En un contexto de crisis económica y social en la ciudad de Berisso y la provincia de Buenos Aires, las gestiones de Fabián Cagliardi y Axel Kicillof se ven envueltas en una nueva polémica. La aparente estrategia para sumar votantes mediante la entrega de documentación a ciudadanos migrantes ha desatado críticas de opositores y analistas políticos. ¿Es esta una jugada para consolidar su base electoral o un desvío irresponsable de recursos?
La polémica: entrega masiva de documentos a migrantes
Según denuncias del periodista Tomás Díaz Cueto (La Nación+), el Registro Provincial de las Personas, dependiente del gobierno de Axel Kicillof, ha intensificado la emisión de documentos para ciudadanos de países como Perú, Paraguay y Bolivia en municipios clave como Berisso. Díaz Cueto señala que estas acciones tienen un trasfondo político evidente: captar votos de comunidades migrantes en las próximas elecciones legislativas de 2025. «El peronismo ya empezó a entregar documentos a ciudadanos extranjeros para articular una jornada electoral favorable», comentó Díaz Cueto en un reel de redes sociales.
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La situación ha generado indignación entre ciudadanos bonaerenses que enfrentan problemas estructurales graves, como el incremento de la pobreza infantil y los salarios insuficientes de los empleados municipales.
Berisso: epicentro de las críticas
El intendente Fabián Cagliardi ha sido particularmente señalado por su rol en estas acciones. En un municipio que enfrenta recurrentes déficits presupuestarios y una crisis en los servicios básicos, la ampliación de la planta política y la creación de un Consejo Poblacional para Migrantes han levantado sospechas sobre las verdaderas prioridades del gobierno local.
En una reciente decisión controvertida, Cagliardi reincorporó a la exconcejal Gabriela Di Lorenzo como directora del área de Control Urbano, mientras permitió el ingreso de Juana Murillo Caceda, una representante de la comunidad peruana, como nueva edil. Este movimiento, aunque enmarcado como una apuesta por la diversidad, implica un gasto adicional de dos millones de pesos para un municipio que, paradójicamente, declara estar en crisis económica.
Migrantes y elecciones: ¿Derechos humanos o estrategia política?
Desde la perspectiva oficialista, las medidas buscan garantizar derechos fundamentales de la población migrante, en línea con la Ley N° 25.871, que reconoce el acceso a la salud, educación y justicia. No obstante, la oposición y sectores críticos destacan el timing político de estas iniciativas.
En este marco, Cagliardi ha recibido en su despacho a representantes consulares de Perú, Bolivia y Paraguay, consolidando acuerdos para facilitar la documentación y el registro de ciudadanos migrantes. Paralelamente, el gobernador Kicillof ha respaldado la creación del mencionado Consejo Poblacional, con el objetivo declarado de «sistematizar información demográfica» y promover políticas inclusivas.
Según datos del INDEC, en la provincia de Buenos Aires, en el 2022, habitaban 994653 habitantes extranjeros, mientras que en Berisso esa población llegaba a 6392 personas, suficiente cantidad para alcanzar una banca en HCD local.
Sin embargo, estas acciones despiertan preguntas cruciales: ¿cómo afectan los recursos públicos estas iniciativas? ¿Se está priorizando a los migrantes sobre los ciudadanos locales en términos de asignación presupuestaria?
Críticas de la oposición: «Viven en otro planeta»
La oposición no ha tardado en manifestarse. Según los críticos, las políticas impulsadas por Kicillof y Cagliardi ignoran las necesidades urgentes de la provincia. «Tenemos siete de cada diez chicos pobres y el gobierno está enfocado en registrar votantes extranjeros», denunció un edil opositor en el Concejo Deliberante de Berisso.
La gestión de los recursos también está bajo la lupa. Con cifras alarmantes de pobreza y desempleo, los gastos en iniciativas como cursos de capacitación para migrantes o banderas extranjeras en eventos municipales han sido catalogados como un despropósito.
“Mientras los bonaerenses luchan por llegar a fin de mes, el oficialismo se concentra en sumar votos en lugar de resolver problemas estructurales», agregó un referente del PRO en la región.
El costo político de las estrategias migratorias
Los críticos también señalan que la narrativa inclusiva promovida por Cagliardi y Kicillof podría ser una cortina de humo para encubrir otros fracasos de gestión. La inseguridad, la precariedad en los servicios de salud y el colapso en infraestructura educativa son problemáticas recurrentes en la provincia. A esto se suman las denuncias por demoras en el pago a jubilados del IPS y salarios insuficientes para trabajadores estatales.
Por otro lado, el gasto público destinado a ampliar la planta política y financiar proyectos cuestionados como el Consejo Poblacional ha generado descontento en amplios sectores de la sociedad. “Dicen que no hay plata, pero tienen para sumar funcionarios y registrar migrantes. Es un insulto”, afirmó un vecino de Berisso en una reciente manifestación.
