El conflicto, que se arrastra desde hace tres años y medio, alcanzó su punto crítico cuando un grupo que se autodenomina «nueva comisión directiva» intentó tomar posesión de la clínica de manera irregular, acompañado por personal del municipio de Berisso. La situación expone las tensiones entre la actual gestión de la cooperativa y sectores vinculados a la intendencia, encabezada por Fabián Cagliardi.
Origen del conflicto: elecciones internas y represalias políticas
El problema se remonta al inicio de la gestión de la actual presidenta de la cooperativa, quien ganó las elecciones internas con un margen significativo de votos, aproximadamente 70 contra 40. Según sus declaraciones, esta victoria fue en contra de las preferencias del intendente Cagliardi, con la asunción de Silvia Argañaraz, lo que habría desencadenado una serie de represalias institucionales.
«Esto es político, como Argañaraz no fue la que supuestamente el intendente quería que ganara, la sentenciaron a morir», expresó una cooperativista a ELCORREOGRÁFICO, quien denunció que desde el triunfo electoral el gobierno municipal le «cerró todas las puertas» y negó cualquier tipo de ayuda para el funcionamiento de la clínica.
La gestión actual intentó en múltiples ocasiones establecer diálogo con las autoridades comunales para solicitar apoyo, pero estos pedidos nunca fueron atendidos. Durante estos años, la institución fue objeto de constantes inspecciones por parte de PAMI y requerimientos del ministerio, acciones que la conducción interpreta como parte de una campaña sistemática de hostigamiento para forzar su salida.
Intento de toma y asamblea irregular
El punto más álgido del conflicto ocurrió hace aproximadamente un mes, cuando un grupo opositor realizó una asamblea nocturna sin la convocatoria correspondiente ni el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la cooperativa. «Acá nunca se hizo una asamblea, votaron ellos solos, no sé quién determinó. Es todo ilegal lo que están haciendo», denunció la trabajadora clínica.
Este grupo, integrado por personal vinculado al municipio, conformó una supuesta nueva comisión directiva sin seguir los procedimientos estatutarios. Recientemente, miembros de esta comisión, acompañados por la funcionaria municipal Marcela Nannero, se presentaron en las instalaciones de la Clínica Mosconi para exigir el control del establecimiento junto a representantes del INAES.
Ante la ausencia inicial de la presidenta, los individuos amenazaron con forzar la entrada. «Dijeron que si no iban a llamar a un cerrajero, que me iban a romper la puerta y me iban a cambiar la llave», relató la fuente en el lugar sobre las intimidaciones recibidas.
Sabotaje administrativo: sustracción de documentación clave
La situación se agrava por la sustracción de documentación legal indispensable para el funcionamiento de la cooperativa. El libro de asamblea y el libro de socios, registros fundamentales para la gobernanza institucional, fueron retirados de la clínica por un exconsejero que ahora integra el grupo opositor. Su esposa también forma parte de la supuesta nueva comisión.
Esta acción deliberada impide que la gestión actual pueda llevar adelante cualquier proceso electoral de manera ordenada y legal. «Argañaras no tiene los libros, no sé quién puede estar, quién no puede estar, porque nunca nos devolvieron los libros», explicó la cooperativista, recalcando que no se opone a nuevas elecciones, pero necesita la documentación para realizarlas conforme a derecho.
La presidente sospecha que detrás del intento de toma existen múltiples intereses, involucrando no solo a la facción política municipal, sino también a un exabogado de la cooperativa a quien la actual conducción le retiró el poder legal.
Crisis financiera: un año sin salarios
La presión externa ha llevado a la Clínica Mosconi a una situación económica extremadamente crítica. El establecimiento no puede realizar internaciones y opera exclusivamente con consultorios externos. Sus únicos ingresos provienen del alquiler de consultorios y las cuotas que aportan los profesionales médicos que allí trabajan.
Un grupo de 15 trabajadores, incluyendo a la presidente y el personal administrativo, ha estado «resistiendo para que esto no cierre» durante un año completo sin percibir salarios formales. Subsisten con los escasos fondos que se recaudan mes a mes, montos que oscilan entre 10.000 y 30.000 pesos por persona.
La falta de recursos ha generado deudas significativas y la imposibilidad de realizar balances contables por no poder afrontar los costos que ello implica. Esta situación de asfixia financiera contrasta con la indiferencia que la gestión de la clínica denuncia por parte del gobierno de Berisso, que no habría otorgado ningún tipo de subsidio o apoyo económico durante la gestión de Cagliardi.
Impacto en la comunidad: pacientes en riesgo
El conflicto trasciende la disputa política interna y tiene consecuencias directas sobre la salud pública de la comunidad de Berisso. La presidente enfatizó que su lucha es para evitar el cierre y mantener el servicio para los pacientes que dependen de la institución.
Particularmente preocupante es la situación de los afiliados a PAMI, quienes se quedarían sin un lugar de atención especializada en caso de que la clínica cierre sus puertas. El Hospital de Berisso, principal efector público de la zona, ya se encuentra «saturado» según las declaraciones recogidas, lo que agravaría aún más la crisis sanitaria local.
La cooperativista expresó su indignación ante lo que considera una negligencia de quienes impulsan la toma irregular: «Están jugando con la salud de la gente, no les importa si la gente se muere o no se muere».
Estrategia legal en danza
Ante la escalada del conflicto, la estrategia inmediata de la conducción actual es esperar la próxima acción del grupo opositor y, posteriormente, buscar asesoramiento legal para defender jurídicamente a la cooperativa y denunciar las irregularidades cometidas.
La postura de la presidenta es firme respecto a no abandonar voluntariamente su cargo sin agotar todas las instancias legales aseguran que la actual presindente de la Clínica expresó: «Me voy, pero de arriba no se van a llevar las cosas», manifestó, dejando en claro su determinación de no permitir que se consume una toma que considera ilegal y perjudicial para la comunidad.
El caso de la Clínica Mosconi expone las tensiones entre gestiones cooperativas independientes y el poder político local, planteando interrogantes sobre la responsabilidad del municipio de Berisso en garantizar la continuidad de instituciones de salud esenciales para la comunidad, más allá de las diferencias políticas internas.
Si te gusta lo que hacemos, te pedimos que nos ayudes a avanzar ejerciendo nuestro servicio periodístico con la mayor independencia y objetividad posible por medio de una colaboración económica. Ingresá en matecito.co/elcorreografico
Descubre más desde ELCORREOGRÁFICO
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.