La nueva planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, considerada la obra de agua más importante de los últimos 70 años en la Provincia de Buenos Aires, se encuentra en el centro de una controversia que pone en evidencia los persistentes problemas de transparencia en la gestión de obra pública provincial. La megaobra, que promete revolucionar el suministro de agua potable para más de 855 mil habitantes, fue adjudicada a una UTE liderada por Benito Roggio e Hijos S.A., empresa cuyo titular está procesado en la causa de los «Cuadernos de las coimas» por haber admitido el pago de sobornos durante el kirchnerismo.
Según reveló el periodista Martín Soler en Border Periodismo, la planta potabilizadora Punta Lara fue «adjudicada a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) liderada por Benito Roggio, empresario procesado en la causa conocida como los ‘Cuadernos de las coimas'». La adjudicación se concretó pese al procesamiento firme de Roggio por corrupción, lo que ha generado cuestionamientos sobre la opacidad del proceso licitatorio y la persistencia de viejos vicios en la administración pública bonaerense.
Kicillof adjudicó su mayor obra pública a un empresario procesado en la causa de los Cuadernos
Características de la megaobra hídrica
El Plan Hídrico del Gran La Plata contempla una inversión que ha escalado desde los $5.537 millones iniciales hasta los $147.000 millones actuales. La planta potabilizadora de Punta Lara está ubicada en Avenida Almirante Brown 1430, en el mismo predio de la histórica Planta «Ing. Donato Gerardi», y abarca una superficie total de 29.500 metros cuadrados.
La nueva infraestructura aumentará en casi un 80% la capacidad de producción y distribución de agua potable, alcanzando un volumen de tratamiento de 23.000 metros cúbicos por hora. Esto permitirá generar 280 litros diarios de agua potable por habitante, beneficiando directamente a más de 855.155 habitantes de la región capital bonaerense, con proyecciones que elevan esta cifra hasta 1.150.000 personas.
El proyecto incluye obras complementarias estratégicas: una estación de bombeo de hormigón armado con capacidad máxima de 36.000 metros cúbicos por hora, una toma de agua cruda del Río de la Plata, un acueducto de agua cruda de 2,2 kilómetros y un acueducto de agua tratada de 6 kilómetros hacia La Plata. La obra forma parte de un plan integral que contempla cinco proyectos adicionales, incluyendo el nuevo acueducto Punta Lara y la rehabilitación del Acueducto Norte.
Nueva planta potabilizadora en La Plata: inversión de 117.514 millones de pesos
Avance de la nueva Planta Potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada
Financiamiento internacional y escalada de costos
El financiamiento principal proviene del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), complementado con aportes del Tesoro Provincial y recursos del Fondo Kuwaití para otras obras del Plan Hídrico. La escalada de costos ha sido significativa: desde los $5.537.470.275,75 iniciales en junio de 2020, pasando por $6.247.374.835,22 en octubre del mismo año, llegando a $117.514 millones en abril de 2025 y alcanzando finalmente los $147.000 millones actuales.
Esta megaobra de infraestructura hídrica genera 136 empleos directos y tiene fecha estimada de finalización para octubre de 2026, aunque algunos funcionarios proyectan que la comunidad tendrá agua potable de calidad «dentro de un año y medio» desde junio de 2025.
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El proceso licitatorio bajo cuestionamiento
La licitación pública internacional, aprobada en agosto de 2020 y con apertura de ofertas en noviembre del mismo año, recibió diez propuestas. El proceso reveló irregularidades significativas que han sido documentadas por la investigación periodística de Border Periodismo.
En un primer informe fechado el 28 de abril de 2021, «se había recomendado adjudicar el contrato a la UTE conformada por DECAVIAL – CGGC (oferta N° 7). Sin embargo, esta propuesta fue finalmente desestimada por considerarse extemporánea». El Banco CAF y la Asesoría General de Gobierno bonaerense avalaron esta decisión argumentando que aceptar esa oferta violaría el principio de igualdad entre oferentes.
La Comisión Evaluadora terminó recomendando la adjudicación a BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – PROBA S.A. – U.T. (Oferta N° 2) por $5.543.014.445,36, que resultó ser la más baja entre las ofertas válidas según los términos de la licitación. Sin embargo, el aspecto más controvertido del proceso fue la omisión completa de los antecedentes penales del adjudicatario.
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Antecedentes de corrupción del adjudicatario
Benito Roggio es un empresario con un historial judicial complejo. Fue procesado y se declaró «arrepentido» en la causa de los «Cuadernos de las coimas«, admitiendo ante la justicia haber pagado sobornos a funcionarios kirchneristas. Específicamente, «declaró haber pagado el 5% en coimas sobre los subsidios recibidos por su empresa Metrovías durante años. Su testimonio fue ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal, y próximamente irá a juicio».
Los Pandora Papers también revelaron que Aldo Benito Roggio y sus hijos constituyeron tres sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas entre julio y noviembre de 2016, para «abrir cuentas bancarias en Suiza y los Estados Unidos». Aunque la familia afirma que estas sociedades son para «planificación familiar» y están declaradas ante la AFIP, estos hallazgos plantean interrogantes adicionales sobre la transparencia financiera del Grupo Roggio.
Omisión de evaluación de antecedentes
El aspecto más crítico del proceso licitatorio fue que «en ningún punto del proceso de evaluación se tomó en cuenta el procesamiento firme de Roggio por corrupción». Esta omisión fue generalizada entre todas las áreas que intervinieron en la licitación, tanto en la administración provincial como en los organismos asesores.
La investigación de Martín Soler revela que «esa omisión fue generalizada entre las áreas que intervinieron en la licitación, tanto en la administración provincial como en los organismos asesores». Esto genera serias dudas sobre los mecanismos de control y la evaluación integral de los oferentes en procesos de obra pública de gran envergadura.
