El Concejo Deliberante de Berisso vivió este 11 de febrero su primera sesión extraordinaria de 2026 en un clima de alta tensión política, donde el rechazo mayoritario a la reforma laboral nacional coexistió con denuncias sobre precarización municipal, fotomultas irregulares y el histórico colapso de servicios básicos como el agua potable y el transporte público.
La jornada legislativa, marcada por la presencia del gremio ATE y banderas sindicales que colmaron el recinto, dejó al descubierto profundas grietas políticas entre oficialismo y oposición, mientras los vecinos enfrentan cotidianamente la escasez de agua, la reducción de frecuencias de colectivos y multas de tránsito que consideran abusivas.
Repudio mayoritario a la ley de modernización laboral
El punto neurálgico de la sesión fue el tratamiento del expediente de repudio al anteproyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno Nacional de Javier Milei. La iniciativa, presentada por la seccional local de ATE Berisso, fue aprobada por mayoría con el respaldo del oficialismo peronista y sectores de la oposición radical, mientras que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) votó en contra.
Según informó fm 3 Ciudades, el concejal Juan Ignacio Mincarelli (Unión por la Patria) lideró la crítica técnica contra la reforma, denunciando que «es increíble que el dinero de los trabajadores vaya a un fondo de inversión en la Bolsa de Valores». El edil advirtió que se está «sacando el sistema previsional de la Argentina y armando un fondo de inversión para manejar los derechos de los trabajadores» desde el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo.
Mincarelli sostuvo que el proyecto nacional colisiona directamente con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que representa una financiarización de derechos laborales al derivar aportes de trabajadores a fondos administrados por agentes de bolsa.
Durante el cuarto intermedio, Juan Jorajuría, secretario gremial de ATE Berisso, tomó la palabra para calificar la reforma como «regresiva» y denunció que desde la asunción de Milei se produjeron «más de 68.000 despidos en el Estado». La concejal Gimena Carvajal (UCR-AMUBE) calificó la iniciativa de «retrógrada» y aseguró que el Gobierno Nacional «vino por los jubilados, los discapacitados y ahora por los trabajadores».
En defensa de la reforma, Darío Luna, presidente del bloque LLA, argumentó que «a este gobierno lo votaron los trabajadores, no los poderosos» y criticó la falta de diálogo con el gremio: «Somos cinco concejales y no nos visitaron… nos hubiéramos enriquecido con la palabra de los trabajadores».
«Empecemos por casa»: precarización laboral municipal bajo la lupa
Aunque acompañó el rechazo a la reforma nacional, el concejal radical Patricio Yalet (UCR-AMUBE) aprovechó su intervención para denunciar la precarización laboral dentro del propio municipio de Berisso. «Empecemos por casa… en este municipio… hay personas que están contratadas hace 12 años», disparó el edil, señalando que bajo la gestión del intendente Fabián Cagliardi «lo único que han entrado al municipio… son los militantes de Fabián Cagliardi».
La concejal Daniela Rivero (LLA) sumó una denuncia de «persecución política» contra funcionarios que no comparten la línea ideológica del oficialismo. «Pidan la lista de todas las personas que fuimos relegadas por no pensar igual que el oficialismo», exigió la edil libertaria.
Este cruce evidenció la paradoja política señalada por la oposición: concejales que perciben dietas mensuales estimadas en $3.000.000 —según el presupuesto 2026 aprobado— debaten reformas laborales mientras trabajadores municipales permanecen en condiciones de extrema precariedad.
Fotomultas: el calvario recaudatorio que golpea a los vecinos
Uno de los temas que generó mayor consenso opositor fue la denuncia del sistema de fotomultas municipales. El concejal Maximiliano Fernández (Juntos por el Diálogo Federal) expuso que «las cámaras están ocultas, colocadas sin señalización» y que entre 50 y 80 berissenses desfilan diariamente por los juzgados locales por infracciones de tránsito.
Fernández denunció que el sistema tiene un «fin netamente recaudatorio» para las arcas municipales, con cámaras instaladas en lugares donde las sendas peatonales están borradas y semáforos carecen de contadores regresivos. «Un radar que no se ve no invita a reducir la velocidad, simplemente captura la infracción», sentenció el concejal.
