El gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó el martes 9 de junio una nueva sesión del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat en Ensenada, con la participación de representantes de municipios, universidades, organizaciones sociales, colegios profesionales y organismos públicos.
La jornada fue encabezada por los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Gobierno, Carlos Bianco; y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; junto al intendente de Ensenada, Mario Secco. El escenario elegido fue el Complejo Recreativo «Cristina Fernández de Kirchner», en Ensenada.
El acto fue presentado como un «relanzamiento» de un organismo que existe desde la sanción de la Ley de Acceso Justo al Hábitat N° 14.449, promulgada en 2012, hace más de trece años. Lo que la administración del gobernador Axel Kicillof presentó como una iniciativa histórica es, en los hechos, la reactivación de un cuerpo consultivo preexistente que, según la propia convocatoria oficial, retomó debates iniciados en jornadas celebradas en 2024.
La sesión en Ensenada fue la primera de una serie de encuentros regionales que se realizarán en distintos puntos de la provincia. No se informaron ni fechas ni cronograma concreto de los próximos encuentros. Tampoco se anunciaron partidas presupuestarias específicas, metas cuantificables ni mecanismos de seguimiento de los compromisos asumidos en la jornada. Participaron representantes de 25 municipios, entre ellos Berisso, La Plata y el propio Ensenada.
El telón de fondo: un déficit habitacional que el propio peronismo bonaerense no logró revertir
Mientras los funcionarios se fotografiaban bajo carteles institucionales en el Complejo «Cristina Fernández de Kirchner», los datos sobre la situación habitacional de la Provincia de Buenos Aires pintan un cuadro que el propio kirchnerismo no puede ignorar.
Según la Universidad Nacional de General Sarmiento, el déficit habitacional en la Provincia de Buenos Aires alcanzaba 1,7 millones de hogares, y a fines de 2023 existían 2.065 barrios populares con más de medio millón de familias sin acceso a servicios básicos. El número no mejora con los años de gestión de Kicillof: aproximadamente el 15% de la población provincial vive en barrios populares, sin titularidad sobre sus viviendas y sin acceso formal a agua corriente, cloacas o una red eléctrica segura.
A escala nacional, el cuadro es igualmente alarmante. Un informe privado indicó que casi la mitad de los hogares del país —el 48,1%— presenta algún tipo de déficit habitacional, mientras que en los barrios populares la problemática alcanza prácticamente a la totalidad de las familias: 96,9%. La sesión de Ensenada no aportó ningún dato que indique en qué medida la gestión bonaerense redujo esas cifras desde 2019, año en que Kicillof asumió la gobernación.
En términos de resultados acumulados, el Instituto de la Vivienda de la Provincia (IPV) entregó 2.420 viviendas durante 2025 y avanzó en la formalización de 11.747 escrituras. Frente a un déficit de 1,7 millones de hogares, ese ritmo de entrega implicaría décadas para cerrar la brecha estructural. La cifra no apareció en ninguno de los discursos pronunciados en Ensenada.
Lo que dijeron: declaraciones sin números
Larroque destacó que «es fundamental que se realicen estos ámbitos, en donde se ve la voluntad y la decisión política de un Estado presente» y consideró que «el hábitat es central en términos de justicia social». Al referirse a las políticas de regularización dominial, remarcó que «cuando se hace entrega de una escritura, la familia renace porque es un cambio cualitativo en la perspectiva de su vida» y afirmó que «la posibilidad de contar con un lugar fijo para vivir es mucho más que lo edilicio; es a la vez la posibilidad de desarrollar anhelos y sueños».
El discurso de Larroque contrasta con la realidad de municipios como Berisso y Ensenada, donde los planes de regularización dominial y los programas de mejoramiento habitacional acumulan años de demora. En Berisso, bajo la administración del intendente peronista Fabián Cagliardi, vecinos de barrios como Villa Nueva y El Mercadito esperan escrituras prometidas desde hace más de una gestión, sin que la Provincia haya ejercido presión alguna sobre el municipio para acelerar los procesos.
