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Organizaciones de DDHH cansados de los beneficios a Genocidas

Organizaciones de Derechos Humanos expresaron su preocupación ante la sucesión de fallos que otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria a represores condenados por la represión en la última Dictadura Cívico Militar. Entre otros genocidas fueron beneficiados el ex jefe de la Unidad Regional La Plata de la Policía Bonaerense, Horacio Elizardo Luján, e integrantes de la Fuerza de Tareas 5.

La Cámara de Casación Penal y el Juzgado Nº 1 benefició con la prisión domiciliaria al ex jefe de la Unidad Regional La Plata de la Policía Bonaerense durante la dictadura, Horacio Elizardo Luján , con dos condenas a perpetua a cuestas, y al ex integrante del Destacamento 101 del Ejército Ricardo Von Kyaw, al ex integrante de las patotas de la Brigada de Investigaciones de San Justo, Alfredo Boan; y a un grupo de 6 marinos y prefectos condenados en octubre pasado en el denominado juicio a la “Fuerza de Tareas 5” que operó contra trabajadores de la Región y estudiantes universitarios de la UNLP.

En tanto, la organización H.I.J.O.S La Plata también manifestó su rechazo a esta decisión judicial. En diálogo con InfoBlancosobreNegro, Lucía García Itzigsohn manifestó: “Esto no nos parece descontextualizado de todo lo que se viene planteando sobre la dictadura: los dichos de Lopérfido cuestionando el número de desaparecidos, la idea de (María Eugenia) Vidal de mudarse a un ex centro clandestino, y el propio (Mauricio) Macri hablando de los derechos humanos como un curro”.

“La prisión domiciliaria es un beneficio que puede o no otorgar un juez. Es sumamente valioso para mujeres madres de menores de 5 años o embarazadas pero no para genocidas que fueron torturadores, violadores y que nunca rompieron el pacto de silencio para aportar información sobre nuestros hermanos desaparecidos. La benevolencia es inexplicable”, agregó la integrante de H.I.J.O.S.

Una posición similar mantiene el reconocido juez Carlos Rozansky que al descartar la prisión domiciliaria a un represor argumentó que “el beneficio reviste carácter excepcional. Que la gravedad de los delitos y las altas penas impuestas así lo ameriten, que el hecho de que el beneficio fuera otorgado en la instrucción de la causa no resulte vinculante. Sostener lo contrario transforma la pena de prisión efectiva en una ‘mera formalidad’”.

“En los juicios, estos tipos, cuando alegan, defienden la posición ideológica y no aportan un solo dato. Es un derecho para mayores de 70 años pero nunca una obligación. También se hacen alojar en hospitales militares con partes de salud de médicos del lugar, hay otras formas de eludir la cárcel común”, detalló García Itzigsohn.

“Es una decisión judicial que sorprende por los jueces que la firman y en el clima que se da genera una alerta. A sólo un mes del nuevo gobierno se empieza a enrarecer el tema los juicios que son una cuestión de Estado y no de gobierno”, dijo la integrante de H.I.J.O.S., y agregó: “En tanta cantidad no se venía sucediendo, lo que estamos reclamando es justicia, pero en un proceso limpio transparenta”.

Luján está condenado a perpetua por 25 casos de Comisaría 5ta, entre ellos el de Jorge Julio López, en el juicio “Circuito Camps” de 2012; y a perpetua por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi en el juicio por el CCD “La Cacha” en 2014.

Además, “Justicia Ya La Plata” agrega que los jueces de la Sala II de Casación, Pedro David, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, “echaron atrás la revocatoria de las domiciliarias que gozaban la mayoría de los represores juzgados en el proceso a la ‘Fuerza de Tareas 5’, decidido en octubre pasado por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata”.

“El grave antecedente de septiembre de 2014, cuando la Corte Suprema reabrió la polémica por las domiciliarias a los genocidas, tras flexibilizar su propio criterio y otorgarle por razones médicas el beneficio a Roque Pappalardo, condenado a perpetua por el TOF de Mar Del Plata en marzo de 2012 por el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno. El cambio de criterio fue patente, porque hasta ahora la Corte priorizaba la cárcel común al contemplar que los genocidas han cometido delitos graves y conservan poder y capacidad logística para fugarse y complicar las investigaciones”, concluye “Justicia Ya La Plata”.

Fuente: www.InfoBlancosobreNegro.com

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