El viejo refrán conocido dice “sobre llovido mojado” cuando ocurren dos desgracias juntas. Y tal vez, algo de ello les estaría pasando a los usuarios de servicios públicos luego de soportar incrementos de tarifas muy por encima del aumento de los salarios.
Según denuncias de organizaciones de defensa de los consumidores las empresas distribuidoras de electricidad están incluyendo a sus deudores en los bancos de datos de las empresas que se dedican a recabar información sobre el estado financiero de las personas.
Es lo que se conoce como el “Veraz”, la empresa que se dedica a brindar información financiera sobre empresas y personas, sobre todo a los bancos, para que estos puedan evaluar el perfil de riesgo de sus clientes. De hecho, entrar en el Veraz genera bastantes dolores de cabeza a las personas. Es probable que no puedan conseguir créditos en el sistema financiero formal hasta que es sacado de la base de datos. Aún así, la mancha queda.
Una de las empresas distribuidoras de energía, Edesur, explicó a Agencia Nuevas Palabras cómo es el proceso. No es inmediato ante la mora, y el usuario tiene posibilidades previas de llegar a un acuerdo para saldar sus compromisos.
Después de tres meses de deuda, la empresa Veraz le anuncia que va a ser incluido. Antes de ello, a esa persona se le ofreció entrar en un plan de pagos para resolver la deuda. Si en ninguno de los casos se resuelve el problema, pasa a la temida base de morosos.
El fundador de Consumidores Libres y actual representante de la entidad, Héctor Polino, rechazó el procedimiento. Lo calificó de “intimidadorio” y afirma que la entidad ya le reclamó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que haga que las empresas cesen en esa forma de cobro de deudas.
El histórico dirigente socialista considera que las empresas distribuidoras prestan el servicio en régimen monopólico y que sus incrementos tarifarios deben ser“progresivos, razonables y transparentes”.
Al finalizar 2018, el gobierno anunció un incremento de las tarifas de electricidad del 55%. Junto con ello, anunció ajustes del 35% en gas, de hasta 42% en transporte y 48,5% en agua corriente y cloacas.
El incremento de esta magnitud se registra mientras todavía los sindicatos no han negociado nuevos salarios en paritarias para el 2019 y en 2018 los ingresos de los trabajadores quedaron rezagados unos 20 puntos frente a la inflación. El gobierno aspira a que este año los salarios se resuelvan en torno del 23%, en línea con la inflación proyectada con el Presupuesto.
Anoche, vecinos de Buenos Aires coordinados por el Observatorio de Derechos de la Ciudad, la Coordinadora de Asambleas Barriales, Argentina en Red y el Movimiento Comunero realizaron una protesta con cacerolas en algunas esquinas y parques de la Capital Federal para rechazar los aumentos. (ANP | TdP)
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