El Concejo Deliberante de Berisso aprobó el 1 de diciembre de 2025 el Presupuesto 2026 del Municipio por un monto total de $73.070.950.000, en medio de una sesión marcada por tensiones políticas, acusaciones cruzadas y serios cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos. La votación arrojó 12 votos a favor —provenientes del bloque oficialista Unión por la Patria y el concejal Daniel Del Curto (Unión, Fe y Renovación)— contra 7 votos en contra de los bloques opositores UCR–AMUBE, La Libertad Avanza y Juntos por el Diálogo Federal.
La aprobación del plan financiero para el próximo año deja en evidencia una profunda división en el cuerpo legislativo local y genera preocupación entre los vecinos por el impacto que las decisiones presupuestarias podrían tener en la calidad de los servicios públicos, la presión tributaria y el desarrollo de obras en la ciudad.
El debate central: Transparencia vs. Gobernabilidad
El núcleo del debate giró en torno a dos visiones antagónicas sobre cómo debe gestionarse el dinero de los contribuyentes. Por un lado, el oficialismo defendió el presupuesto como una herramienta indispensable para sostener los servicios esenciales en un contexto de crisis económica, argumentando que el municipio opera sin recursos del gobierno nacional. Por otro lado, la oposición unificó su rechazo denunciando la existencia de casi $19 mil millones en partidas sin justificación clara, lo que consideran un obstáculo crítico para el control ciudadano y la rendición de cuentas.
El concejal oficialista Gabriel Marotte fue contundente al defender la iniciativa: «Los recursos nacionales afectados son cero. El gobierno nacional no envió fondos directos a nuestra ciudad». Según Marotte, el presupuesto «no es una proyección ficticia, sino una herramienta basada en datos reales, pensada para mejorar día a día la calidad de vida de los vecinos».
Sin embargo, la concejala opositora Melisa Aguilera de La Libertad Avanza contrapuso esta visión con datos precisos: «No vamos a avalar un presupuesto con fondos sin destino, salarios sin explicación y millones de pesos sin control».
Las denuncias de la oposición: $19 mil millones en la sombra
El punto más impactante del debate fue la denuncia de irregularidades presupuestarias que, según los bloques opositores, comprometen la transparencia del gasto público. Los concejales identificaron tres categorías principales de fondos cuestionados:
Partidas «Sin clasificar»: Más de $2.050 millones
Aguilera reveló la existencia de una partida superior a $2.050 millones que figura en el presupuesto bajo la denominación «sin clasificar», es decir, sin finalidad definida, sin asignación programática y sin explicación técnica. Esta práctica, según la oposición, impide cualquier forma de fiscalización y control por parte del Concejo Deliberante y de los ciudadanos.
La concejala calificó esta situación como «un robo a los vecinos», argumentando que fondos de esta magnitud sin un propósito claro representan un desafío fundamental para la auditoría pública.
«Bonificaciones varias»: $16.600 millones sin criterio definido
Un segundo punto crítico se centró en el concepto ambiguo de «bonificaciones varias», que suma un total de $16.600 millones en gastos de personal sin ninguna descripción sobre a quiénes se pagan o bajo qué criterios. Aguilera proporcionó un ejemplo concreto: en la Secretaría de Gobierno, de un presupuesto total de $6.402 millones, más de $2.477 millones —aproximadamente un tercio del gasto salarial— están imputados bajo este concepto genérico.
Adicionalmente, la concejala denunció que en la misma secretaría «más de $437 millones aparecen bajo el concepto ‘modificaciones’ sin ningún tipo de especificación». Esta falta de detalle, según la oposición, abre la puerta a la discrecionalidad en la administración de la nómina municipal y dificulta verificar que los fondos se correspondan con criterios de mérito o normativas laborales.
Total cuestionado: Casi $19 mil millones
La suma de las partidas «sin clasificar» y las «bonificaciones varias» resulta en casi $19.000 millones asignados de manera imprecisa. Para dimensionar el impacto de esta cifra, la oposición calculó que equivale a entre $170.000 y $360.000 por vecino, recursos que, según argumentaron, podrían destinarse a reducir impuestos, fortalecer obras públicas o mejorar el resultado financiero del municipio.
El concejal Patricio Yalet de UCR–AMUBE reforzó esta crítica señalando que en el área de Obras Públicas «no figuran los montos afectados y dice cero pesos», lo que implica, en su opinión, «cien por ciento de discrecionalidad» para que el intendente decida cómo usar esos fondos sin control previo del Concejo.
La estructura del gasto: 80% en salarios
Otro eje central de las críticas fue la estructura general del presupuesto, caracterizada por una alta concentración de recursos en el pago de salarios. Los concejales opositores citaron cifras convergentes: Matías Nanni de UCR–AMUBE afirmó que «casi el 76 por ciento se destina a sueldos», mientras que Yalet elevó esa cifra al 80%.
Esta rigidez presupuestaria, según la oposición, compromete severamente la capacidad de inversión y la mejora de los servicios públicos municipales. Nanni fue categórico: «El 80% son sueldos. Eso no es destinarlo al vecino». Su análisis señaló que mientras el presupuesto total aumentó un 26%, la partida para Desarrollo Social solo subió un 5,1%, lo que representa un incremento «15 puntos por debajo de la inflación» proyectada, traduciéndose en un recorte real en términos de poder adquisitivo.
Áreas afectadas: Menos recursos para servicios esenciales
El análisis comparativo presentado por la oposición evidencia una reasignación de prioridades que, según argumentaron, fortalece la «estructura política» en detrimento de los servicios directos al ciudadano:
- Desarrollo Social: Aumento de solo 5,1% (de $1.261 millones en 2025 a $1.325 millones en 2026), calificado como recorte real.
