Una filtración de 76 documentos clasificados, obtenida por el medio africano The Continent y analizada por un consorcio internacional de siete organizaciones periodísticas —entre ellas openDemocracy (Reino Unido), Dossier Center, iStories, All Eyes on Wagner, Forbidden Stories (Francia) y el argentino Filtraleaks, liderado por el periodista Santiago O’Donnell— expuso esta semana una de las operaciones de más sofisticadas registradas en América Latina.
Entre junio y octubre de 2024, una red rusa conocida internamente como «La Compañía» habría presupuestado 283.000 dólares para inyectar al menos 250 artículos críticos en más de 20 medios digitales argentinos, con el objetivo de desacreditar al gobierno de Javier Milei y su alineamiento con Ucrania y Estados Unidos.
Los archivos analizados, que suman 1.431 páginas, detallan las actividades de «La Compañía» en más de 20 países de África y América del Sur durante 2024. La magnitud del hallazgo sacude los cimientos del ecosistema informativo argentino y abre interrogantes urgentes sobre la soberanía informativa y la vulnerabilidad estructural de los medios locales ante actores estatales extranjeros con recursos ilimitados.
El brazo oculto del Kremlin: qué es «La Compañía»
«La Compañía» es identificada como una continuación del Grupo Wagner, el brazo paramilitar del fallecido Yevgeny Prigozhin. Tras su muerte en 2023, la estructura quedó bajo el control de la inteligencia militar rusa (GRU) y del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR).
Uno de los 17 excontratistas de Wagner que siguieron vinculados a «La Compañía» es Alexey Evgenievich Shilov, quien coordinó las acciones en Argentina. «Organizó y llevó a cabo una operación sociopolítica para desacreditar la política proucraniana de los dirigentes de Argentina», dice su biografía en uno de los documentos filtrados.
Los operadores también encargaron encuestas, elaboraron perfiles de figuras públicas, produjeron informes sobre el complejo militar-industrial argentino y evaluaron recursos estratégicos como el petróleo en la Antártida. Entre sus objetivos figuraba, incluso, respaldar candidatos de la oposición para las elecciones legislativas de 2025.
Los líderes operativos en territorio argentino fueron identificados como Lev Konstantinovich Andriashvili e Irina Yakovenko, residentes rusos en Buenos Aires. Según el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), ambos abandonaron el país rumbo a San Petersburgo días después de que el gobierno revelara sus nombres, pero regresaron en octubre de 2025 y permanecen en Buenos Aires al momento de esta publicación. En respuesta escrita a openDemocracy, Andriashvili negó todo vínculo: «Nunca hemos contactado a medios de comunicación, periodistas ni figuras políticas argentinas».
La fábrica de periodistas fantasma: deepfakes e inteligencia artificial
Uno de los hallazgos más perturbadores de la investigación es la creación sistemática de identidades ficticias para dar legitimidad a las narrativas del Kremlin en redacciones argentinas. Una investigación del medio africano Code for Africa, publicada en marzo de 2026 a partir de un reporte de OpenAI, identificó al supuesto analista «Manuel Godsin» como una «identidad ficticia» creada para «blanquear narrativas rusas en los medios de comunicación convencionales» mediante contenido generado por ChatGPT. Su imagen corresponde al ciudadano ruso Mikhail Malyarov, un perfil que ya había sido expuesto en operaciones de desinformación similares en África.
Otras firmas fantasma identificadas son Gabriel di Taranto —cuyo rostro es una creación generada por software de Nvidia y cuyo supuesto máster en comunicación política por la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) fue desmentido por la propia institución—, Marcelo Lopreiatto y Juan Carlos López, cuyos retratos provienen de bancos de imágenes generadas por inteligencia artificial.
La red no se limitó a textos. Los documentos también registran el uso de deepfakes: videos manipulados de figuras ucranianas que, alterados digitalmente, simulaban criticar con desprecio el apoyo argentino a Kiev.
El mapa del dinero: qué medios aparecen en los documentos filtrados
Entre los medios mencionados en los documentos como receptores de artículos de la operación rusa, el que mayor volumen registra es Diario Con Vos con 37 notas, seguido por El Destape (27), Diario Registrado (26), Realpolitik (20), Dos Bases (19), C5N (17), Big Bang News (16), Política Argentina (12), En Orsai (11), A24 (10) y La Patriada Web (9).
Las tarifas consignadas en los registros rusos oscilaron entre 350 y 3.100 dólares por artículo —cifras astronómicas en un mercado donde el salario promedio de un periodista argentino difícilmente superaba los 700 dólares mensuales durante 2024. Sin embargo, los analistas advierten que estas cifras podrían estar infladas: existe evidencia de que los propios agentes rusos en el terreno presentaban facturas sobrevaluadas a Moscú, quedándose con la diferencia en una suerte de corrupción interna que convirtió la operación de inteligencia, en parte, en un negocio personal.
