La gestión del intendente Julio Alak avanza en una hoja de ruta conjunta con la Provincia de Buenos Aires para intervenir de forma integral en el predio del ex Club de Planeadores, donde entre 2.000 y 4.000 familias viven en condiciones de extrema precariedad.
El plan combina un nuevo relevamiento censal, provisión de electricidad y agua potable, y la relocalización de viviendas en riesgo hídrico. La iniciativa reactiva uno de los debates más profundos de la capital bonaerense: si la urbanización de grandes asentamientos es una respuesta humanitaria ineludible o una señal de rendición ante la ilegalidad.
El plan Alak: censo, servicios y reordenamiento territorial
El intendente de La Plata, Julio Alak, lanzará junto a la Provincia una mesa de gestión para avanzar en la urbanización de la megatoma en el predio del ex Club de Planeadores, en Los Hornos. El objetivo es realizar un nuevo censo, llevar los servicios que faltan y relocalizar las viviendas que están en zona inundable.
El entonces secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, fue quien adelantó los lineamientos del plan. En diálogo con 0221.com.ar, el funcionario describió con precisión la radiografía del problema y la respuesta estatal planificada.
«¿Quién está ahí? ¿Quién no está? Porque hay terrenos libres, hay gente viviendo y hay gente que puso una casa ocupando el espacio pero no está viviendo. Bueno, hay que hacer un censo bien y para eso hay que tener presencia municipal», sostuvo Resa.
El funcionario también subrayó la urgencia de las carencias materiales: «Hay que llevar a la gente que está viviendo electricidad, cuestiones que faltan y que tienen mucho grado de precariedad». Y añadió que «hay mucha gente que ha puesto casas que pueden ser localizadas en un área más chica de la toma porque hay una parte que se inunda».
Desde la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Nicolás Carvalho, la situación es calificada sin eufemismos: se trata de una «catástrofe habitacional», una ciudad paralela que creció al margen del Estado y que hoy demanda una respuesta integral e impostergable.
Una herida abierta desde 2020: el origen de la Megatoma
A comienzos del año 2020, la localidad de Los Hornos amaneció con la noticia de que el extenso predio del ex Club de Planeadores, ubicado entre las calles 77 a 90 y de 141 a 155, había sido tomado por personas que, en muchos casos, no eran de la zona ni de la ciudad de La Plata. A pesar de la resistencia de los vecinos, la megatoma fue creciendo y se asentaron no solo familias sin techo sino también quienes, con el tiempo, se habrían convertido en fuente de conflicto.
El conflicto acumula capas de responsabilidad política cruzada. El actual intendente Alak fue señalado por su predecesor, Julio Garro (PRO), de haber permitido la consolidación de la toma durante su paso como Ministro de Justicia bonaerense, cuando el predio de propiedad nacional fue cedido a la Provincia. La controversia define, en parte, el tono de la disputa actual en el Concejo Deliberante platense.
Acusaciones cruzadas entre Kicillof y Garro mientras crecen las tomas de tierras en La Plata
En el plano judicial, el fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla archivó la causa por usurpación. El magistrado llegó a la conclusión de que, si bien «se ha producido el despojo del inmueble de titularidad del Estado Nacional», los hechos «no reunían ninguna de las características legales que la figura legal requiere para que sea considerada delito».
Ramos Padilla analizó la figura del artículo 181 Inciso 1 del Código Penal y señaló que para que la ocupación sea delito, «la figura exige que el despojo se haya llevado a cabo bajo alguna de las modalidades que prevé la norma, entre ellas, violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad». Según su interpretación, nada de esto ocurrió: el ingreso fue pacífico, a plena luz del día, exactamente a las 16:15 horas, en un predio que carecía de cerco perimetral y de custodia efectiva.
Seguridad: el epicentro del choque político
La megatoma de Los Hornos no es solo un problema de hábitat; es el epicentro de un choque ideológico sobre la seguridad pública en La Plata. Vecinos de Los Hornos y Altos de San Lorenzo denuncian que el 70% de los delitos del barrio nacen o mueren dentro del predio. El caso más dramático fue el de una niña de 7 años que falleció en febrero de 2025 tras ser arrastrada por un automóvil robado vinculado a personas de la periferia del asentamiento.
La megatoma de Los Hornos actúa como centro de recepción y ocultamiento de motos y autos robados en distintos puntos de la ciudad. Con pasillos laberínticos, construcciones precarias convertidas en centros de operaciones y una lógica territorial impuesta por grupos bien estructurados, el asentamiento se comporta como un mercado negro a cielo abierto.
