Una fuerte denuncia ha sacudido el ambiente político de Berisso, donde el concejal Antonio Ligari de PJ-Unión por la Patria (UxP) se enfrenta a acusaciones graves de violencia de género y abuso de poder. La denuncia fue presentada por Marcela Ríos, empleada municipal y directora de la Casa del Niño San Martín, quien ha relatado un patrón de hostigamiento y maltrato por parte del edil. Este escándalo no solo pone en tela de juicio la conducta de Ligari, sino que también revela la complicidad del intendente Fabián Cagliardi, quien ha sido criticado por utilizar a sus concejales en funciones del Ejecutivo Municipal.
Contexto de la denuncia
La denuncia contra Ligari fue radicada en la Comisaría de la Mujer y en el Juzgado de Paz de Berisso. Según el expediente, el concejal habría ejercido violencia, abuso de poder y extorsión contra Ríos y otros trabajadores de la institución, dificultando su labor diaria. La situación ya había sido advertida al Ejecutivo municipal en octubre de 2024, cuando el Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso (STMB) denunció las presuntas conductas inapropiadas del edil.
El proyecto presentado en el HCD por la oposición incluye varios artículos que exigen el repudio de los hechos denunciados y el apartamiento inmediato de Ligari hasta que la justicia aclare la causa. La falta de acción por parte del intendente Cagliardi y su administración ha generado un clima de impunidad que preocupa a los trabajadores municipales.
La conducta de Antonio Ligari
Los hechos denunciados por Ríos son alarmantes. Durante una visita a la Casa del Niño, Ligari se dirigió a la trabajadora de manera despectiva, exigiendo que incluyera en un parte diario de asistencias a otra trabajadora que no se presenta a su puesto desde hace años. Ante la negativa de Ríos, Ligari actuó de manera violenta, lo que llevó a la denuncia formal.
La situación se agrava al considerar que Ligari, además de su cargo como concejal, ejerce funciones en el Departamento Ejecutivo como «director/coordinador de Institutos, lo que plantea serias dudas sobre la ética de su conducta ya que debería tener licencia del HCD. La denuncia no es un caso aislado; Ríos ha manifestado que no es la primera vez que Ligari adopta este tipo de comportamientos, lo que pone en evidencia un patrón de abuso de poder.
Reacciones de la oposición y el silencio chillón del gremio ATE
La oposición ha reaccionado rápidamente, exigiendo medidas concretas ante la denuncia. La falta de respuesta del intendente Cagliardi y de la presidente del Concejo, Aldana Iovanovich, ha sido criticada por diversos sectores políticos y sindicales.
El pedido de la oposición incluye varios artículos que buscan no solo repudiar los hechos, sino también exigir el apartamiento inmediato de Ligari hasta que la justicia esclarezca la causa. Entre las exigencias se encuentran:
- Artículo 1°: Repudiar los hechos de violencia y abuso de poder denunciados por Marcela Ríos.
- Artículo 2°: Exigir el apartamiento inmediato de Antonio Ligari.
- Artículo 3°: Solicitar al Ejecutivo municipal un informe detallado sobre las medidas adoptadas según el Expediente Municipal N° 6519/2024 .
- Artículo 4°: Pedir información sobre las acciones de acompañamiento ordenadas por el Juzgado de Paz en la causa CC21706/2025.
La situación se complica aún más con la declaración de ATE, que, hoy es afín a la gestión de Cagliardi, en lugar de repudiar la conducta de Ligari, ha declarado un «estado de asamblea permanente» en la Casa del Niño, lo que ha sido interpretado como un intento de proteger al agresor.
La actitud de ATE ha generado un descontento generalizado, ya que su respuesta parece más enfocada en proteger a sus propios intereses que en apoyar a la víctima. Este tipo de reacciones solo perpetúa un ambiente de miedo y silencio entre las trabajadoras que sufren situaciones similares.
La complicidad del intendente Cagliardi
El silencio del intendente Fabián Cagliardi es ensordecedor. A pesar de las denuncias y la gravedad de los hechos, su administración ha optado por la inacción. Esta falta de respuesta no solo es preocupante, sino que también pone en evidencia una cultura de impunidad dentro del gobierno municipal. Cagliardi, quien ha hecho de la violencia de género una bandera de campaña, se encuentra ahora en una posición comprometida, ya que uno de sus concejales está acusado de ejercer precisamente lo que él dice combatir.
A pesar de las reiteradas solicitudes del STMB para que se tomen medidas contra Ligari, Cagliardi ha optado por la inacción, lo que ha llevado a muchos a cuestionar su liderazgo y su capacidad para gestionar situaciones de crisis.
La situación se torna aún más crítica cuando se considera que Ligari no solo es concejal, sino que también ocupa un cargo en el Ejecutivo Municipal, lo que plantea serias dudas sobre la ética de su conducta y la capacidad de Cagliardi para manejar este tipo de situaciones.