Bianco recordó que la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal «no había utilizado directamente el OPISU» y sostuvo que «ante un gobierno nacional ausente que no define las condiciones materiales de vida de un pueblo, hay un Estado bonaerense que mejora, ayuda y contiene porque asumió la responsabilidad de intervenir en un tema complejo como es el hábitat, el acceso a los servicios y la vivienda».
La crítica al gobierno nacional de Javier Milei fue el recurso retórico más utilizado a lo largo de la jornada. En mayo de 2025, mediante el Decreto 312/2025, la administración libertaria dispuso el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el principal instrumento de financiamiento para obras de urbanización en barrios populares, en un contexto en que la inversión pública ejecutada en vivienda registró una caída real del 27% respecto del año anterior y las transferencias de capital cayeron un 48,6% en términos reales. Sin embargo, la gestión Kicillof no presentó en Ensenada ningún plan alternativo de financiamiento provincial que compense ese retiro de fondos nacionales.
Batakis destacó que «el gobierno provincial viene trabajando desde el inicio de la gestión de este gobernador para ofrecerle a la comunidad bonaerense respuestas de hábitat que respeten el ambiente, el género y la vida de cada una de estas trayectorias». Agregó que «en Ensenada, el intendente Mario Secco también tiene el coraje para afrontar esta problemática y hacer que los vecinos puedan soñar a partir de estos cimientos que hoy estamos construyendo».
El subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini, sostuvo que «como nosotros creemos en el Estado, como el gobierno nacional hoy no cumple con sus funciones, es la Provincia junto con los municipios quien se hace cargo» y añadió que «en un territorio tan heterogéneo el desafío es generar normativas, políticas públicas y espacios de gestión participativa».
El acto en el «CFK»: un complejo que Secco preserva bajo esa denominación
La elección del Complejo Recreativo «Cristina Fernández de Kirchner» como sede del encuentro no es un dato menor. El espacio, que conserva el nombre de la ex presidenta por decisión del intendente Mario Secco, es uno de los escenarios habituales de los actos del peronismo local. La Provincia de Buenos Aires confirmó en su comunicado oficial que allí se retomó «el debate sobre las conclusiones de las Jornadas Bonaerenses para un Territorio Justo y un Hábitat Digno», realizadas en 2024. Es decir: la jornada del 9 de junio de 2026 retomó debates de hace dos años, sin que se haya informado públicamente qué se hizo con esas conclusiones en el período intermedio.
En febrero de 2026, Batakis ya había recorrido obras en Ensenada junto a Secco y anunció que «la decisión del gobernador Axel Kicillof es que sigamos con las obras provinciales y con las que el gobierno nacional decidió dejar abandonadas, como es el caso de estas casi 500 viviendas que están en Ensenada», financiadas con fondos provinciales a través del Programa Completar. Cuatro meses después, la ministra volvió a Ensenada para un acto de relanzamiento institucional, sin informar cuántas de esas 500 viviendas fueron efectivamente terminadas y entregadas.
Un organismo consultivo que no decide ni ejecuta
El Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat es, por definición legal, un órgano consultivo y multiactoral. No tiene capacidad ejecutora, no administra fondos ni suscribe convenios de obra. Su función es generar recomendaciones que luego cada ministerio puede o no implementar. La sesión realizada en Ensenada fue la primera de una serie de encuentros regionales que se llevarán a cabo en diferentes puntos de la provincia con el objetivo de elaborar propuestas para el desarrollo territorial y las políticas de hábitat.
El anuncio oficial de la Provincia de Buenos Aires describió los ejes de trabajo abordados en la jornada: «planificación territorial, el acceso a la vivienda, la integración socio urbana, la perspectiva ambiental y las herramientas de gestión del hábitat». Ninguno de esos ejes vino acompañado de compromisos presupuestarios concretos publicados en la convocatoria oficial.
La pregunta que el acto en Ensenada no respondió es la misma que se repite en cada barrio popular de Berisso, La Plata y Ensenada: cuándo, cuánto y quién financia. Mientras el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat debate propuestas en un complejo recreativo que lleva el nombre de una ex presidente, más de 1,7 millones de hogares bonaerenses siguen esperando una respuesta que no llega en forma de ladrillos, escrituras ni servicios básicos.
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