La ciudad de La Plata se encuentra definida como una de las grandes “urbes” que se encuentran bajo un proceso de “inquilinización” que identifica una gran parte de la población que tiene dificultades para acceder a la vivienda propia.
Son algo más del 20% de la población que alquila en la región lo que determina que unos 90 mil platenses están bajo una relación de vivienda bajo contrato con inmobiliarios o particulares.
A su vez otros de los proceso destacados es que en comparación con otras capitales provinciales; La Plata de las más caras para alquilar con un fuerte incremento durante 2017 que supera incluso la inflación promedio.
Según organizaciones de inquilinos y el Colegio de Martilleros de La Plata el aumento fue alrededor del 30% cuando la inflación general fue del 20%.
Las estimaciones indican que en muchos casos se destinan entre un 30% y un 40% de los ingresos para cubrir el montos del contrato mensual de alquiler.
Durante 2018 esas cifras se profundizan acompañados por los distintas subas de tarifas que repercuten en los nuevos contratos y en las expensas generales.
La situación se agrava por una medida del Ejecutivo local que fue la de cerrar la Oficina del Inquilino Municipal espacio creado por la ordenanza 10859 con el objetivo de “prestar asesoramiento legal a los inquilinos”, “promover la participación del Municipio en la protección de derechos de los inquilinos” pero ninguno de estos objetivos se cumplen en la actualidad.
La oficina esta cerrada no aparece en el organigrama municipal de la pagina oficial y tampoco en el commutador telefónico.
En síntesis hoy ser inquilina se ha transformado en un verdadero calvario, producto de la crisis económica y la falta de centralidad y de respuesta del ejecutivo local que no identifica la problemático dentro de su paquete de políticas públicas.
