El caso del femicidio de Érica Valdez dejó de ser, para la Justicia bonaerense, una hipótesis de suicidio. La subteniente de la Policía Bonaerense, de 34 años según la autopsia y 42 según su familia, murió el 9 de abril de 2026 tras recibir un disparo dentro de un módulo de vigilancia sobre la Avenida 60, cerca de la destilería de YPF, en Berisso.
Durante meses, la causa permaneció caratulada como «autodeterminación». El 26 de agosto de 2026 ese escenario cambió: la Justicia de La Plata ordenó la recaratulación bajo la figura de femicidio, prevista en el artículo 80 inciso 11° del Código Penal. La familia de Valdez había sostenido esa hipótesis desde el primer día.
Femicidio Érica Valdez: el giro judicial de agosto
La recaratulación se apoyó en la Resolución 476/18 de la Procuración General bonaerense, que obliga a investigar con perspectiva de género toda muerte violenta de una mujer. La causa quedó a cargo del fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI N° 11, luego de que la fiscal original, Virginia Bravo, se excusara de continuar interviniendo.
La investigación había comenzado en la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de La Plata, y durante esa primera etapa se realizaron diligencias y pericias que hoy integran el expediente. El expediente lleva el número PP-06-00-018840-26/00.
El padre de la víctima, Luis Valdez, había reclamado públicamente el cambio de carátula ante el Concejo Deliberante de Berisso. Allí aseguró que su hija «no se suicidó» y que «la mataron», al tiempo que cuestionó la falta de acompañamiento institucional tras la muerte de la subteniente, según consignó fm 3 Ciudades.
Femicidio Érica Valdez: «me dispararon», el testimonio que rompió la versión oficial
El principal sostén de la hipótesis del suicidio se resquebrajó con el relato de una ciclista, la primera persona en asistir a Valdez tras el disparo. Según su declaración judicial, la oficial no estaba resignada a morir: pedía ayuda.
La sobrina de la víctima, Iara Acevedo, relató que «mi tía le dijo a esta chica que le habían pegado un tiro y que antes había pedido ayuda a una pareja que estaba en el lugar, pero que no la asistió», según publicó El Día.
Con lucidez, Valdez también le indicó a la testigo cómo «modular» el handy policial para pedir refuerzos. Esa instrucción operativa, según la familia, es incompatible con la determinación de quitarse la vida.
Según relató el hermano de la víctima, «mi hermana dijo ‘me dispararon'», una frase que, publicada por Infobae, se transformó en el eje del reclamo familiar.
La carta de despedida y la ruptura de la cadena de custodia
La supuesta nota manuscrita que sostuvo la hipótesis inicial del suicidio es, para la familia, la pieza más oscura del expediente. Ni la ciclista ni las primeras oficiales que llegaron al módulo dijeron haber visto un papel en la escena.
El hermano de Valdez contó que la fotografía de esa carta comenzó a circular entre policías antes de que el lugar quedara cerrado para las pericias, según reconstruyó El Día. En el hospital Larraín, Fernando Díaz, el Jefe de Estación de Policía le mostró esa imagen al hermano de la víctima antes de que la familia fuera informada del fallecimiento, un procedimiento que vulnera cualquier protocolo de cadena de custodia.
Según la familia, la Justicia les informó posteriormente que el manuscrito original se habría destruido, lo que impide realizar peritajes caligráficos. El hijo de Valdez sostiene que el texto atribuido a su madre contiene palabras que ella jamás habría usado.
Femicidio Érica Valdez: anomalías forenses bajo la lupa
Las contradicciones no se limitan al testimonio y la carta. La familia y allegados señalan varias inconsistencias técnicas:
- Trayectoria del disparo: mientras la autopsia oficial habló de orificio de salida, en el Hospital Larrain el equipo médico habría indicado a la familia que el proyectil quedó alojado detrás de un riñón.
- Dermotest: en un primer momento se informó que la prueba de residuos de pólvora no pudo realizarse por falta de reactivos; semanas después, la jefatura policial afirmó que el resultado había sido positivo.
- Cámaras de YPF: registraron a un Fiat Uno oscuro maniobrando cerca del módulo y a una pareja que se retiró del lugar sin asistir a la víctima.
La familia señala como sospechoso a Ángel Leonel Pérez, expareja de Valdez y también efectivo policial, quien no se presentó a declarar el 24 de junio alegando una licencia médica. La querella solicitó su citación bajo la nueva carátula de femicidio; se trata, hasta el momento, de una línea de investigación abierta y no de una imputación formal.
El entorno laboral: denuncias de hostigamiento previas a la muerte
Para la familia, el desenlace del 9 de abril no fue un hecho aislado. Compañeros de la propia fuerza denunciaron, de forma anónima, una trama de hostigamiento hacia Valdez dentro de la comisaría de Berisso.
Según esa denuncia, la subteniente cumplía tareas de coordinación y diagramación de patrullajes en el Comando de Patrullas, hasta que fue desplazada de ese rol y destinada, en soledad, a guardias de 12 horas en el módulo periférico de la Avenida 60, un puesto sin cámaras propias y contrario al protocolo de seguridad para personal femenino.
La familia y allegados señalan al jefe del Comando de Patrullas, Ariel Casco, como responsable de ese traslado, y cuestionan al entonces jefe de Estación de Policía de Berisso, Fernando Díaz, por permitir que una efectiva permaneciera sola en un puesto sin cámaras. Ambos funcionarios no fueron condenados ni imputados por estos señalamientos, que hasta ahora forman parte de las denuncias familiares y de fuentes internas de la fuerza.
Ni el intendente Fabián Cagliardi ni el secretario de Seguridad municipal, Gabriel Marotte, se acercaron a la familia tras la muerte de Valdez, según reclamó el padre de la víctima.
La causa en el Concejo Deliberante y la movilización social
El reclamo excedió el ámbito judicial. A dos meses del hecho, familiares y amigos de Valdez realizaron una movilización en Berisso para exigir el esclarecimiento del caso, según reconstruyó 0221.
El Concejo Deliberante de Berisso aprobó por unanimidad un pedido de informes sobre las condiciones laborales de Valdez y el estado de los módulos de vigilancia de la ciudad. En paralelo, se realizaron marchas bajo la consigna «Justicia por Érica», con el color amarillo —favorito de la subteniente— como símbolo.
A cuatro meses del hecho, la familia reclamó ante el fiscal Garganta que la causa avance como «femicidio triplemente agravado» y exigió que se profundice la investigación, según publicó berissociudad.com.ar.
Lo que viene: noviembre, la fecha clave
La recaratulación a femicidio es, para la familia, una victoria parcial. El expediente todavía no estableció de manera concluyente cómo se produjo el disparo que mató a Valdez.
Para noviembre de 2026 está previsto el peritaje de los dos teléfonos celulares secuestrados en la causa, una medida que la querella considera decisiva para reconstruir amenazas previas y movimientos de la noche del hecho. La familia también reclama que la Policía Bonaerense sea apartada de las pericias, en favor de la Policía Judicial o fuerzas federales, para evitar conflictos de interés institucionales.
El caso de Érica Valdez interpela hoy a la cúpula policial de Berisso y a la Justicia bonaerense. Mientras la causa avanza bajo la figura de femicidio, la pregunta que sostiene la familia desde abril sigue sin respuesta definitiva: ¿quién estuvo en el módulo de la Avenida 60 la noche en que la subteniente pidió ayuda?
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