La Justicia Penal de la Provincia de Buenos Aires dictó el 14 de julio de 2025 el sobreseimiento definitivo de Gabriel Ángel Ramallo Serrano en la causa caratulada «Ramallo Serrano, Gabriel Ángel s/Hurto», comprobando la «inexistencia de conducta delictiva alguna» por parte del vecino de 60 años. La resolución judicial reveló que el tráiler municipal supuestamente robado había sido instalado por la propia Municipalidad de Berisso en el predio de Ramallo con su consentimiento para resguardarlo de actos de vandalismo, desvirtuando completamente las acusaciones que motivaron un polémico operativo de demolición en octubre de 2024.
El fallo representa un duro golpe a la credibilidad de la gestión del intendente Fabián Cagliardi y su secretario de Seguridad, Federico Ruiz, quienes orquestaron un operativo con maquinaria pesada y efectivos policiales que demolió la vivienda y el kiosco de Ramallo en la playa de Palo Blanco, sin orden judicial específica de desalojo.
El montaje revelado por la Justicia
La investigación judicial determinó que el famoso tráiler sanitario, del cual supuestamente Ramallo había robado cuatro ruedas, «había sido puesto por el propio municipio en el terreno de Ramallo» con su consentimiento expreso «para su resguardo frente a reiterados hechos de vandalismo» en la zona costera de Berisso.
Esta revelación confirma las denuncias de vecinos y familiares que desde el primer momento calificaron el caso como una «cama» o «montaje» para despojar a Ramallo de su propiedad, sugiriendo intereses inmobiliarios especulativos detrás del operativo municipal.
El Estudio Jurídico VPF & Asociados, representado por los abogados Claudio Venchiarutti y Laura Fernández, logró demostrar la improcedencia total de las acusaciones. «Este resultado reafirma que el derecho de defensa no es una formalidad, sino una herramienta real para restaurar el honor y la verdad frente a los excesos de poder», declararon los letrados.
Cronología del atropello institucional
El 28 de octubre de 2024, por orden de la UFI N° 3, se realizó un allanamiento en el terreno de Ramallo bajo acusación de hurto. No se encontraron las ruedas denunciadas ni otros equipos de rescate, pero se descubrieron armas de fuego que Ramallo entregó voluntariamente, afirmando que eran herencia familiar destinada a caza deportiva.
Al día siguiente, 29 de octubre de 2024, en una acción sin precedentes, funcionarios municipales llegaron a Palo Blanco con topadoras, palas mecánicas y tres patrulleros para demoler estructuras en la propiedad. Testigos presenciales, incluyendo una efectiva policial, denunciaron la ilegalidad de la acción: «Esto está mal, esto es ilegal», según consta en las declaraciones recabadas.
La hija de Gabriel Ramallo, Gabriela, relató ante el Concejo Deliberante el «impacto físico, emocional y económico» sufrido por su familia. «No encontraron nada incriminatorio, y aun así derribaron su casa», declaró, describiendo cómo su padre de casi 70 años estuvo «una semana encerrado en una jaula» tras su detención.
Cagliardi y Ruiz: Candidatos comprometidos
El escándalo cobra particular relevancia considerando que tanto Fabián Cagliardi como Federico Ruiz se han postulado como candidatos a concejales en las próximas elecciones municipales. El intendente Cagliardi, ahora en calidad de candidato testimonial, y su secretario de Seguridad Ruiz enfrentan serios cuestionamientos sobre su gestión y el uso de recursos públicos en operativos sin sustento legal.
La connivencia entre funcionarios municipales y policiales quedó expuesta a través de las actuaciones del Comisario José Mezza del Comando Patrulla Berisso y el Comisario Leonardo Gallo, quienes participaron activamente en el operativo de demolición sin contar con las órdenes judiciales correspondientes.
Falta de respuestas del poder legislativo
El 20 de noviembre de 2024, durante la 12° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, la concejal Mariana Astorga presentó un pedido de informe urgente sobre el operativo en Palo Blanco. El pedido fue aprobado por unanimidad con un plazo de 72 horas para la respuesta del Ejecutivo municipal.
Sin embargo, la administración Cagliardi nunca respondió el informe requerido, incrementando la desconfianza en las autoridades locales y generando sospechas sobre posibles irregularidades que se intentan ocultar.
El concejal oficialista Gabriel Marotte intentó defender la postura municipal alegando que «la parcela del señor Ramallo no se vio involucrada en nada porque nosotros respetamos la propiedad privada», declaración que quedó desmentida por los hechos y la posterior resolución judicial.
Daños irreparables y alarma social desproporcionada
El residente histórico de Palo Blanco, quien durante más de 20 años colaboró activamente con las autoridades locales cuidando la zona costera y el puesto sanitario, sufrió daños personales, económicos y reputacionales de magnitud considerable.