Más reacciones al descontento ciudadano
Las políticas impulsadas por Cagliardi y Kicillof han encontrado resistencia no solo en el ámbito político, sino también en la sociedad civil. Vecinos y asociaciones locales han comenzado a organizarse para visibilizar el impacto de estas decisiones. En Berisso, uno de los epicentros de estas medidas, las críticas se intensifican debido a la precariedad de servicios esenciales, como el mantenimiento de calles, recolección de residuos y la salud pública.
Díaz Cueto en su reel analizó que recursos que no están alcanzando para los que ya están en la planta política de Berisso «me parece que hay que hacer algo con el tema de las radicaciones, (…) todo tan raro que se patina en la plata en curso de bartender y en el Honorable Concejo Deliberante y el Día de la Soberanía Nacional sale una bandera de Perú», criticó el periodista.
Por su parte, voceros del municipio intentaron defender la iniciativa, argumentando que el acceso a derechos de los migrantes es una cuestión humanitaria ineludible. Sin embargo, este argumento ha sido catalogado por la oposición como una distracción frente a los graves problemas de gestión que enfrenta el distrito.
Kicillof: ¿Aislado de la realidad bonaerense?
El gobernador Axel Kicillof, por su parte, continúa avalando las acciones de los intendentes aliados, como Cagliardi, bajo el paraguas de una narrativa inclusiva. En actos oficiales, ha señalado que su gobierno busca garantizar una «provincia más equitativa». Sin embargo, los datos duros muestran un panorama complejo: la pobreza en Buenos Aires afecta a más del 42% de la población, con cifras que se disparan aún más en los municipios del conurbano y el interior.
El contraste entre este discurso y las prioridades reales del gobierno genera dudas entre los votantes. Mientras se destinan recursos para programas de documentación y capacitación de migrantes, hospitales locales como el Hospital Mario Larraín de Berisso enfrentan falta de insumos básicos, y docentes denuncian demoras en el pago de sueldos.
“No se puede construir equidad si no se atienden primero las urgencias. Esta gestión está completamente desconectada de la realidad«, criticó un dirigente de Juntos por el Cambio durante una recorrida por el conurbano.
Un riesgo político para el peronismo
La estrategia de captar el voto migrante podría representar una jugada arriesgada para el oficialismo de cara a las elecciones de 2025. Si bien las comunidades extranjeras representan un porcentaje significativo del electorado en algunas localidades, el malestar generalizado entre los votantes bonaerenses podría jugar en contra de Cagliardi y Kicillof.
El descontento no se limita a los sectores medios y bajos; incluso en sectores sindicales y organizaciones sociales aliadas al oficialismo comienzan a surgir fisuras. Algunas agrupaciones critican el uso de recursos en políticas que consideran «cosméticas», sin un impacto real en la mejora de la calidad de vida de los bonaerenses.
La «cajera» Juana Murillo Caceda: un símbolo de la polémica
La incorporación de Juana Murillo Caceda al Concejo Deliberante de Berisso ha sido uno de los movimientos más comentados y criticados. Representante de la comunidad peruana y participante de la asociación «Damas Peruanas de La Plata» y conocida localmente como «la dueña del Paseo del Rey«, Murillo Caceda enfrenta cuestionamientos por su falta de experiencia política y su perfil económico, a tanto que, como publicó un portal ex afín al empresario Cagliardi, en su perfil de LinkedIn se muestra como “cajera” del Paseo del Rey.
“Pasamos de promesas de achicar la planta política a nombramientos con fines claramente electorales», comentó un exfuncionario municipal. Para la oposición, su llegada al Concejo no es más que una pieza en el engranaje de una estrategia para fortalecer el voto latinoamericano.
Desde las filas oficialistas, sin embargo, defienden su designación como un paso hacia la representación inclusiva. En redes sociales, Murillo Caceda agradeció a Cagliardi por la oportunidad, asegurando que trabajará «por y para las comunidades migrantes». No obstante, las críticas sobre el impacto presupuestario de su incorporación persisten, en especial considerando el contexto de ajuste en otras áreas municipales.
¿Política inclusiva o maniobra electoral?
La gestión de Axel Kicillof y Fabián Cagliardi parece apostar por una estrategia electoral que prioriza la captación de votos migrantes en detrimento de atender las demandas urgentes de los bonaerenses. Si bien el discurso oficialista se sostiene en la defensa de derechos humanos, los números no cierran: mientras el municipio de Berisso amplía gastos, las carencias en servicios básicos se profundizan.
En un escenario electoral cada vez más polarizado, el peronismo corre el riesgo de alienar a un electorado que exige soluciones concretas. La gestión de Kicillof y Cagliardi, marcada por promesas incumplidas y decisiones controvertidas, enfrenta un desafío creciente: recuperar la confianza de los bonaerenses antes de que sea demasiado tarde.
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