Una grave crisis ambiental se desarrolla en Berisso, donde la tala ilegal y el desmonte avanzan sin control en áreas protegidas del Monte Ribereño del Río Santiago, violando un fallo judicial vigente y poniendo en riesgo ecosistemas de vital importancia para la biodiversidad regional. La situación expone una preocupante inacción de la gestión de Fabián Cagliardi y organismos provinciales, que han permitido el funcionamiento irregular de aserraderos y la circulación de vehículos cargados de madera sin fiscalización alguna.
Incumplimiento flagrante de medidas judiciales
La organización Nuevo Ambiente denunció la tala y desmonte de una importante superficie en humedales protegidos, incumpliendo una medida cautelar judicial vigente emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata. Este fallo, firmado por la jueza María Ventura Martínez, había ordenado a los municipios de Berisso y Ensenada, junto al Gobierno de la provincia de Buenos Aires, implementar un Plan de Manejo Ambiental en las islas Santiago y Paulino en un plazo de 60 días.
Justicia exige a Ensenada y Berisso un plan de manejo para islas Santiago y Paulino
El artículo 1 del fallo judicial es explícito en sus prohibiciones: «No puede haber obras, movimiento de suelo, ni desmontes, y está prohibido cualquier tipo de loteo hasta que se apruebe el plan de manejo». Sin embargo, las intervenciones ilegales continúan desarrollándose en los sectores de humedales cercanos al Club Náutico Berisso, parador marina del sur y el canal Génova.
La zona afectada forma parte del Monte Ribereño del Río Santiago, un área de más de 4 kilómetros cuadrados que alberga una importante biodiversidad y está amparada por la Ley 12.756, que la declara «Paisaje Protegido». Esta región constituye una de las pocas zonas de humedal conservadas del cordón ribereño sur, junto a Punta Lara y Punta Indio, donde habitan especies protegidas de flora y fauna.
Deforestación urbana y aserraderos irregulares
Paralelamente al desmonte en áreas protegidas, Berisso enfrenta una deforestación generalizada vinculada al funcionamiento irregular de aserraderos. La ausencia de fiscalización ha permitido la circulación de vehículos en condiciones precarias cargados de madera sin ningún tipo de intervención por parte de las autoridades competentes.
Una concejal local criticó duramente la «ineficacia de los mecanismos de control» y la falta de coordinación entre las áreas municipales. Particularmente preocupante resulta la situación de la Policía Ecológica, que según las denuncias «nunca cumplió su función» y «ya no opera en Berisso», habiendo desaparecido sin explicaciones oficiales.
Impacto ambiental y riesgos para la salud pública
El naturalista Julio Milat a principio de este año advirtió sobre las graves consecuencias de estas prácticas: «Es un problema deforestar en esta época, con estas temperaturas. Atenta contra la salud de la gente». El especialista enfatizó que «Hoy el recurso más valioso que tenemos es la sombra, la que brindan los árboles grandes que llevan décadas ahí. Quitarlos no solo empeora la calidad de vida, sino que es un retroceso frente a las políticas ambientales que deberíamos priorizar».
La transformación del paisaje en las zonas intervenidas ha generado lo que los ambientalistas describen como un «paisaje desolador», resultado de «la intervención llevada adelante por algún organismo o particulares que tienen otros intereses económicos». Esta degradación no solo afecta la biodiversidad local, sino que también compromete los servicios ecosistémicos fundamentales para la mitigación del cambio climático.
La eliminación de árboles grandes que proporcionan sombra representa una pérdida irreparable de recursos naturales que tardaron décadas en desarrollarse. Estos ejemplares constituyen elementos clave para la regulación térmica urbana y la calidad del aire, especialmente relevantes en un contexto de aumento de las temperaturas y cambio climático.
Omisión y responsabilidad de las autoridades
La ONG Nuevo Ambiente acusa una «grave omisión de los municipios», que no solo no han avanzado con el plan de manejo ambiental ordenado judicialmente, sino que «ahora permiten o no controlan estas intervenciones ilegales». Esta organización, representada por Marcelo Martínez y Marcelo Garófalo, ha presentado denuncias formales tanto al Municipio de Berisso como a la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Buenos Aires.
El municipio de Berisso, gerenciado por el intendente candidato a concejal, Fabián Cagliardi, es señalado por «mirar hacia otro lado mientras avanza la deforestación», evidenciando un «total desmanejo municipal de los recursos naturales». La falta de carteles de obra o justificación oficial para las intervenciones sugiere que se trata de actividades completamente irregulares.
La Secretaría de Seguridad, comandada por Federico Ruíz, devenido en candidato oficialista a concejal, también recibe críticas por su falta de coordinación y por no actuar de oficio frente a delitos ambientales, como debería corresponder según sus competencias. Esta inacción institucional ha sido denunciada desde el Concejo Deliberante, donde se solicitaron informes para exigir explicaciones sobre la situación.
