Jorge Drkos, propietario del inmueble donde funciona la iglesia Auditorio Altar, envió una carta documento al pastor Juan Osman rescindiendo el contrato de alquiler tras un fallo judicial condenatorio por ruidos molestos. El desalojo efectivo se ejecutará al finalizar la feria judicial en febrero de 2026, marcando el punto culminante de un conflicto vecinal que derivó en amenazas de muerte, agresiones físicas y acusaciones de protección política.
Un conflicto vecinal que comenzó con quejas por ruidos molestos en Berisso ha alcanzado su punto de inflexión judicial. El pastor evangélico Juan Osman y su hija Paula Osman enfrentan ahora no solo denuncias penales por amenazas de muerte y agresiones físicas, sino también la pérdida del espacio donde funciona su iglesia evangélica Auditorio Altar, ubicada en calle 153 entre 9 y 10.
El propietario del inmueble, Jorge Drkos, militante histórico de Berisso y autor del libro «Las vidas que nos faltan» sobre víctimas del terrorismo de Estado en la ciudad, envió el 26 de noviembre de 2025 una carta documento comunicando la rescisión irrevocable del contrato de locación. La medida se fundamenta en un fallo judicial condenatorio emitido por el Juzgado de Faltas N° 1 a cargo de la jueza María Azul Lamoglie.
El fallo que cambió el rumbo del conflicto
El Fallo N° 000121/25 del 6 de noviembre de 2025, dictado en la Causa N° 29/2025, declaró culpable a Osman por infringir el artículo 85 de la Ordenanza 1407/90 sobre ruidos molestos. La resolución judicial, según documenta la carta de Drkos enviada a través de El Correo Gráfico, concluyó que los ruidos provenientes del templo superaban los decibeles normales y perturbaban el descanso de los vecinos, siendo perceptibles a más de 85 metros del lugar.
El fallo se basó en múltiples actas de infracción (N° 1806, 1809, 2101 y 2736) labradas por la Dirección de Control Urbano Municipal, además de registros fílmicos que documentaron las infracciones desde febrero de 2025. La condena estableció una multa para el pastor y se encuentra actualmente apelada por el imputado.
En su carta documento, Drkos especifica que Osman violó las cláusulas primera y séptima del contrato de alquiler, que prohíben realizar actos que causen perjuicio o molestias a la propiedad y a los vecinos. El propietario intimó al pastor a «cesar de inmediato cualquier actividad en el inmueble» y restituir la propiedad en perfecto estado en un plazo de 10 días.
Un giro judicial contradictorio
En un desarrollo que ha generado confusión y frustración entre los vecinos afectados, el Juzgado de Faltas N° 2 emitió una resolución favorable a Osman en una causa paralela. La Resolución N° 00003/2025, fechada el 2 de diciembre de 2026 y firmada por el juez Germán Sheridan, declaró la nulidad insanable del Acta de Infracción N° 6912/2025 en la Causa N° 110/2025.
El motivo: un tecnicismo burocrático. El sello y la firma del funcionario que labró el acta resultaban «absolutamente borroso e ilegible«, impidiendo su correcta individualización. Esta decisión ordenó el levantamiento de una clausura preventiva que pesaba sobre el templo, otorgando un respiro procesal al pastor.
Sin embargo, esta resolución no afecta al fallo condenatorio de la Causa N° 29/2025, ni impide la ejecución del desalojo iniciado por el propietario del inmueble por vía civil. La contradicción entre ambas resoluciones ha alimentado la percepción de impunidad entre los vecinos.
Violencia extrema: el punto de no retorno
El 1 de noviembre de 2025 marcó el episodio más grave del conflicto. Según las denuncias penales presentadas en la Comisaría Primera de Berisso, cuando la abogada y vecina Lucía Merlano ingresó al templo alrededor de las 15:38 horas para solicitar que bajaran el volumen, fue brutalmente agredida por Paula Osman, hija del pastor.
Las víctimas del violento episodio, documentadas en expedientes de la UFIJ N° 17, fueron:
- Lucía Merlano, abogada y vecina, quien según su testimonio escuchó amenazas como «A vos te voy a matar» y «a vos te pagaron para que hagas esto, paga el celular, te voy a matar».
- Sargento Claudia Meza, de la Policía Bonaerense, quien recibió dos golpes de puño en el rostro, fue tomada de los cabellos y arrojada al suelo. Según su declaración oficial, escuchó «ya vas a ver negra de mierda, yo te conozco, te voy a matar, dame el celular».
- Gabriela Di Lorenzo, entonces Directora de Control Urbano Municipal, agredida físicamente mientras intentaba mediar en el conflicto.
