Por intermedio de sus representantes gremiales, los obreros del Astillero Rio Santiago repudiaron el incumplimiento por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal del acuerdo establecido entre las partes en conflicto. Pese a que, a instancias de la Pastoral Social Católica, se había comprometido a abrir un canal de diálogo, el ejecutivo provincial incumplió esta promesa y presentó una denuncia penal contra dos dirigentes sindicales.
El gobierno de Vidal realizó una denuncia penal contra el titular de ATE bonaerense, Oscar de Isasi, y el secretario general del gremio en Ensenada, Francisco Banegas por la toma del Ministerio de Economía bonaerense, realizada el 18 de septiembre en el marco de una protesta laboral. A los referentes gremiales se los imputó por los presuntos delitos de coacción agravada, en grado de tentativa, incitación a la violencia colectiva y atentado contra la autoridad.
Desde el sector gremial que representa a los trabajadores del Astillero, criticaron esta maniobra judicial y aseguraron mediante un comunicado que “hemos sido víctimas una vez más del incumplimiento del Acta Acuerdo por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que encabeza María Eugenia Vidal».
En el comunicado público, que llevó el sello de la Comisión Administrativa de ATE Seccional Ensenada, también remarcaron que “los trabajadores hemos sido víctimas de la paralización total de las 6 obras navales en curso. Han parado el alistamiento del buque Eva Perón, al cual le queda un 3% de alistamiento, y que la cartera de Lacunza se niega a invertir unos 100 millones de pesos para concretar su entrega definitiva a la empresa PDVSA de la República Bolivariana de Venezuela. Además, se detuvieron las obras en las 3 gradas de construcción, en la grada 1 con más del 85% de avance físico, el buque productor «Juana Azurduy» y en las dos gradas restantes las lanchas de instrucción para la Armada Argentina (LICA)”.
Por su parte, el denunciado Francisco Banegas, sostuvo que “no nos sorprende la actitud de los funcionarios del Gobierno que, por un lado se comprometen y piden que se bajen los decibeles en los medios y en la calle para entablar un diálogo, y por el otro vemos que viola estos acuerdos”. Asimismo, el dirigente aseguró que “esta judicialización no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a defender al Astillero hasta la muerte”.
Desde el lado del gobierno mientras tanto, la gobernadora Vidal negó durante los últimos días que se estén efectuando políticas de ajuste para con el astillero y culpabilizó por los disturbios a los referentes gremiales y al intendente de Ensenada, Mario Secco.
Vidal argumentó ante los medios que “el gobierno no hizo despidos masivos en el Astillero, nada que no estuviera en el marco de las jubilaciones, retiros voluntarios. Nunca se intentó cerrar, ni privatizar, ni vender”.
Finalmente la funcionaria denunció “hechos de violencia provocados por personas que actúan en política, como el intendente Mario Secco. Y por personas que están dentro del gremio que claramente estaban involucradas en hechos de corrupción. Entonces, yo no puedo más que pensar que en el Astillero hubo intencionalidad política»
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