- Servicios Públicos: Yalet denunció una «reducción muy importante» en el área de limpieza.
- Delegaciones: De los $5.350 millones para Intendencia, solo quedan menos de $600 millones para las dos delegaciones, lo que representa «menos del 1 por ciento del presupuesto».
- Obras Públicas: Asignación de fondos «cero» que permite total discrecionalidad.
En contraste, se señalaron «incrementos importantes» en áreas como Intendencia, Concejo Deliberante, Seguridad, Economía y Gobierno.
La defensa oficialista: realismo y responsabilidad
Frente a estas acusaciones, el bloque de Unión por la Patria defendió el presupuesto como un reflejo de «la realidad concreta» del distrito, diseñado para asegurar la gobernabilidad y atender las necesidades urgentes de la comunidad en un contexto económico adverso.
Marotte enfatizó que más del 55% de los fondos se orienta a necesidades sociales y servicios públicos, y un 21,6% se destina a mantenimiento urbano y asistencia social. Como ejemplo de planificación, mencionó la inauguración del primer hospital de salud mental de la ciudad.
El oficialismo también acusó a los bloques opositores de montar un «juicio político permanente» y de tener una «intencionalidad política» para «esmerilar» y condicionar la gestión del intendente Fabián Cagliardi. Marotte expresó: «Una cosa es la crítica y otra es negarse a darle al intendente una herramienta fundamental para administrar».
El concejal oficialista añadió: «Nos gustaría tener más recursos para hacer más, pero gobernamos con lo que tenemos y con responsabilidad». Además, anticipó que las cuentas serán evaluadas por el Tribunal de Cuentas, asegurando que «desde el primer día de gestión hubo orden económico y financiero».
El impacto en los vecinos: Menos transparencia, más impuestos
Para los ciudadanos de Berisso, las implicaciones de este debate presupuestario van más allá de las discusiones políticas en el Concejo Deliberante. La falta de transparencia y la alta concentración del gasto en salarios plantean interrogantes sobre la calidad de los servicios que recibirán y la presión tributaria que deberán soportar.
Si las denuncias de la oposición son precisas, los casi $19 mil millones en partidas sin justificación clara representan una oportunidad perdida para:
- Reducir la carga impositiva: Los vecinos podrían ver aliviada su presión tributaria si estos fondos se gestionaran de manera más eficiente.
- Mejorar servicios esenciales: Áreas como Desarrollo Social, limpieza y mantenimiento urbano podrían recibir mayor financiamiento.
- Impulsar obras públicas: La inversión en infraestructura, actualmente con asignación «cero» en algunas partidas, podría generar mejoras tangibles en la ciudad.
El concejal Maximiliano Fernández de Juntos por el Diálogo Federal resumió la posición opositora: «Nos presentan números sin auditorías claras ni mecanismos de evaluación. Así es imposible ejercer control». Su rechazo al presupuesto lo definió como una «definición política responsable» ante la falta de información clara.
La ausencia de mecanismos de control
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por la oposición es la ausencia de mecanismos institucionales para la supervisión y el control del presupuesto una vez aprobado. Fernández argumentó que el Concejo Deliberante carece de «herramientas para controlar el cumplimiento de las metas» del presupuesto, lo que en la práctica hace «imposible ejercer control».
Esta debilidad estructural, según los críticos, otorga un poder excesivo al Ejecutivo para modificar el destino de los fondos sin la debida fiscalización. La formulación del presupuesto de Obras Públicas con «cero pesos» asignados es, para la oposición, el ejemplo paradigmático de esta discrecionalidad total.
Un presupuesto terrorífico aprobado, una ciudad dividida
A pesar de los fuertes cuestionamientos técnicos y políticos, el Presupuesto Municipal 2026 fue sancionado por mayoría simple. Sin embargo, la aprobación deja en evidencia una ciudad profundamente dividida en su visión sobre cómo deben gestionarse los recursos públicos.
Para el oficialismo, el presupuesto es una herramienta esencial para sostener la ciudad en tiempos de crisis, priorizar las necesidades sociales y mantener los servicios esenciales. Para la oposición, representa un documento opaco, sin planificación estratégica y con un margen inaceptable de discrecionalidad que limita el control ciudadano.
Lo que resulta innegable es que ambas visiones coinciden en un punto: el presupuesto no es solo un conjunto de números, sino un documento que define las prioridades políticas de una comunidad y determina qué modelo de ciudad se construye.
Preguntas sin responder
El debate presupuestario en Berisso deja varias interrogantes sin resolver que los vecinos deberán seguir de cerca durante 2026:
- ¿Cómo se ejecutarán los casi $19 mil millones en partidas sin justificación clara?
- ¿Se traducirá el alto gasto en salarios en una mejora de los servicios públicos?
- ¿Existirán mecanismos efectivos de auditoría y control para garantizar la transparencia?
- ¿Cómo afectará la asignación «cero» en Obras Públicas al desarrollo de infraestructura en la ciudad?
Para los ciudadanos de Berisso, la aprobación de este presupuesto marca el inicio de un año donde la fiscalización ciudadana y la exigencia de transparencia serán más importantes que nunca. El desafío es claro: transformar este debate legislativo en un ejercicio de participación cívica activa que garantice que el dinero de los contribuyentes se utilice de manera eficiente, transparente y en beneficio de toda la comunidad.
Como expresó Marotte en defensa del presupuesto: «La diferencia entre defender o no este presupuesto es una decisión política. No estamos discutiendo en abstracto, estamos discutiendo un modelo de ciudad». Y en esa discusión, los vecinos de Berisso tienen, o no tienen, la última palabra.
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