El 29 de octubre de 2024, la tranquila área de Palo Blanco, en Berisso, se convirtió en el epicentro de un conflicto que ha generado indignación y debate. Todo comenzó con la detención de un vecino de 60 años, Gabriel Ramallo Serrano, acusado de robar cuatro ruedas de un tráiler cisterna, que se utiliza para abastecer de agua a los puestos de guardavidas de la zona. La situación escaló rápidamente, revelando tensiones de fondo sobre la propiedad del terreno y la gestión del espacio público por parte de las autoridades locales.
El inicio de la controversia: la denuncia y el allanamiento
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La situación comenzó con una denuncia interpuesta por un funcionario municipal que alertaba sobre el robo de las ruedas de un tráiler cisterna. Según informes oficiales, el operativo policial se llevó a cabo el lunes 29 de octubre, tras recibir una alerta sobre el faltante. Las investigaciones preliminares llevaron a las autoridades a la vivienda de un residente, ubicada a pocos metros del acceso a la playa.
Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad no encontraron las cuatro ruedas denunciadas, ni con equipos de rescate como salvavidas, torpedos y remos. Además, hallaron dos tanques de combustible destinados al suministro de lanchas. Sin embargo, el fue el descubrimiento de un «arsenal de armas de fuego», reliquias que pertenecieron a la familia de Ramallo que habitaron el Monte berissiesse, incluía tres pistolas calibre 22, una carabina, dos escopetas de diferentes calibres, rifles de aire comprimido, handies y municiones. El acusado fue detenido bajo el cargo de “tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil”, según la UFI Nº 3 y la UFI Nº 15 del departamento judicial de La Plata.
¿Desmedida reacción o legítima intervención?
El operativo no terminó con la detención del hombre. Según sus familiares y vecinos, al día siguiente, personal municipal junto a maquinaria pesada acudió al lugar y con la intención dederribar la vivienda y un pequeño kiosco que formaban parte de la fuente de trabajo del detenido. Testigos afirman que no se presentó una orden judicial de desalojo, lo que avivó las críticas hacia la gestión del intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, y su secretario municipal de Seguridad, Federico Ruiz.
En redes sociales y medios locales, circularon videos y testimonios que mostraban cómo la destrucción de la propiedad causó conmoción entre los habitantes de la zona. “El municipio no tenía ningún derecho a proceder de esa manera”, sostuvo un vecino que prefirió no identificarse. La hija del detenido expresó en un video compartido en redes: “Mi papá lleva toda su vida aquí. No encontraron nada incriminatorio, y aun así derribaron su casa”.
La historia del detenido: un referente local y ambientalista
La situación es aún más compleja si se considera el papel que el detenido ha desempeñado en la comunidad. Vecinos y defensores del medio ambiente aseguran que el hombre ha sido un protector de la flora y fauna de la zona, un hecho que para muchos contrasta con la imagen de un delincuente común. “Gabi, como lo llamamos, ha plantado árboles y cuidado el pasto que protege la arena de la erosión. La playa está en el estado en el que está gracias a su esfuerzo y dedicación”, señaló un residente.
El relato de sus hijos refuerza esta versión. Según ellos, el hombre ha colaborado durante años con los guardavidas, permitiéndoles guardar equipo en su propiedad y asegurándose de que la zona se mantenga segura y limpia. “Es un absurdo que alguien que ha hecho tanto por este lugar sea tratado como un criminal”, agregó uno de sus hijos.
Legalidad en entredicho: ¿hubo abuso de autoridad?
Los hechos han suscitado dudas sobre la legalidad del operativo y la forma en que se ejecutó. Varios testigos y videos documentaron cómo maquinaria del municipio que utilizarán para derribar la propiedad, con personal uniformado presente. Un conocido abogado de derechos civiles comentó al respecto: “Si bien las autoridades pueden actuar en casos de delitos flagrantes, la demolición de una vivienda sin una orden específica de desalojo es, en principio, ilegal”.
En respuesta a estas acciones, la comunidad ha pedido explicaciones a las autoridades locales. Algunos residentes han denunciado que la gestión del intendente Cagliardi y su secretario de Seguridad, Federico Ruiz, ha sido “arbitraria y abusiva”. El abogado del detenido también ha iniciado los trámites para reclamar una indemnización y exigir responsabilidades por el daño material y moral causado.
Apoyo popular y críticas al municipio
El operativo ha polarizado a la comunidad de Berisso. Por un lado, algunos defienden la actuación de la policía y el municipio, alegando que era necesaria una intervención para controlar las ocupaciones en áreas públicas. No obstante, un grupo mayoritario de ciudadanos ha manifestado su apoyo al detenido, afirmando que es víctima de una persecución y de una política de desalojo que responde a intereses especulativos sobre la tierra.
“Esto no es solo un caso de un robo de ruedas, es parte de un patrón más amplio de desplazamientos forzados y abuso de poder”, opinó un activista local. La preocupación se centra en la gestión de los terrenos públicos y en cómo se aplican las normativas sobre propiedad en áreas ribereñas y de playa. La ley de tierras en Argentina establece que las playas son de uso público, lo que complica aún más la disputa legal sobre quién tiene derecho a ocupar estos espacios y bajo qué condiciones.
Declaraciones oficiales: silencio y respuestas evasivas
Hasta el momento, el intendente Cagliardi y el secretario Ruiz han mantenido un perfil bajo respecto al incidente. Las pocas declaraciones emitidas han enfatizado que el operativo se llevó a cabo para proteger el espacio público y que se actuó conforme a la ley. No obstante, esto no ha calmado los ánimos ni ha disipado las críticas que los acusan de actuar con intereses ocultos.
¿Un precedente peligroso?
El caso ha generado un debate más amplio sobre el manejo de la seguridad pública y el respeto a los derechos de los residentes en áreas disputadas. “Lo que se hizo sienta un peligroso precedente donde un ciudadano puede perder su hogar sin un proceso judicial adecuado”, explicó un jurista experto en derechos humanos.
La familia del detenido ha organizado una serie de protestas y solicitado la intervención de organizaciones de derechos civiles para llevar el caso a instancias superiores. “No solo queremos justicia para mi padre, sino que esto no se repita con nadie más”, concluyó su hija.
Un conflicto que trasciende lo local
El caso de Palo Blanco ha sacado a la luz tensiones de larga data sobre la propiedad de la tierra, el uso de la fuerza pública y la gestión municipal en Berisso. Mientras algunos defienden la actuación del intendente Fabián Cagliardi y de Federico Ruiz como parte de un esfuerzo por mantener el supuesto orden, otros lo ven como un ejemplo de abuso de poder que merece ser revisado en pos de intereses personales de la actual gestión.
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