Problemas operativos y paralizaciones
La obra ha enfrentado múltiples dificultades operativas. El inicio oficial se produjo en julio de 2022, pero en febrero de 2024 la obra se neutralizó por «renegociación del contrato y ajustes en el proyecto ejecutivo». Según reportes de El Correo Gráfico, el Grupo Roggio se retiró por «falta de pagos» y la «devaluación del 118%» que afectó significativamente los contratos de obra pública.
El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, aseguró que la obra tiene «prioridad absoluta» y que se trabajaba para reactivarla, lo que finalmente ocurrió con el reinicio paulatino de los trabajos a finales de junio de 2024. Para abril de 2025, el avance físico alcanzaba el 16%, incrementándose al 19% en mayo de 2025.
Abandono de obras en Planta Potabilizadora de Ensenada: Grupo Roggio se retira por falta de pagos
Situación actual del servicio de agua
Paradójicamente, mientras avanza la construcción de la nueva planta potabilizadora, «el servicio de agua en la región no ha mostrado mejoras y, según fuentes técnicas, ha empeorado». Los vecinos reportan baja presión, cortes prolongados y deficiencias en la calidad del agua, lo que refuerza la percepción de ineficiencia en la gestión de la empresa estatal Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).
Los especialistas indican que «el problema central no está en la producción de agua, sino en la red de distribución: cañerías obsoletas, algunas con más de 50 años de antigüedad, pérdidas de hasta el 50% del caudal, falta de mantenimiento preventivo y ausencia de un plan director«.
Deficiencias estructurales del sistema
La empresa operadora ABSA enfrenta serios problemas estructurales. Con «tarifas que no cubren los costos operativos y un déficit financiero crónico, ABSA depende de subsidios estatales y carece de autonomía para ejecutar mejoras estructurales». Para financiarse, según la investigación de Border Periodismo, la empresa recurre a intimidaciones masivas por presunta falta de pago a usuarios que casi no cuentan con un servicio continuo y de calidad.
A esta problemática se suma la disolución del organismo de control del agua OCABA, que dejó a la actual Autoridad del Agua (AdA) sin capacidad efectiva de fiscalización, debilitando aún más los mecanismos de control y supervisión del sistema hídrico provincial.
Contexto político y emergencia de obra pública
El gobernador Axel Kicillof ha anunciado el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para declarar la emergencia de la obra pública nacional en la provincia. Acompañado por Katopodis y el ministro de Economía Pablo López, sostuvo que «el estado de abandono por la paralización está generando accidentes en las rutas, pérdidas para el erario público y deterioro en el bienestar de los bonaerenses».
Durante una conferencia de prensa, el mandatario criticó al gobierno de Javier Milei por el freno total de la obra pública nacional. «Nunca en la historia argentina hubo un parate de dos años en todas las obras de orden nacional», señaló, asegurando que la provincia ya presentó cinco reclamos ante la Corte Suprema por deudas que ascienden a $12 billones.
Katopodis remarcó que la gestión nacional «no solo no activa las obras, sino que tampoco transfiere la jurisdicción para que podamos finalizarlas desde la provincia», denunciando que el Gobierno nacional «lleva más de 600 días sin hacer un solo kilómetro de ruta».
Impacto en la percepción de transparencia
La adjudicación de la mayor obra pública del segundo mandato de Kicillof a una empresa cuyo titular admitió el pago de coimas genera un «paquete bastante explosivo» que afecta negativamente la percepción pública sobre la transparencia en la gestión gubernamental. El hecho de que una empresa vinculada a una causa de corrupción de gran envergadura siga ganando licitaciones de megaobras «llama la atención» y «genera ruido» en la sociedad.
Esta situación puede erosionar la confianza pública en la transparencia de la gestión de la obra pública provincial y sugiere la persistencia de «viejos problemas de gestión, discrecionalidad en la obra pública y falta de transparencia», según concluye la investigación de Border Periodismo.
Proyecciones y desafíos futuros
La nueva planta potabilizadora promete ser una solución estructural para resolver la demanda histórica de agua potable en el Gran La Plata. Se espera que mejore significativamente la calidad del agua al reemplazar agua de origen subterráneo por agua superficial de mejor calidad, especialmente en zonas como Parque San Martín, Gambier y Los Hornos.
Sin embargo, los especialistas advierten que sin una inversión paralela en la modernización de la red de distribución y una reforma integral de ABSA, los beneficios de la nueva infraestructura podrían verse limitados. La obra, lejos de resolver los problemas de fondo, expone las limitaciones estructurales del sistema hídrico provincial.
La corrupción y la construcción van de la mano
La planta potabilizadora de Punta Lara representa una paradoja en la gestión pública bonaerense: una obra necesaria y estratégica empañada por decisiones controvertidas en su adjudicación. El caso ilustra cómo los antecedentes de corrupción de los adjudicatarios no fueron considerados en el proceso licitatorio, generando dudas sobre la transparencia y los mecanismos de control en la obra pública provincial.
Mientras el gobierno de Kicillof defiende la legalidad del proceso y la necesidad urgente de la obra, la investigación de Martín Soler en Border Periodismo revela las inconsistencias de un sistema que prioriza criterios técnicos y económicos por encima de consideraciones éticas fundamentales. La megaobra hídrica, aunque técnicamente necesaria, se convierte así en un símbolo de los persistentes desafíos en materia de transparencia y control en la administración pública argentina.
El futuro del suministro de agua potable en La Plata, Berisso y Ensenada dependerá no solo de la finalización exitosa de esta infraestructura, sino también de las reformas integrales que requiere todo el sistema, desde la red de distribución hasta la gestión empresarial de ABSA y los mecanismos de control gubernamental.
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