La investigación no pudo confirmar si los pagos se efectuaron efectivamente ni quiénes fueron los destinatarios directos: los propios medios, periodistas individuales o terceros que operaron como intermediarios. Todos los medios consultados negaron haber recibido dinero de Rusia, y la explicación más repetida fue que el contenido llegó a través de agencias de prensa o consultoras no identificadas.
Noticias fabricadas para encender conflictos regionales
La desinformación rusa no se limitó a la crítica política interna. Los documentos registran la fabricación de crisis diplomáticas diseñadas para fracturar relaciones regionales. Uno de los casos de mayor impacto fue la publicación en El Destape de una nota falsa sobre tres supuestos terroristas argentinos detenidos en Chile que planeaban volar un gasoducto transandino. La investigación determinó que no existió ninguna detención ni ningún operativo chileno. El medio eliminó posteriormente los 27 artículos vinculados a la operación.
La red también difundió rumores sobre compras de collares de lujo Cartier por 64.000 dólares que el presidente habría hecho para sus perros, y notas sobre reclutamiento de soldados argentinos para una supuesta guerra con Chile: narrativas diseñadas para explotar la sensibilidad social ante el ajuste económico y resucitar miedos históricos entre países vecinos.
De las pantallas al asfalto: operaciones en el territorio
Uno de los episodios más visibles de la operación ocurrió el 24 de agosto de 2024, durante un partido de la Copa Argentina, cuando apareció una bandera de gran tamaño con la consigna «Sí al fútbol, no a la guerra» y un símbolo sobre la insignia de Ucrania. Según los documentos filtrados, ese hecho habría sido parte de una operación organizada por estructuras vinculadas a la inteligencia rusa. La acción fue coordinada con la publicación de 89 grafitis y pasacalles distribuidos estratégicamente por Buenos Aires bajo el lema «Argentina no necesita una guerra ajena», buscando simular un rechazo popular orgánico a la política exterior de Milei.
Los documentos también registran más de 50 cuentas en redes sociales de influencers y medios digitales mencionados como receptores de aportes monetarios, así como cuatro pagos de 4.000 dólares cada uno a título de «transmisión en la TV argentina».
La respuesta oficial: la SIDE, Bullrich y la alerta de Washington
La existencia de esta red fue informada en julio de 2025 por el entonces portavoz y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Las acusaciones del gobierno argentino fueron cuestionadas en julio y rechazadas en septiembre por la Embajada de Rusia en Argentina, que las calificó de «infundadas y falsas».
La entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó: «Recibimos información fehaciente sobre una campaña de desinformación rusa en contra de nuestro gobierno». Bullrich indicó que fue advertida a mediados de 2025 por la entonces Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien no mencionó a «La Compañía» por nombre pero habló de pagos a medios y periodistas argentinos.
La SIDE confirmó la existencia de la campaña en un comunicado publicado en sus redes sociales, indicando que había dado aviso al asunto a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025. «Su propósito era difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros. La estructura contaba con antecedentes vinculados a operaciones de injerencia internacional y buscaba consolidar redes de influencia dentro del territorio nacional», sostuvieron desde el organismo.
El análisis de los expertos: pescar en río revuelto
El investigador del CONICET y experto en medios Martín Becerra evaluó el impacto real de la operación: «El resultado de esa inversión fue el opuesto al teóricamente pretendido… lo que me hace dudar acerca de sus verdaderos propósitos». Y amplió: «El Wagner Group, y en general las actividades de Putin en desinformación e inteligencia consisten en crear caos y desorden, generando un panorama de descrédito de instituciones legitimadas en el pasado, medios y periodistas incluidos», concluyendo que el objetivo es «pescar en río revuelto».
La lectura de Becerra es clave para entender la naturaleza de esta guerra híbrida: el objetivo nunca fue convencer a nadie de nada en particular, sino erosionar la confianza en las instituciones, en los medios y en la verdad misma como categoría colectiva. En ese sentido, el verdadero daño no se mide en artículos publicados sino en la duda sistémica que instalan.
En octubre de 2024, los propios documentos internos de la red revelaron que sus operadores tomaron nota de que las autoridades argentinas les seguían los pasos. «A la luz del mayor control de los servicios especiales argentinos sobre la injerencia externa, los acuerdos alcanzados con las fuerzas de la oposición permitirán llevar a cabo más trabajo en el territorio del país utilizando fuerzas locales», se lee en un plan de trabajo interno.
La infraestructura de injerencia, aunque debilitada, permanece latente. Los agentes identificados siguen en Buenos Aires. Los intermediarios no han sido individualizados. Y el acuerdo de exención de visas firmado en 2009, durante el gobierno de Cristina Kirchner, permanece vigente como una ventana abierta que facilitó el ingreso y la permanencia de esta red sin mayores controles migratorios.
La pregunta que deja esta investigación no es solo qué leímos durante 2024, sino quién pagó el teclado que lo escribió, y si las redacciones argentinas tienen hoy las herramientas —y la voluntad editorial— para que no vuelva a ocurrir.
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