#18F: La larga marcha hacia el #23O

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(Por Julio Villalonga*) El mayor costo político para el Gobierno nacional no derivará de la multitudinaria marcha del 18-F, cuya convocatoria estuvo en cabeza de un grupo de fiscales y fue amplificada por la prensa opositora. Lo peor para Cristina Kirchner será el contenido de las declaraciones de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien este jueves volvió a insistir en que no cree en absoluto la tesis del suicidio de su ex esposo, el fiscal especial del caso AMIA Alberto Nisman.

Que una persona tan cercana por años al funcionario judicial fallecido, que seguramente lo conocía quizás mejor que nadie, además de ser una magistrada con amplia experiencia en investigaciones complejas, dude por ahora basada solo en algunos indicios de la principal hipótesis de la fiscal Viviana Fein, pone en aprietos al Ejecutivo. Y lo hace porque de este modo las sospechas por el violento final de Nisman arrastran al Gobierno, lo que sin duda, más allá del daño ya cometido con la propia muerte, profundizará durante la inminente campaña la instalada sensación de involucramiento de la Casa Rosada. Después de lo que dijo Arroyo Salgado, quienes sostienen la tesis del magnicidio algunos de los fiscales de la marcha, por ejemplo ganan oxígeno en su intento por instalar el extremo de una conspiración de la que Cristina Kirchner no sería ajena.

Esta variante no es ingenua, y aunque no tenga segundas intenciones la ex esposa de Nisman no lo ignora. Si al fiscal especial lo indujeron a suicidarse o lo mataron, la causa debería viajar al fuero federal, donde es evidente la rebelión antiK de jueces y fiscales. Y esto vale tanto ahora, en los próximos meses, como para el futuro, después del traspaso del poder en diciembre de este año.

Cuando se habla de la grieta en nuestro país pocos asuntos son más dignos de entrar en esta categoría que el de Nisman. Por una década alineado sin fisuras con las tesis de los halcones de los servicios secretos de Estados Unidos e Israel en relación al caso AMIA, cuyo único objetivo era acusar a la República Islámica de Irán, el fiscal comenzó a ver cómo la Presidenta derrumbaba su escuálido edificio investigativo en 2011 con los primeros pasos en el viraje del Gobierno argentino, que con el acercamiento a Irán alegaba tener la intención de activar una causa que llevaba 17 años de inacción. El propio fiscal acumulaba a su vez ocho años de escasa actividad y un presupuesto varias veces millonario.

Arroyo Salgado, de su lado, llevaba adelante una carrera judicial que la había depositado en el estratégico juzgado federal de San Isidro, el mismo que había ocupado Roberto Marquevich, que salió eyectado de él por gestión del Grupo Clarín luego de que el magistrado ordenara la detención de su principal accionista, Ernestina Herrera de Noble, en la causa por la adopción de sus dos hijos en 1977, en plena dictadura cívico-militar. Arroyo Salgado puso manos a la obra y llevó a los dos jóvenes a unas controvertidas tomas de ADN que, finalmente, no dieron resultado positivo cuando se las comparó con las muestras archivadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

La jueza y su esposo eran criticados hasta entonces por su alineación con el Ejecutivo, lo que tenía carnadura por su evidente cercanía con la cúpula de la SIDE kirchnerista. Varios de los que hoy se rasgan las vestiduras por la muerte del fiscal especial jueces, fiscales, políticos y periodistas acusaban a la pareja Nisman-Arroyo Salgado de ser parte de la avanzada del kirchnerismo sobre la justicia independiente.

No es esta la única paradoja del caso, pero pone de manifiesto el cinismo que impera en la dirigencia argentina de casi todos los sectores. Más allá del bien y del mal, el papa Francisco que fue víctima de las «pinchaduras» de teléfono de aquella SIDE comandada por Antonio Jaime Stiuso, con el aval de los Kirchner recibió el mismo 18-F en Roma a Sergio Burstein, el titular de 18J, una de las organizaciones de familiares de víctimas del atentado a la AMIA que se mantiene cerca del Gobierno nacional desde que enderezó su camino en el caso y que apoyó sin retaceos la firma del memorándum de entendimiento con Teherán. Otra paradoja.

Que Nisman se volviera de manera violenta contra el Gobierno no es una sorpresa. Su militancia sionista fue la que lo llevó al puesto de fiscal especial con que fue designado por Néstor Kirchner, más allá de lo que digan ahora desde la Casa de Gobierno, pretendiendo imponer la formalidad de que es el Procurador General de la Nación, sin posibilidad de injerencia de la Presidencia, quien designa a los fiscales.

Kirchner había comprado sin discusiones la tesis de la CIA y el Mossad por una cuestión de conveniencia: se quitaba así del camino un tema de controversia con Washington y Tel Aviv; y ganaba un crédito en momentos en que el «lobby» israelí en EEUU podía hacerle daño en la dura renegociación de la deuda que encaró a poco de asumir el poder, en 2003. Esta postura pragmática del ex presidente le ganó entonces varios enemigos, en particular en las organizaciones de familiares que no adherían, como la conducción de la colectividad judía, a la postura oficial.

Más sorpresivo es que Arroyo Salgado diera esta vuelta de campana en su posición, lo que revela un cisma en su relación con el Gobierno que hoy queda patente en el tono de sus cartas.

Si el Ejecutivo no estuviera en manos de Cristina Kirchner, mal que le pese a ella misma, una peronista típica en su modo de manejo del poder, la muerte de Nisman podría haberse convertido en su ataque al regimiento de La Tablada, aquella «operación negra» de inteligencia que derivó en el final abrupto de la presidencia de Raúl Alfonsín.

La marcha opositora de este miércoles en sí misma no dejará descendencia política. El daño, quien haya querido hacerlo, ya se causó con la aparición del cuerpo sin vida de Nisman aquel 18 de enero (18-E). Más allá de las subas o bajas en la intención de voto, el mapa político no ha cambiado de manera sustancial. La clave del futuro estará dada por el resto de capital político que le queda a la Presidenta como para influir en la designación de un candidato que herede su caudal electoral, que sigue rondando el 25 por ciento, caudal que no parece que nadie esté dispuesto a dilapidar, aunque finalmente no alcance para llegar al poder.

*Director de gacetamercantil.com

Gaceta Mercantil

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