El escenario político y social de la Región Capital volvió a sacudirse tras la reciente detención de Rubén Mansilla, referente territorial alineado a la facción del sindicalista Juan Pablo «Pata» Medina.
El 10 de octubre último, en un operativo ordenado por la Justicia que incluyó múltiples allanamientos, los efectivos aprehendieron al dirigente bajo la acusación formal de comercialización de estupefacientes y tenencia ilegal de armas de fuego de guerra. El arresto marca la caída definitiva de un engranaje clave en el entramado de poder que une a la política local de Fabián Cagliardi, las disputas gremiales y el crimen organizado.
A través de las investigaciones judiciales, los peritos detectaron presuntos nexos entre la estructura conducida por el operador y redes delictivas dedicadas al tráfico de drogas en La Plata y el conurbano bonaerense. Su apresamiento expone el nivel de penetración alcanzado por segundas líneas territoriales en las estructuras municipales y sindicales de Berisso, Ensenada y la capital provincial.
La trayectoria política y los nexos con el oficialismo local

El nombre de Rubén Mansilla irrumpió con fuerza durante la campaña electoral de 2019. Mansilla participó activamente junto a miembros de la Clan Medina en las tareas de organización territorial que consolidaron la estructura política que llevó a Fabián Cagliardi a la Intendencia de Berisso. A partir de allí, quedó posicionado como operador territorial del oficialismo local.
Para el año 2021, la influencia del dirigente en el entramado municipal se tradujo en funciones operativas duales. Por un lado, coordinó tareas de seguridad política y encuadramiento militante. Por el otro, funcionó como interlocutor para la asignación de mano de obra y el reparto de cupos de trabajo en las obras públicas de la ciudad. La vinculación de sectores del poder local con referentes con antecedentes armados generó severos cuestionamientos institucionales por parte de la oposición.
Historial de violencia armada y agresiones en la vía pública

La consolidación del operador en el territorio berissense no prescindió del uso recurrente de la coacción física. Su actuación en las calles, articulada frecuentemente junto a Braian Medina, dejó un extenso rastro en expedientes policiales y judiciales de la región:
En julio de 2020, las autoridades recibieron denuncias contra el dirigente por su presunta vinculación con los hechos relacionados al fallecimiento de Laura Pereyra, enfermera del Hospital Mario Larrain.
En abril de 2024, resultó arrestado junto a Braian Medina y Kevin Pareado tras un violento tiroteo registrado contra una olla popular en Ensenada, en el marco de la interna gremial.
A fines de marzo de 2025, la policía lo capturó en la histórica calle Nueva York de Berisso tras participar en un ataque con palos y armas de fuego contra una pareja vinculada al sector sindical opositor.
- 10 de Octubre de 2026: Mansilla fue nuevamente detenido luego de una serie de allanamientos en los que se investigó la comercialización de estupefacientes y tenencia ilegal de armas de fuego. En esta investigación se mencionaron presuntos nexos con organizaciones delictivas de La Plata y del conurbano bonaerense.
A raíz de la emboscada cometida en la calle Nueva York del año 2025, las víctimas sufrieron graves traumatismos en el abdomen y las extremidades, lo que derivó en su internación de urgencia. El fiscal Gonzalo Petit Bosnic imputó a los agresores bajo los cargos de «amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y lesiones agravadas». La utilización de la ayuda comunitaria como escenario para batallas territoriales evidenció el nivel de peligrosidad desplegado por las facciones.
El manejo de la obra pública y denuncias por irregularidades

El dominio territorial del referente tuvo correlato directo en el ámbito económico de la construcción. En junio de 2026, estalló un escándalo institucional vinculado con la adjudicación de obras para la finalización de viviendas sociales en Berisso, en medio de un cruce directo con la constructora EMAC S.A.
Según reportes del diario La Buena Info, los esquemas de extorsión impuestos en las obras reproducían el modelo histórico del «Pata» Medina. Las empresas debían someterse a exigencias que encarecían los costos operativos entre un 66% y un 87%:
Bolsa de trabajo obligatoria: Exigencia de incorporar hasta un 70% de personal enviado exclusivamente por el gremio, obligando a duplicar las planillas operativas.
Cajas paralelas: Cobro de la «cuota camping» en efectivo, exigiendo montos en negro por cada proyecto en ejecución.
Catering obligatorio: Contratación forzada de empresas de viandas vinculadas a la cúpula sindical, como lo fueron Abril Catering S.A., Rey del Cielo S.A. o Mejor que en Casa S.R.L; todas empresas satélites del Clan Medina en la UOCRA.
La intermediación ejercida por operadores como Mansilla entre la intendencia y las contratistas estranguló la transparencia de la obra pública. Este engranaje generó sobrecostos en la infraestructura social de la región calculados entre un 66% y un 87%, paralizando proyectos habitacionales esenciales y privando a miles de familias de Berisso de un techo digno.
La reapertura de la causa contra la cúpula de la UOCRA

La caída de las segundas líneas se produce en paralelo al acorralamiento de la conducción del gremio. En septiembre de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el sobreseimiento de Juan Pablo «Pata» Medina y de su hijo Cristian «Puly» Medina. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron sin efecto la nulidad dictada en instancias inferiores y ordenaron la reapertura inmediata de la causa por asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero.
El fallo del máximo tribunal desató nuevos episodios en la sangrienta disputa por la seccional de la UOCRA La Plata, donde conviven la delincuencia organizada y las barras bravas:
Facción de «Los Medina»: Aliada a la estructura de la barra brava de Gimnasia y Esgrima La Plata, conducida por Cristian «El Volador» Camilleri.
Facción de Iván Tobar: Encabezada por el líder de la barra brava de Estudiantes de La Plata, quien enfrenta imputaciones por asociación ilícita y ataques armados.
Tales maniobras de recaudación ilegítima y extorsión sobre el sector de la construcción fueron documentadas en informes del sitio Chequeado, donde detallaron las severas irregularidades cometidas durante años. La falta de blindaje judicial aceleró el colapso de los operadores locales.
Modelo sindical arcaico aggiornado a los tiempos libertarios
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