Sospechas de intereses inmobiliarios
Los ambientalistas y vecinos expresan preocupación por la posible vinculación de estas actividades ilegales con «intereses inmobiliarios o comerciales ajenos al bien común». La zona del Monte Ribereño del Río Santiago «desde hace años, viene siendo amenazada por desarrollos inmobiliarios y la inacción de las autoridades locales».
Las organizaciones ambientales ponen el foco en el «avance de emprendimientos inmobiliarios» que amenazan estos ecosistemas protegidos, sugiriendo que las intervenciones responden a una estrategia para habilitar futuros desarrollos comerciales en áreas que deberían permanecer bajo protección estricta.
Una concejal local sugirió que «intereses económicos» podrían estar detrás de la inoperatividad de la Policía Ecológica, lo que explicaría su desaparición sin explicaciones oficiales tras haber sido anunciada con gran despliegue mediático.
Valor ecológico del área amenazada
El Monte Ribereño del Río Santiago representa un ecosistema de excepcional valor para la conservación de la biodiversidad regional. Las islas Santiago y Paulino, junto con las áreas adyacentes, constituyen un refugio de especies protegidas tanto de flora como de fauna, en una región donde los humedales naturales han sido sistemáticamente degradados por el avance de la urbanización.
Esta zona forma parte del cordón ribereño sur y mantiene características ecológicas similares a las de Punta Lara y Punta Indio, áreas reconocidas por su importancia para la conservación. Los humedales cumplen funciones ecosistémicas fundamentales, incluyendo la regulación hídrica, la purificación del agua, el control de la erosión y la provisión de hábitat para especies migratorias.
La Ley 12.756 que declara la zona como «Paisaje Protegido» establece un marco normativo específico que exige estudios de impacto ambiental y gestión planificada para cualquier intervención. Sus decretos reglamentarios buscan garantizar la protección y conservación de este ecosistema clave para la región metropolitana.
Reclamos ciudadanos y acciones legales
La presión ciudadana para que se investigue lo ocurrido y se sancione a los responsables continúa creciendo. Vecinos y organizaciones ambientalistas han presentado múltiples denuncias y reclamos formales, exigiendo la intervención urgente tanto del municipio como de organismos provinciales.
Nuevo Ambiente ha adelantado que se encuentra «evaluando los pasos legales a seguir» para detener estas acciones que violan el fallo judicial y ponen en riesgo la integridad ecológica del área. La organización busca hacer efectivo el cumplimiento de las medidas cautelares y lograr la implementación del Plan de Manejo Ambiental ordenado por la justicia.
Los vecinos han documentado las intervenciones ilegales mediante fotografías y relevamientos, que muestran signos inequívocos de tala con motosierra y movimiento de suelo en zonas expresamente protegidas. Estos elementos probatorios respaldan las denuncias formales presentadas ante las autoridades competentes.
Precedente para la protección ambiental
El caso de Berisso representa un precedente crítico para la protección de áreas naturales en la región metropolitana. La efectividad de las medidas judiciales y el cumplimiento de las leyes ambientales están siendo puestos a prueba ante la presión de intereses económicos y la aparente complicidad de sectores de la administración pública.
La situación expone las debilidades del sistema de control ambiental y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción para prevenir la degradación de ecosistemas protegidos. El incumplimiento de fallos judiciales en materia ambiental constituye un grave precedente que podría replicarse en otras áreas de valor ecológico.
Perspectivas y demandas futuras
Las organizaciones ambientalistas y los vecinos mantienen su demanda de intervención inmediata para detener las actividades ilegales y restaurar el control efectivo sobre las áreas protegidas. La implementación del Plan de Manejo Ambiental ordenado judicialmente se presenta como una medida urgente para establecer criterios claros de conservación y uso sustentable del territorio.
La rendición de cuentas por parte de las autoridades municipales y provinciales constituye otro eje central de los reclamos ciudadanos. La transparencia en la gestión de los recursos naturales y la aplicación efectiva de la legislación ambiental son condiciones indispensables para revertir la actual situación de degradación y abandono institucional.
El fortalecimiento de los mecanismos de control y la reactivación de la Policía Ecológica con funciones efectivas aparecen como medidas necesarias para prevenir futuras violaciones de la normativa ambiental. Sin embargo, estas acciones requieren voluntad política y recursos adecuados para su implementación sostenida.
La crisis ambiental en Berisso evidencia la tensión permanente entre intereses económicos inmediatos y conservación del patrimonio natural. La resolución de este conflicto definirá no solo el futuro de los humedales del Río Santiago, sino también la credibilidad del sistema de protección ambiental en toda la región metropolitana.
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