El edil calificó la situación como una «trampa de asfalto» para vecinos que no pueden afrontar los altos costos de las multas, y exigió al Ejecutivo municipal que pinte las calles y mejore la señalización vial antes de continuar con la emisión masiva de infracciones.
Crisis hídrica: el «clásico de verano» que iguala a Berisso con el Sahara
La escasez histórica de agua potable fue otro de los puntos críticos abordados en la sesión. Fernández calificó la falta de suministro como un «clásico de todos los veranos», comparando a Berisso con el «desierto del Sáhara». En barrios como Los Talas y Santa Teresita, el agua llega con color dudoso o directamente las canillas solo «escupen aire», según denunciaron vecinos.
La concejal oficialista Beatriz Grasso (UxP) respondió informando sobre la construcción de «La Melliza», una nueva planta potabilizadora que se está edificando en el Astillero Río Santiago. «En el Astillero se está construyendo la infraestructura que permitirá mejorar el servicio en Los Talas», explicó Grasso, quien agregó que la planta «estaba planificada por Perón» y que con nuevas tecnologías «tendremos agua».
Sin embargo, para los vecinos que no pueden bañarse ni cocinar adecuadamente, las promesas de infraestructura a mediano plazo ofrecen poco alivio inmediato a una crisis que se repite verano tras verano.
Transporte público: frecuencias en caída libre
La reducción de frecuencias de las líneas 202 y 214 generó reclamos unificados de vecinos y concejales. La concejal Laura Fernández (LLA) propuso unificar proyectos para exigir respuestas urgentes a la Provincia de Buenos Aires, mientras que Walter Di Paolo (UxP) atribuyó la crisis a las políticas nacionales: «Nación eliminó el fondo compensador al interior… aparentemente vienen por el pueblo de a pie».
Di Paolo explicó que el nuevo esquema de subsidios solo aplicables vía tarjeta SUBE hace que el sistema resulte «irracional y no se puede mantener» si no aumenta significativamente la cantidad de pasajeros. La realidad es que los vecinos siguen esperando bajo el sol por colectivos que no llegan o circulan con frecuencias cada vez más espaciadas.
Seguridad: patrulleros nuevos y debates simbólicos
En un punto de consenso, el HCD aprobó por unanimidad la firma de un convenio para la adquisición de tres nuevos patrulleros. El concejal Federico Ruiz (UxP) destacó que, ante el recorte de fondos nacionales para seguridad, «desde la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Berisso seguimos gestionando».
Ruiz también protagonizó un particular debate simbólico al denunciar el traslado del Sable Corvo de San Martín, calificándolo como una «voluntad política de esconder símbolos» y una militarización muda de la figura del prócer.
Presupuesto y contexto: sueldos políticos bajo la lupa
La sesión se desarrolló en el marco de un presupuesto municipal de $73.000 millones aprobado en diciembre de 2025, donde aproximadamente el 80% del gasto está destinado al pago de salarios de la planta municipal y política, según informó El Correo Gráfico.
Este contexto presupuestario generó críticas de la oposición, que señaló la paradoja de concejales con dietas millonarias debatiendo sobre derechos laborales mientras los servicios básicos colapsan y trabajadores municipales permanecen precarizados por más de una década.
Grietas políticas y deudas de gestión
La primera sesión extraordinaria de 2026 dejó en evidencia las profundas divisiones políticas que atraviesan al Concejo Deliberante berissense, donde el debate ideológico sobre reformas nacionales convive con la urgencia de resolver crisis locales que afectan directamente la calidad de vida de los vecinos.
El repudio a la reforma laboral nacional fue aprobado mayoritariamente, pero las denuncias sobre precarización municipal, fotomultas irregulares, crisis hídrica y colapso del transporte quedaron flotando sin soluciones concretas. La pregunta que permanece es si la dirigencia local podrá garantizar los servicios básicos antes de que se agote la paciencia de una ciudadanía que padece cotidianamente las consecuencias de una gestión cuestionada.
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