La voz de la víctima
Marcela Ríos, la denunciante, ha expresado su temor a represalias y ha solicitado protección y garantías para su integridad física y laboral. Su valentía al presentar la denuncia es un acto
de gran importancia en un contexto donde muchas trabajadoras se sienten intimidadas y desprotegidas. Ríos ha declarado que, a pesar de haber trabajado en la Casa del Niño desde 2002 y haber sido directora durante los últimos cinco años, nunca había enfrentado una situación tan angustiante. Su decisión de hablar es un llamado a la acción para que otras mujeres en situaciones similares se sientan respaldadas y encuentren la fuerza para denunciar.
La denuncia de Ríos no solo es un acto de valentía personal, sino que también representa un desafío a la cultura del silencio que a menudo rodea a las denuncias de violencia de género en el ámbito laboral. La falta de apoyo institucional y la respuesta tibia de las autoridades han contribuido a perpetuar un ciclo de abuso que debe ser interrumpido.
La respuesta de la comunidad
La comunidad de Berisso ha comenzado a movilizarse en apoyo a Ríos. Diversos grupos de mujeres y organizaciones sociales no alineadas al la gestión actual han expresado su solidaridad y han exigido que se tomen medidas concretas para proteger a las trabajadoras y sancionar a los agresores. La presión social es fundamental para que las autoridades actúen y se comprometan a erradicar la violencia de género en todas sus formas.
La situación actual ha puesto de manifiesto la necesidad de un cambio en la cultura laboral y política de Berisso. La comunidad no puede permitir que la violencia y el abuso de poder sean tolerados, especialmente por aquellos que ocupan cargos públicos. La exigencia de justicia y protección para las víctimas debe ser una prioridad para todos los sectores de la sociedad.
La inacción del Concejo Deliberante
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el Honorable Concejo Deliberante de Berisso aún no ha tomado medidas decisivas. La oposición ha solicitado una sesión especial para discutir la situación de Ligari y exigir su apartamiento inmediato. Sin embargo, la falta de respuesta del oficialismo ha generado desconfianza y frustración entre los ciudadanos.
La presidente del Concejo, Aldana Iovanovich, y la secretaria de Desarrollo Social, Victoria Curutchet, por su «no sororidad» han sido criticadas por su silencio y falta de acción. La comunidad espera que se tomen medidas concretas para abordar la situación y garantizar la seguridad de las trabajadoras municipales.
La cultura de la impunidad
La situación actual en Berisso es un reflejo de una cultura de impunidad que ha permitido que la violencia de género y el abuso de poder sean tolerados en el ámbito laboral.
La situación actual también pone de manifiesto una cultura del silencio que parece prevalecer en el ámbito municipal. La falta de apoyo a la denunciante por parte de organizaciones gremiales como ATE, que en lugar de respaldar a Ríos han optado por proteger al agresor, envía un mensaje peligroso a todas las trabajadoras. ¿Qué mujer se atreverá a denunciar si sabe que su voz será silenciada y que el sistema la abandonará en el momento más crítico?
Es fundamental que se implementen políticas efectivas para prevenir y sancionar la violencia en el trabajo. Esto incluye la capacitación de los funcionarios sobre la importancia de la igualdad de género y el respeto en el ámbito laboral, así como la creación de protocolos claros para abordar las denuncias de violencia.
¿El fracaso de la ideología de genero en la Ley Micaela?
El escándalo que rodea al concejal Antonio Ligari y las denuncias de violencia de género en Berisso son un llamado a la acción para todos los sectores de la sociedad. La comunidad no puede permitir que la violencia y el abuso de poder sean tolerados, especialmente por aquellos que ocupan cargos públicos. La exigencia de justicia y protección para las víctimas debe ser una prioridad.
La llamada «Ley Micaela» (Ley 27.499) sancionada el 19 de diciembre de 2018 establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todos los funcionarios públicos en Argentina, con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas sin duda demuestra ser un fracaso de la ideología de género impuesta en los últimos años.
Es imperativo que el intendente Fabián Cagliardi y el Concejo Deliberante tomen medidas concretas para abordar esta situación y garantizar la seguridad de las trabajadoras municipales. La falta de acción solo perpetuará un ciclo de abuso y silencio que debe ser interrumpido.
La valentía de Marcela Ríos al presentar su denuncia es un ejemplo a seguir. Su historia debe inspirar a otras mujeres a alzar la voz y exigir sus derechos. La comunidad de Berisso debe unirse en la lucha contra la violencia de género y el abuso de poder, exigiendo un cambio real y duradero en la cultura laboral y política de la ciudad.
Si te gusta lo que hacemos, te pedimos que nos ayudes a avanzar ejerciendo nuestro servicio periodístico con la mayor independencia y objetividad posible por medio de una colaboración económica. Ingresá en matecito.co/elcorreograficoDescubre más desde El Correo Gráfico
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.