- Mariano Sanpietro, vecino que acudió en auxilio de las víctimas.
Las amenazas documentadas en las declaraciones testimoniales incluyeron frases como «te tenemos identificada, sabemos quiénes son y te vamos a matar» y «Uds. no saben con quien se están metiendo, la van a pagar».
La gravedad de los hechos motivó que la UFIJ N° 17 dictara una medida cautelar con restricción perimetral para impedir que Juan y Paula Osman se acerquen a las víctimas.
Intimidación sistemática y sombra política
Los vecinos denuncian que la violencia del 1 de noviembre no fue un hecho aislado, sino la culminación de meses de intimidación sistemática. Según reporta El Correo Gráfico, tras las primeras denuncias en febrero de 2025, un grupo de hombres con mamelucos blancos de la empresa AESA, liderados por Juan Osman, recorrieron el barrio golpeando puertas y gritando «quiénes son los que se metieron con el pastor«.
Las acusaciones de protección política apuntan a Mauricio Giménez, Director Municipal de Culto y también pastor evangélico, como presunto nexo entre Osman y el intendente Fabián Cagliardi. La investigación periodística de El Correo Gráfico reveló que Giménez tenía vínculos laborales con AESA, la misma empresa cuyos empleados participaron en los actos de intimidación.
Gabriela Di Lorenzo renunció a su cargo de Directora de Control Urbano el 16 de noviembre de 2025, apenas dos semanas después de ser agredida. Aunque oficialmente atribuyó su salida a «diferencias de criterio respecto a una habilitación comercial«, en declaraciones exclusivas a El Correo Gráfico defendió su actuación en el conflicto con la iglesia de Osman y reveló que «los vecinos tienen mucho miedo. El pastor se enoja con todos. Ya tuvo problemas vecinales cuando estuvo en calle 8 y 148 y cuando estuvo en 30 y 164«.
La defensa contradictoria del pastor
A través de sus redes sociales el 17 de diciembre de 2025, Juan Osman se defendió presentándose como víctima de persecución política. Según su versión, el conflicto se debe a su decisión de no alinearse con el poder político local, afirmando: «por no estar o compartir en la política se me cierran las puertas».
Como evidencia, mencionó la suspensión de permisos para eventos evangelísticos en el Parque Cívico y el Gimnasio Municipal. Sin embargo, esta narrativa se desmorona al constatar que la notificación de dicha suspensión le fue comunicada por Mauricio Giménez, el mismo funcionario señalado como su presunto protector político.
Por su parte, en citas de una publicación en las redes que tomó FM 3 Ciudades, el pastor negó de manera categórica las acusaciones de amenazas y agresiones, sosteniendo que, por el contrario, fueron víctimas de hechos de violencia por parte de personas ajenas a la congregación. Afirmó que la situación también fue denunciada ante la Justicia y que existe una medida cautelar vigente que están respetando.
El desalojo tras la feria judicial
La feria judicial, según información del Tribunal Superior de Justicia, se extenderá desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 1 de febrero de 2026. Durante este receso, los plazos procesales quedan suspendidos, lo que significa que el desalojo efectivo del templo Auditorio Altar no podrá ejecutarse hasta la reanudación de la actividad judicial ordinaria.
En su carta al intendente Cagliardi del 16 de diciembre de 2025, Drkos describe el clima de temor que viven los vecinos: «Los vecinos viven con miedo y desesperación quieren recuperar el derecho al descanso y a una vida sin amenazas». El propietario del inmueble también informó que el 14 de diciembre se registraron nuevos episodios de ruidos excesivos, demostrando una aparente impunidad.
Drkos solicitó formalmente una reunión urgente con el Consejo Pastoral y el Director de Culto Municipal para exponer la problemática, recordando que en Berisso funcionan 48 iglesias evangélicas en armonía con la comunidad, lo que evidencia que el problema no es la libertad de culto sino las conductas específicas de esta congregación.
Un conflicto que expone las fracturas institucionales
El caso del pastor Juan Osman en Berisso expone tensiones más profundas sobre cómo las instituciones responden cuando convergen la libertad de culto, los derechos ciudadanos, presuntas alianzas políticas y la violencia extrema.
Mientras los fallos judiciales contradictorios generan frustración, y las denuncias penales siguen su curso, los vecinos aguardan que, tras la feria judicial de febrero, el desalojo ordenado por Drkos se ejecute y puedan recuperar la tranquilidad de un barrio que, según su descripción, era conocido como «un barrio de vecinos, de gente grande«.
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