El ex juez federal Carlos Rozanski, el abogado constitucionalista especialista en derechos humanos, Eduardo Barcesat y la diputada provincial Susana González brindaron una charla-debate organizada por el bloque de diputados de Unidad Ciudadana-FpV -PJ sobre “lawfare” (guerra jurídica), escuchas ilegales y violación del secreto profesional. Entre el público presente, también estuvieron el concejal Norberto Gómez, el director de el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), Mariano Lovelli, el cura católico Carlos Gómez y militantes de organizaciones políticas y de derechos humanos.
En el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, la diputada ensenadense de Unidad Ciudadana-FpV-PJ, celebró la concurrida presencia tras la transmisión de un video que retomaba la opinión del Papa Francisco sobre el rol del poder judicial en las detenciones de presos políticos en Argentina. Además, González habló de la importancia de debatir esta temática y celebró la participación de Rozanski y de Barcesat por “aclarar el panorama de todo lo que estamos atravesando y este flagelo que estamos sufriendo: el lawfare, la violación del secreto profesional y las escuchas ilegales».
Respecto del rol de los medios de comunicación hegemónicos que actúan en complicidad o, directamente, promueven este accionar, retomó el caso del papel que jugó la prensa brasileña en la persecución y detención del ex presidente: «Hoy mirábamos que O’Globo había pedido disculpas por una información que había publicado sobre Lula y Dilma. Pero el daño ya está». En esta línea, alentó a los periodistas que cubrían la charla a hacer un ejercicio ético de la profesión, comprometido con los pueblos: “Se trata de visibilizar que este régimen macrista y vidalista nos ha llevado a correr las prioridades. En lo cotidiano lo que la gente está pasando es hambre, destrucción y desesperanza”.
El ex juez federal definió al “lawfare” como «el reemplazo de la guerra convencional -de disparos, de bombas- por una guerra distinta, con jueces y fiscales dispuestos a llevarla a cabo». Respecto de la actualidad argentina, Rozanski afirmó que «podríamos, perfectamente, pensar que existe una asociación ilícita. Está integrada, en primer lugar, por el Poder Ejecutivo nacional, fundamentalmente con dos ministerios: el de Justicia y Derechos Humanos y el de Seguridad»; en segundo lugar por «una partecita del poder legislativo que está operando con este sector mafioso”; en tercer lugar el poder judicial al cual calificó como el “sector más recalcitrante”, en cuarto lugar los servicios de inteligencia y, en quinto lugar por los dueños de los medios hegemónicos.
“A esta conjunción que llamo asociación ilícita es a la que podríamos llamar “Operación Cóndor II”, dijo el juez que condenó por primera vez el delito de genocidio en una causa por los delitos cometidos en la última dictadura. En este sentido, explicó que en el período dictatorial “borraban las fronteras para trasladar gente ilegalmente” y que hoy no se lleva adelante con “fusiles y con pistola”, sino que “se la reemplaza con jueces como Bonadio y fiscales como Stornelli. Todo era por la misma razón que hoy: implementar un plan económico. El Poder Ejecutivo lo encabeza porque es el que lo dirige”.
Finalmente, Rozanski opinó de cara a las elecciones de octubre que «es necesario un nuevo gobierno democrático y, con él, profundizar el estudio sobre el lawfare”. En esta línea, repudió el recibimiento del presidente Mauricio Macri del policía Luis Chocobar, quien mató a Pablo Kukoc; su rol en la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado y en el fusilamiento de Rafael Nahuel. “Todas esas operaciones que venimos viendo, es necesario poder visibilizarlas, inventariarlas y facturarlas. Son operaciones que no pueden salir gratis. No puede ser que haya presos políticos. No podemos tener presos políticos en nuestro país”, exclamó.
En tanto, Barcesat habló de este concepto que implica una “forma nueva de empleo del poder judicial que, lamentablemente, viene en idioma inglés y con importa de Estados Unidos”. Para desarrollarlo, el abogado constitucionalista retomó a Thomas Hobbes y dijo que “el crimen mayor es aquel que se comete a conciencia de la impunidad: el Lawfare es un crimen que se comete desde el poder y tiene pretensión de impunidad». Al igual que su compañero, con la esperanza de un cambio de gobierno en octubre, habló de la importancia de juzgar la los responsables “con garantías, pero con todo el rigor que han cometido desde el ejercicio del poder”.
Respecto de la gestión de Cambiemos, Barcesat sostuvo que “La pérdida de vidas a la que estamos asistiendo por ese plan económico autoriza a que hablemos de otra forma de genocidio, que es la del hambre”. “Este genocidio debe concitar nuestra indignación porque estas muertes no son naturales. Contra ello tenemos que pensar que los tres poderes tienen que actuar”, agregó. Al igual que Rozanski reafirmó que es imprescindible que no persista la impunidad: “No podemos estar con paños tibios o pensando en que sacar a uno o tres jueces va a ser suficiente. Necesitamos un poder judicial que satisfaga los dos principios constitucionales: ser un poder representativo y ser republicano”.
Finalmente, retomó lo dicho por Ricardo Lorenzetti, quien declaró que los jueces no gobiernan: “Claro que gobiernan. Deberían hacerlo con sujeción a la ley 27″, que sostiene en su artículo tres que el poder judicial debe cumplir con la Constitución Nacional y prescindir, “al decidir las causas, de toda disposición de cualquiera de los otros poderes nacionales, que esté en oposición con ella”. En esta línea, el especialista en derechos humanos concluyó al recordar que Macri señaló que iría por “jueces que los representen”.(Contexto)
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