El Defensor del Pueblo no descarta alguna acción contra los fiscales Condomí Alcorta, Damonte y Romero

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, destacó “las enseñanzas” que dejó el conflicto por la toma de tierras en Guernica.

En declaraciones a Bien de Radio por Radio Provincia, afirmó que lo ocurrido obliga a que “nunca más la justicia y los fiscales intervengan en una toma”, sino que sea el Estado “a través de políticas públicas”.

Explicó que “por protocolo de la Corte Suprema cuando hay tomas masivas se nos da intervención para gestionar la relocalización, tenemos muchas y todo el tiempo, han crecido un poco este año, pero no mucho más que el año pasado”.

En ese marco, consideró que “Guernica entró en los medios nacionales y nos cambió todo, trabajamos con el gobierno provincial porque entendemos que es la política pública la que debe resolver el problema. Acompañamos la mesa de gestión y el día del lanzamiento policial estuvimos como veeduría porque la presencia de uniformados es violencia simbólica, pero velamos para que, además, no hubiera violencia física”.

Lorenzino sostuvo que lo ocurrido “dejó un saldo positivo con sabor amargo porque no nos gusta que intervenga la policía pero en adelante tenemos otras expectativas con esta unidad de gestión política” que se organizó para estos casos. En ese marco, elogió la gestión interministerial que se hizo para llegar a un acuerdo con todas las familias.

En tanto, dijo que están “estudiando” algún tipo de medida por la selfie que se tomaron durante el desalojo los fiscales Condomí Alcorta, Lisandro Damonte y Marcelo Romero. Dijo que fue una actitud que “no corresponde, un trabajo no se culmina de esa manera, sobre todo desde el dolor de la gente que fue ahí en busca de una casa, no importa si es la manera o no, pero no corresponde. Estamos evaluando alguna acción sobre esa conducta de los fiscales”.

Consultado sobre la situación de las familias que abandonaron el predio, Lorenzino indicó que “estamos pidiendo información de todos los que firmaron el acta compromiso para que se cumpla lo acordado, nuestro rol es controlar que eso suceda y sé que están contactando a las personas que no habían aceptado el acuerdo que eran minoría o mediados por grupos políticos radicalizados”.

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