La cobertura mediática inicial generó una «alarma social desproporcionada» y una «distorsión mediática» que presentó a Ramallo como un potencial criminal, afectando innecesariamente su reputación y la tranquilidad de la comunidad berissense.
La demolición de su vivienda y kiosco, que constituían parte de su fuente de trabajo, representó un despojo ilegal que, según la justicia, careció de toda justificación legal. La resolución judicial de febrero de 2025 que le otorgó la suspensión del juicio a prueba por tenencia de armas también confirmó que las armas eran herencia familiar sin intención delictiva.
Red inmobiliaria y especulación en Palo Blanco
Las denuncias apuntan a la existencia de una red inmobiliaria ilegal que busca apropiarse de terrenos valiosos en la zona costera de Berisso. Vecinos y opositores han sugerido que el operativo respondía a una «estrategia sistemática para beneficiar a ciertos grupos en el mercado inmobiliario local».
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La política de desalojo implementada por la gestión Cagliardi ha sido calificada como una respuesta a «intereses especulativos sobre la tierra», utilizando recursos públicos y fuerzas de seguridad para intervenir en conflictos privados con fines cuestionables.
Denuncia penal y consecuencias judiciales
El 22 de noviembre de 2024 se presentó una denuncia penal (PP N° 06-067961-24/00) en la UFI N° 1 por la fiscal Ana Medina, ratificando los hechos denunciados y abriendo una investigación formal sobre las irregularidades cometidas.
La denuncia incluye acusaciones de corrupción, abuso de poder y connivencia policial-municipal, vinculando directamente al intendente Cagliardi y su secretario Ruiz con un operativo que la justicia ha invalidado completamente.
Las repercusiones significativas de esta investigación podrían afectar el futuro político de ambos funcionarios, especialmente considerando sus actuales candidaturas a concejales.
Crisis de credibilidad institucional
El caso Ramallo se ha transformado en un símbolo de la crisis de confianza en las autoridades de Berisso. La vindicación judicial del vecino, sumada a las graves acusaciones de corrupción y abuso de poder, plantea interrogantes fundamentales sobre la integridad de la gestión municipal.
La sociedad berissense exige respuestas ante lo que muchos consideran un «atropello terrible» y un «precedente peligroso» para los derechos ciudadanos. La forma en que se manejen las investigaciones en curso será crucial para restaurar la credibilidad institucional en la ciudad.
Responsabilidad de los medios y distorsión informativa
El desenlace del caso también pone de manifiesto la responsabilidad de los medios de comunicación al informar sobre situaciones legales complejas. La distorsión mediática inicial contribuyó a generar una imagen errónea de los hechos, afectando la reputación de un ciudadano inocente.
La reparación institucional lograda a través del sistema judicial demuestra la importancia de verificar las fuentes y evitar el sensacionalismo en casos que involucran acusaciones penales no confirmadas.
Precedente peligroso para los derechos ciudadanos
Lo ocurrido en Palo Blanco sienta un precedente peligroso donde un ciudadano puede perder su hogar y sustento sin un proceso judicial adecuado. El uso de maquinaria pesada y efectivos policiales para demoler propiedades sin órdenes específicas de desalojo representa una violación flagrante de los derechos constitucionales.
La actuación arbitraria y abusiva de funcionarios municipales y policiales, calificada por testigos como «excesos de poder» e «ilegal», requiere una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y evitar que se repitan estos atropellos.
Un acto de justicia tardía
El sobreseimiento definitivo de Gabriel Ángel Ramallo Serrano representa un «claro acto de justicia y reparación institucional» frente al atropello sufrido por un ciudadano que colaboraba activamente con las autoridades locales.
La resolución judicial confirma que no existió conducta delictiva alguna por parte de Ramallo, desmantelando completamente el andamiaje de acusaciones que sirvió de pretexto para un operativo municipal sin precedentes.
La vinculación del intendente Cagliardi y su secretario Ruiz con este «operativo sin precedentes» que la justicia ha invalidado, junto con la falta de respuestas claras al Concejo Deliberante, genera desconfianza profunda en las autoridades locales y cuestiona la transparencia en las operaciones inmobiliarias.
La denuncia penal en curso y las investigaciones abiertas podrían tener consecuencias significativas para los funcionarios implicados, especialmente considerando sus actuales candidaturas políticas.
El caso Ramallo quedará en la memoria de Berisso como un ejemplo de resistencia ciudadana frente al abuso de poder y como una demostración de que el sistema judicial puede funcionar como último bastión de defensa de los derechos constitucionales cuando las autoridades locales fallan en su responsabilidad de proteger a los ciudadanos.
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