El Caso Chocolate Rigau, la megacausa por corrupción estructural en la Legislatura bonaerense que también salpica a Berisso, sufrió esta semana su golpe procesal más duro. Antonio Rodríguez, pareja de la concejal de La Libertad Avanza, Laura Fernández, y único imputado dispuesto a aceptar un juicio abreviado, desistió del acuerdo al confirmar que la condena implicaba una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La marcha atrás deja a la fiscal Viviana Arturi sin ningún acusado dispuesto a admitir culpabilidad entre los 46 empleados procesados, y proyecta el inicio del juicio oral recién para marzo de 2027, más de tres años después de la detención en flagrancia de Julio «Chocolate» Rigau en un cajero de La Plata.
Un colapso que reordena la causa
El acuerdo de Rodríguez era, hasta hace pocas semanas, la única salida negociada dentro de un expediente que investiga el desvío sistemático de sueldos públicos. Según reconstruyó el periodista Hugo Alconada Mon en una investigación de La Nación, las diferencias en torno a la inhabilitación terminaron frustrando la única posibilidad concreta de una salida alternativa antes del debate oral.
Rodríguez había aceptado inicialmente una condena de tres años de prisión en suspenso. El giro se produjo cuando confirmó que, según el Código Penal, los delitos de funcionarios públicos conllevan la pérdida definitiva de la posibilidad de volver a desempeñarse en el Estado. El imputado manifestó su intención de reinsertarse en la administración pública en el futuro, lo que hizo inviable el trato.
Datos duros: la cifra del fraude y los tiempos judiciales
- 395,4 millones de pesos: perjuicio neto calculado por la División Lavado de Activos de la Policía Federal entre enero de 2022 y septiembre de 2023.
- Más de 800 millones de pesos: proyección del fraude si se incorporan cuentas sueldo bajo investigación desde 2002, según el requerimiento de elevación a juicio citado por El Día.
- 46 empleados procesados, ninguno dispuesto hoy a aceptar una condena que implique inhabilitación de por vida.
- 3 a 4 meses: plazo estimado para que cuatro peritos contables individualicen el perjuicio económico de cada imputado, con cierre probable en septiembre de 2026.
- Marzo de 2027: fecha proyectada para las primeras audiencias del juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata.
Estas cifras no incluyen la inflación acumulada ni los costos indirectos que el Estado bonaerense absorbió en aportes previsionales al IPS y prestaciones de la obra social IOMA para empleados que no prestaban servicio real.
Contexto histórico: de la detención en un cajero a la megacausa
La causa nació el 9 de septiembre de 2023, cuando la Guardia Urbana interceptó a Rigau en un cajero automático de 7 y 54, en pleno centro de La Plata. Llevaba consigo 48 tarjetas de débito ajenas y más de un millón de pesos en efectivo. Lo que empezó como una detención por flagrancia derivó en la reconstrucción de una asociación ilícita que, según el requerimiento fiscal, funcionó de manera estable desde 2002.
El esquema investigado tenía una estructura jerárquica: Claudio Albini, exsubdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, en la cúspide; su hijo Facundo Albini, exconcejal platense de Sergio Massa, como articulador operativo; y Rigau, apodado «Chocolate», como ejecutor de las extracciones. En la base, decenas de empleados fantasma cedían sus tarjetas y claves a cambio de obra social y aportes jubilatorios, muchas veces sin conocer siquiera el monto de su propio sueldo.
El factor Berisso en el expediente
El vínculo con Berisso llegó a la causa a través de Antonio Rodríguez, pareja de la concejal Laura Fernández. En su expediente también figura procesada su hermana, Aldana Ayelén Rodríguez, cuñada de la edil. La concejal calificó la situación como una «estafa bien armada» y sostuvo que su pareja fue captado bajo una falsa promesa laboral, mientras denunció una campaña de desprestigio orientada a afectar su labor en el Concejo Deliberante.
El colapso del acuerdo de Rodríguez generó, además, malestar entre el resto de los procesados, que seguían de cerca esa negociación como un posible modelo de salida. Sin ese antecedente, la fiscalía deberá litigar sin ningún imputado dispuesto a colaborar.
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Profundización: las posiciones enfrentadas
La fiscal Viviana Arturi rechazó de plano las dos alternativas que las defensas buscan explotar: la probation y la reparación económica del daño. Citando el antecedente de la Causa Cuadernos, sostuvo que se trata de un caso de corrupción estructural que no admite salidas económicas, para evitar lo que definió como una «justicia para ricos».
Los estudios de Alfredo Gascón, defensor de Rigau, y de Maximiliano Rusconi, defensor de los Albini, insisten en la reparación integral como vía para extinguir la acción penal. Frente a esa evidencia, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata —integrado por los jueces Ezequiel Medrano, Carmen Palacios Arias y Lucas Massaccesi— avanza con el peritaje contable como paso previo indispensable antes de definir el rumbo del proceso, según detalló Infobae en su cobertura del expediente.
Las penas que la fiscalía adelantó para el debate oral son las siguientes: seis años y cuatro meses de prisión para Claudio Albini; cinco años y seis meses para Rigau; cuatro años y tres meses para Facundo Albini; y tres años de prisión en suspenso para los empleados legislativos. Pese a la magnitud del fraude, los principales acusados permanecen bajo arresto domiciliario y es probable que mantengan ese beneficio incluso ante una eventual condena firme, dados los tiempos procesales de la causa.
A esto se suma una contradicción institucional: mientras el expediente judicial avanza por fraude y asociación ilícita, los sumarios administrativos internos de la Legislatura bonaerense concluyeron que no existieron irregularidades, y hasta elogiaron el desempeño laboral de los mismos individuos hoy procesados.
Una impunidad que se proyecta hacia 2027
El Caso Chocolate Rigau vuelve a mostrar la distancia entre la contundencia de la evidencia recolectada y la lentitud de los tiempos judiciales. Con el único acuerdo abreviado caído y los peritajes contables en curso, la definición sobre si habrá responsabilidades penales efectivas quedará en suspenso, como mínimo, hasta el año 2027.
Para Berisso, el desenlace del expediente definirá no solo la situación judicial de Antonio Rodríguez, sino también el futuro político de la concejal Laura Fernández en el Concejo Deliberante. ¿Logrará la fiscalía sostener su postura frente a la resistencia corporativa de los 46 procesados, o el tiempo terminará siendo, una vez más, el mejor aliado de la impunidad?
Caso Chocolate Rigau: Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de La Plata
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