En un contexto de creciente incertidumbre política y social, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha firmado el Decreto 367/2025, convocando a Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el 13 de julio de 2025. Sin embargo, esta decisión ha desatado una ola de críticas hacia su gestión, especialmente en un momento en que el Gobierno Nacional ha promovido la suspensión de las PASO a nivel nacional, alterando las reglas del juego electoral en un año crucial.
La suspensión de las PASO: un principio democrático en peligro
La propuesta de suspender las PASO ha generado un debate intenso en la sociedad argentina. Históricamente, las reglas electorales no deberían modificarse en un año electoral, un principio que ha sido considerado fundamental para la estabilidad democrática. La decisión del Gobierno Nacional ha llevado a que diversas fuerzas políticas en la Provincia de Buenos Aires se alineen en favor de la suspensión, buscando armonizar el sistema electoral provincial con el régimen que regirá para la elección de diputados nacionales.
El propio Kicillof, en la apertura de sesiones de la Legislatura Provincial, expresó su apoyo a la suspensión, argumentando que «los argumentos en favor de suspender las PASO son más que razonables». Sin embargo, esta postura ha sido interpretada por muchos como un intento de eludir la responsabilidad de garantizar un proceso electoral transparente y justo.
La falta de acción de la Legislatura Provincial
A pesar de la presión para suspender las PASO, la Legislatura Bonaerense aún no ha tratado ni resuelto la modificación del régimen electoral. Esta inacción ha dejado a la provincia en una situación de limbo legal, donde la vigencia de la ley que establece la realización de las PASO sigue en pie. La falta de celeridad en la respuesta legislativa ha sido criticada por diversos sectores, que ven en ello una falta de compromiso con la democracia.
La situación se complica aún más al considerar que, mientras la Legislatura no tome una decisión, el Poder Ejecutivo Provincial está obligado a cumplir con la normativa vigente, lo que implica avanzar en la organización del proceso electoral. Esta contradicción ha generado un clima de incertidumbre que podría afectar la participación ciudadana y la legitimidad de los resultados.
Críticas a la gestión de Kicillof
La gestión de Kicillof ha sido objeto de críticas no solo por su postura respecto a las PASO, sino también por la percepción de que su administración ha estado marcada por la falta de transparencia y la incapacidad de generar consensos. La decisión de convocar a elecciones en medio de un contexto tan incierto ha llevado a muchos a cuestionar su liderazgo y su compromiso con los principios democráticos.
Voces de la oposición han señalado que la suspensión de las PASO podría ser una estrategia para evitar una competencia interna que podría debilitar al oficialismo. «Es preocupante que se busque modificar las reglas del juego en un año electoral. Esto no solo afecta la confianza en el sistema, sino que también puede tener consecuencias graves para la democracia en nuestra provincia», afirmó un legislador de la oposición.
La firma del Decreto 367/2025 por parte de Axel Kicillof representa un momento crítico en la política de la Provincia de Buenos Aires. La decisión de convocar a las PASO en un contexto de incertidumbre y la presión para su suspensión han puesto de manifiesto las tensiones entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura. La falta de acción legislativa para resolver la situación ha dejado a la provincia en un estado de confusión, donde las reglas del juego electoral parecen estar en constante cambio.
La gestión de Kicillof ha sido cuestionada no solo por su postura sobre las PASO, sino también por la percepción de que su administración carece de la capacidad para generar consensos y garantizar un proceso electoral transparente. La crítica a su liderazgo se intensifica en un momento en que la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas se encuentra en un punto bajo.
La voz de la ciudadanía es clara: hay un deseo de que las elecciones se realicen de manera justa y transparente. La falta de claridad en el proceso electoral y la incertidumbre generada por la suspensión de las PASO han llevado a muchos a cuestionar la capacidad del gobierno provincial para garantizar un proceso democrático. La gestión de Kicillof se enfrenta a un desafío monumental: recuperar la confianza de la ciudadanía y asegurar que las elecciones se realicen en un marco de transparencia y legitimidad.
Un futuro incierto
A medida que se acerca la fecha de las elecciones, la presión sobre Kicillof y su administración solo aumentará. La necesidad de una respuesta clara y contundente por parte de la Legislatura es más urgente que nunca. La falta de acción podría resultar en un clima de desconfianza que afecte no solo a las elecciones de 2025, sino también a la estabilidad política de la provincia en el futuro.
La historia reciente de la política argentina nos ha enseñado que la falta de transparencia y la manipulación de las reglas electorales pueden tener consecuencias devastadoras para la democracia. La gestión de Kicillof debe ser consciente de que cada decisión que tome en este contexto será observada de cerca por la ciudadanía y la oposición. La presión para garantizar un proceso electoral justo y transparente es más fuerte que nunca, y el tiempo se agota.
Reflexiones finales
La situación actual en la Provincia de Buenos Aires es un reflejo de los desafíos que enfrenta la democracia en Argentina. La gestión de Axel Kicillof, marcada por la controversia en torno a las PASO, pone de manifiesto la necesidad de un compromiso renovado con los principios democráticos. La ciudadanía merece un proceso electoral en el que se respeten las reglas y se garantice la participación de todos.
La historia juzgará las decisiones que se tomen en los próximos meses. La responsabilidad recae no solo en el Gobernador y su administración, sino también en la Legislatura y en cada uno de los actores políticos que deben trabajar juntos para asegurar que la democracia en la Provincia de Buenos Aires no solo se mantenga, sino que se fortalezca.
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