, lo que restringe el margen disponible para mejoras de mayor magnitud.
Paritaria libre: la defensa del poder adquisitivo como prioridad
El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, destacó el carácter del acuerdo como una respuesta política diferenciada del modelo nacional. En sus palabras: «Ante un gobierno nacional que sintetiza su accionar en una reforma de ‘pseudomodernización’ laboral para excluir derechos, la Provincia de Buenos Aires elige otro camino: incluir, respetar y sostener la negociación colectiva, garantizando paritarias libres y sin techo. En un contexto adverso y de ahogo económico, este acuerdo con las y los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, cobra aún más valor. Agradecemos la responsabilidad y el compromiso de cada parte, y reafirmamos que la Provincia respeta los derechos laborales y defiende el poder adquisitivo como una prioridad».
Entre los gremios de la Ley 10430, la propuesta fue recibida de manera positiva por la mayoría de las organizaciones sindicales. El acuerdo fue visto como un avance significativo frente a la difícil coyuntura fiscal, aunque con matices. Según registró Mi8 Mar del Plata, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —que agrupa a los principales sindicatos docentes de la Provincia— decidió no rechazar la oferta de forma inmediata, sino llevarla a consulta de las bases antes de emitir una posición formal.
Voces críticas: el poder adquisitivo como eje del conflicto
Sin embargo, el acuerdo no estuvo exento de resistencias. El antecedente inmediato de este cierre fue el rechazo generalizado a una propuesta anterior. Tal como informó Página 12, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había expresado antes su rechazo a ofertas previas con contundencia, argumentando «la angustiante situación económica que viven los bonaerenses, producto de las políticas de ajuste del gobierno nacional y, por ende, el impacto que sufren sobre sus salarios». Claudio Arévalo, secretario general de ATE Provincia, planteó «la necesidad de una propuesta que supere el aumento de los precios y para ello es necesario un mayor esfuerzo desde el gobierno provincial».
El conflicto salarial en la Provincia de Buenos Aires refleja una tensión estructural: la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos meses enfrenta a trabajadores con un Ejecutivo provincial que, a su vez, señala al Estado nacional como responsable del deterioro fiscal. Según Infobae, datos difundidos por gremios estatales señalan que los empleados de la Provincia acumulan una caída del 13,5% en el poder adquisitivo en los últimos dos años, cifra que marca el piso de las demandas sindicales en cada nueva ronda de negociaciones.
Quiénes participaron de la negociación
Las reuniones que culminaron en el acuerdo contaron con la participación de un amplio equipo técnico y político del Ejecutivo bonaerense. Por el Ministerio de Economía estuvieron presentes el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la directora Provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels. Por el Ministerio de Trabajo participaron la jefa de Gabinete Cecilia Cecchini y el director Provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo. La Dirección General de Cultura y Educación estuvo representada por la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; mientras que la Secretaría General fue representada por la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris. El Instituto de Previsión Social (IPS) también tuvo presencia a través de su directora General de Administración, Carmen Sarra.
El acuerdo cierra, al menos temporalmente, una crisis paritaria que había derivado en un paro el lunes previo a la negociación y que amenazaba con extenderse al inicio del ciclo lectivo 2025. La mesa de monitoreo de mayo y la reapertura de junio serán las instancias clave para evaluar si el acuerdo alcanzado satisface las demandas salariales de largo plazo o si el conflicto se reeditará en los próximos meses. El escenario dependerá, en buena medida, de la evolución de la relación fiscal entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional y de si la deuda de $22 billones comienza a saldarse de forma efectiva.
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