Cristian Regueiro, empleado de la Dirección de Automotores Oficiales y Unidad de Logística de la provincia de Buenos Aires, con más de tres décadas de servicio en la administración pública bonaerense, denunció una grave situación de hostigamiento y persecución laboral bajo las órdenes de la directora del área, Rosana Viscardi.
La denuncia adquiere especial relevancia porque Cristian es el hermano de César «Lolo» Regueiro, el hincha del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata que murió el 6 de octubre de 2022 tras los incidentes durante el partido entre Gimnasia y Boca en el estadio del Bosque.
El conflicto se reactiva en simultáneo con un avance crítico en la causa judicial: la Cámara definió que el juicio oral por la muerte de «Lolo» tramitará en el fuero Correccional, donde deberán responder el expresidente del club, Gabriel Pellegrino, y los jefes policiales Sebastián Perea y Juan Manuel Gorbarán.
Según informó Realpolitik, el trabajador asegura que desde que visibilizó públicamente el reclamo de justicia por su hermano, el trato dentro de la estructura dependiente de la Secretaría General —a cargo de Agustina Vila— se deterioró de manera sistemática y progresiva.
Un quiebre por horas extras retenidas
El detonante inmediato del conflicto fue el reclamo por el impago de horas extras. Según el testimonio del propio Regueiro, la directora Viscardi condicionó el pago —estimado en unos 18.000 pesos sobre un básico de 53.000— a la firma de una libreta que ella misma se habría negado a suscribir. «Me dice que si la libreta no está firmada, no me paga», denunció el trabajador. Y agregó que, ante su insistencia, la respuesta de la funcionaria fue contundente: «No, ahora no te la voy a firmar, te la voy a firmar cuando yo quiera».
Este mecanismo, según Regueiro, forma parte de un patrón de discriminación sistemática que divide al personal en dos categorías irreconciliables. «Usted tiene trabajadores de primera y trabajadores de segunda», le habría planteado directamente a Viscardi. «Hay gente que cobra las extras y no las hace. Y los que realmente las hacemos tienen un pero», sostuvo, denunciando que el área dispone de cámaras y registros internos para verificar el cumplimiento de tareas, pero que esos mecanismos se aplican de forma selectiva y punitiva sobre determinados empleados.
En esa tensa reunión, el trabajador también refutó la autoridad moral de su superiora. Mientras Viscardi le recordó sus 28 años en el Estado, Regueiro le opuso sus 33 de trayectoria ininterrumpida. «Yo vengo a trabajar y por plata. No vengo a hacer amiguismo ni política. Vengo a ganarme el mango dignamente y el trabajo lo quiero cobrar. No quiero que me regalen nada», expresó.
Vehículos oficiales en situación irregular
El segundo eje de la denuncia involucra directamente la operatoria del organismo y representa, además, una contradicción institucional alarmante: la Dirección de Automotores Oficiales, cuya función esencial es administrar, resguardar y controlar la flota vehicular de la provincia, habría asignado a Regueiro un automóvil oficial con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida y con presuntas fallas mecánicas en el tren delantero y los neumáticos.
La irregularidad no se limita a la documentación. El trabajador también relató que debió afrontar con dinero propio la carga de combustible del vehículo oficial durante una jornada de servicio, ante la falta de saldo en los sistemas operativos y la ausencia de respuesta administrativa. «Para no quedarme a pie, le puse nafta yo», explicó, señalando que hacerlo era la única forma de evitar que una eventual paralización del servicio fuera interpretada como un abandono de tareas y utilizada como argumento para iniciarle un sumario.
La situación pone bajo la lupa no solo las condiciones de seguridad vial en las que circulan los empleados, sino también la gestión interna de un organismo que paradójicamente tiene a su cargo el control de los vehículos del Estado bonaerense.
La sombra de «Lolo» y un patrón que se repite
El caso de Cristian Regueiro no es nuevo ni aislado. En mayo de 2023, Realpolitik ya había publicado que el trabajador había sido desplazado de la Secretaría Privada de la Gobernación de Axel Kicillof tras iniciar el reclamo público de justicia por la muerte de su hermano. El traslado fue denunciado en su momento como una represalia directa. Tres años después, el patrón se reitera en otro eslabón de la misma administración provincial.
Para Regueiro y su entorno, el recrudecimiento del hostigamiento guarda una correlación directa con los avances judiciales del expediente. Cada vez que la causa por la muerte de «Lolo» gana estado público o registra novedades procesales, la presión laboral sobre el hermano se intensifica. La reciente definición sobre el fuero Correccional habría vuelto a tensar ese vínculo.
La muerte de César «Lolo» Regueiro se produjo durante los incidentes en el partido del 6 de octubre de 2022. Esa noche, en medio de una represión policial con gases lacrimógenos en las inmediaciones del estadio del Bosque de La Plata, el hincha tripero sufrió una descompensación y falleció horas más tarde en el hospital San Martín.
El caso derivó en una investigación judicial que hoy involucra al expresidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, y a dos jefes de la Policía Bonaerense. La resolución del fuero competente fue considerada favorable para las defensas por sectores de la familia, aunque el juicio oral aún puede abrir nuevos escenarios procesales.
Denuncias formales y escalada institucional
Ante la falta de respuestas internas, Cristian Regueiro anticipó que llevará el conflicto a instancias externas. En los audios a los que accedió Realpolitik, el trabajador indicó que evalúa presentar denuncias ante el gremio, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y la Justicia, bajo figuras como persecución laboral, discriminación, abuso de autoridad y mal desempeño de funciones públicas en relación a la conducta de Rosana Viscardi.
«Voy a preguntar bien si la puedo denunciar por persecución y discriminación», sostuvo Regueiro. Y advirtió que, si el sindicato no interviene, avanzará por otras vías: «Si ustedes no van a hacer nada, yo tengo que ir a hacer una denuncia al ministerio de Trabajo». También relató que la directora le habría sugerido buscar otro destino laboral si no estaba conforme, algo que interpretó como una amenaza directa. «Vos estás de paso, yo tengo 33 años acá», habría sido su respuesta.
El caso coloca en una posición incómoda a la Secretaría General que conduce Agustina Vila: ¿por qué un trabajador histórico con tres décadas de servicio denuncia hostigamiento sistemático?; ¿bajo qué condiciones técnicas y legales circulan los vehículos del Estado que ese organismo tiene la responsabilidad de controlar?; ¿y en qué medida el apellido Regueiro sigue siendo percibido como un problema dentro de la administración que encabeza Axel Kicillof?
Mientras la familia de «Lolo» aguarda que la Justicia dicte sentencia por la represión en el Bosque, su hermano asegura librar otra batalla, esta vez puertas adentro del propio Estado bonaerense.
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