El debate político se bifurca en dos modelos antagónicos. El oficialismo (Unión por la Patria) defiende la urbanización e integración social como la única vía para combatir la inseguridad: argumenta que la presencia del Estado —con servicios, salud y educación— es la herramienta de pacificación más eficaz, y que el desalojo sin solución habitacional solo replicaría el problema en otro punto de la ciudad. La concejal Cintia Mansilla (UxP) ha sintetizado esta postura al priorizar el derecho a la vida y al hábitat por encima del rigor penal.
La oposición (PRO), encabezada por el concejal Nicolás Morzone y respaldada por el ex intendente Garro, define el predio como un «ecosistema delictivo» y un «mercado ilegal de lotes» donde imperan el narcotráfico y la trata de personas. Su propuesta apunta a la intervención de fuerzas federales para restablecer el orden público y proteger la propiedad privada.
6.000 viviendas bajo el agua: la emergencia hídrica que no admite demora
Detrás del debate político existe una urgencia de supervivencia concreta. De las 90.000 viviendas ubicadas en asentamientos de La Plata, 6.000 están emplazadas en valles de máxima inundación. La relocalización de estos hogares es la prioridad absoluta para evitar que se repita la tragedia del 2 de abril de 2013, que dejó al menos 89 víctimas oficiales.
«Porque llueve y el agua va al punto más bajo. Y en el punto más bajo, están esas 6.000 viviendas», advirtió Resa, enfatizando que no se trata de una opción de política urbana, sino de una emergencia vital.
El Plan Bicentenario de Ordenamiento Territorial contempla obras hidráulicas prioritarias en los arroyos Regimiento y Maldonado, además del Plan 1.000 Cuadras de pavimentación. Sin embargo, la gestión municipal denuncia una «discriminación» por parte del Gobierno Nacional en la distribución de fondos, lo que obliga al municipio a concentrarse en las urgencias más inmediatas.
Superávit fiscal y centro de datos: el otro rostro de La Plata
En aparente paradoja con la crisis habitacional, la misma administración exhibe un saneamiento financiero inédito. La gestión Alak canceló una deuda heredada de $20.105 millones, elevó la autonomía financiera del municipio del 45% al 57% y obtuvo la calificación crediticia «A» de Fix Rating, posicionando a La Plata como el municipio mejor ponderado de Argentina.
A ese saneamiento se suma una apuesta tecnológica: la inauguración del Centro de Datos Municipal más grande del país, con una inversión de $2.300 millones y el respaldo del PNUD y la UNLP. El intendente Alak elevó el Presupuesto 2026, que prevé gastos por más de $462.290 millones, con el 42% destinado a obras y servicios públicos.
Este «orden administrativo» no es un fin en sí mismo para la gestión, sino el combustible para financiar obra pública propia en un contexto de recorte de fondos nacionales. La apuesta central es usar la eficiencia de la «ciudad inteligente» para mitigar las urgencias de la «ciudad olvidada».
Salud mental y calle: la deuda pendiente
En las calles del centro platense, la presencia de personas pernoctando en espacios públicos ha crecido. Para la Secretaría de Desarrollo Social, el término «situación de calle» es a menudo un eufemismo que oculta una falla estructural del Estado: el incumplimiento de la Ley de Salud Mental.
La falta de dispositivos intermedios —centros de día u hogares especializados— obliga a personas con patologías psiquiátricas o consumos problemáticos a circular por paradores inespecíficos. El municipio enfrenta además un límite jurídico infranqueable: al ser «jurídicamente libres», las personas no pueden ser trasladadas ni internadas por la fuerza sin orden judicial.
Mientras la gestión logró relocalizar a 1.800 vendedores ambulantes mediante el diálogo y la organización en cooperativas de trabajo, la problemática de la salud mental en el espacio público sigue siendo una deuda pendiente que requiere una inversión interjurisdiccional que hoy parece lejana.
¿Orden sin exclusión? el desafío central de la capital bonaerense
La Plata enfrenta una encrucijada histórica. El superávit fiscal y la modernización tecnológica demuestran una capacidad técnica notable, pero el verdadero test de la gestión Alak no estará en el Centro de Datos, sino en su capacidad para integrar la megatoma de Los Hornos a la vida civil, garantizar que las 6.000 familias en riesgo hídrico sean relocalizadas antes de la próxima temporada de lluvias y demostrar que el «orden público» no es solo una consigna electoral, sino una herramienta de progreso social que incluye a los más vulnerables.
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