Un caso de Salud Mental laboral utilizada presuntamente como herramienta disciplinaria sacude a la administración bonaerense y reabre el debate sobre los límites entre asistencia y persecución dentro del Estado. El denunciante es Ezequiel Martínez, trabajador del gobierno provincial, quien asegura que fue sometido a una intervención irregular apenas cuatro meses después de la muerte de su hijo.
Según su relato publicado en RealPolitik, todo comenzó con una convocatoria bajo un motivo distinto al que finalmente se produjo.
Una reunión que terminó en emboscada institucional
Martínez sostiene que fue citado por el entonces subsecretario general Guillermo Paván para una reunión centrada en un reclamo administrativo por horas extras. La cita, según su testimonio, iba a incluir únicamente a la directora de Personal.
El escenario real fue otro. «Me estaban esperando psicólogos, psiquiatras, abogados, licenciados, asistentes sociales, gremialistas que ni conocía, gente de todos lados. Me hicieron una cama terrible», relató el trabajador.
La documentación reunida durante la investigación plantea un interrogante institucional de fondo: qué llevó a un equipo de Salud Mental del ministerio que conduce Nicolás Kreplak a intervenir en un conflicto laboral dentro de la Casa de Gobierno bonaerense, por fuera del circuito formal de juntas médicas.
El informe de 2022 que activó la maquinaria administrativa
Una nota oficial fechada el 2 de mayo de 2022, firmada por Martín Taramasco, entonces director de Asistencia en Salud Mental y Consumos Problemáticos, deja constancia de una reunión realizada el 20 de abril de ese año en Casa de Gobierno por la situación de Martínez.
El documento fue elaborado con la participación de la licenciada en Psicología Lis Fischer y la licenciada en Trabajo Social Noelia Ferreyra, ambas identificadas como parte de la subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud.
El informe describe al trabajador con términos como «desorganizado», «inestable emocionalmente» y con «verbalizaciones y conductas violentas». A partir de ese diagnóstico, el documento recomienda evaluar «la posibilidad de tomar medidas institucionales necesarias para otorgarle una licencia médica prolongada».
Para Martínez, ese informe fue el disparador de una cadena administrativa que derivó en junta médica, suspensión e intento de jubilación. «Después de esa evaluación que hizo la subsecretaría de Salud Mental, a mí me hicieron junta médica para suspenderme y para jubilarme», afirmó.
La contradicción de 2026: la propia subsecretaría niega haber intervenido
Cuatro años después, al reclamar la documentación completa sobre aquel episodio, Martínez recibió una respuesta que contradice el peso administrativo del informe original de 2022.
La subsecretaría sostuvo en una constancia reciente que «no realiza juntas médicas ni procesos en diagnóstico para ningún tipo de pericias para procesos judiciales ni conflictividad laboral», y que no existe registro formal de evaluación vinculada a juntas médicas en el caso.
El mismo documento aclara que las entrevistas del área tienen siempre un fin asistencial, y remite la competencia de las juntas médicas laborales a la dirección de Salud Ocupacional, dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Martínez recibió esa respuesta «en disconformidad», según dejó asentado por escrito, cuestionando el contenido del documento.
Preguntas sin responder sobre la intervención de Salud Mental laboral
El caso deja planteados varios interrogantes sobre el funcionamiento interno del Estado bonaerense. Si la subsecretaría asegura no intervenir en conflictos laborales, resulta necesario esclarecer por qué en 2022 produjo un informe sobre el estado emocional de un empleado en el marco de un reclamo administrativo, quién ordenó esa intervención y qué uso posterior tuvo el documento.
Martínez insiste en que nunca fue convocado a un ámbito médico ni a una junta formal. «Yo estaba reclamando horas extras. Me llamaron para una reunión y me encontré con una cama armada. A cuatro meses de la muerte de mi hijo, me pusieron psicólogos, psiquiatras, abogados, asistentes sociales y gremialistas que ni conocía», denunció.
El trabajador remarcó además que sus juntas médicas correspondían a otra dependencia estatal. «Mis juntas médicas pertenecen a gobernación, a la dirección de Medicina Ocupacional. Esta gente no tenía nada que hacer ahí», sostuvo.
Poder disciplinario y contexto de duelo
El caso expone una posible utilización disciplinaria de herramientas vinculadas a la salud mental dentro del Estado bonaerense, agravada por el contexto personal del trabajador, quien atravesaba un duelo reciente al momento de los hechos.
Martínez explicó: «Soy un trabajador que hace terapia desde hace años. Es imposible que yo atente contra la salud mental; la considero un pilar fundamental para mi vida, mi duelo y mi tratamiento». Y agregó que, tras aquella intervención cuestionada, todas las juntas médicas posteriores recomendaron su reincorporación, algo que hasta hoy no logró.
La contradicción entre el informe de 2022 y la negativa institucional de 2026 constituye el eje central del reclamo. Según medios provinciales especializados en la gestión del Ministerio de Salud bonaerense, la subsecretaría conducida bajo la órbita de Kreplak concentra su actividad oficial en programas de desmanicomialización y atención territorial, según consta en el propio sitio institucional del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, lo que profundiza el interrogante sobre por qué habría intervenido en un conflicto administrativo puntual. La trayectoria del ministro puede consultarse en su perfil biográfico, mientras que la estructura de gobierno de la provincia está detallada en el sitio oficial de la Provincia de Buenos Aires.
Un caso que interpela a la administración bonaerense
Martínez continúa reclamando su reincorporación mientras busca demostrar documentalmente que la intervención de 2022 existió y tuvo consecuencias laborales concretas. «Ellos dicen que nunca me intervinieron, que nunca me evaluaron. Pero la nota está. Esa evaluación fue la que me llevó a que me suspendieran», concluyó.
El desenlace de este reclamo podría sentar un precedente sobre los límites entre asistencia sanitaria y disciplinamiento laboral dentro de los organismos del Estado bonaerense, una discusión que excede el caso individual y alcanza a miles de trabajadores públicos de la región.
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