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4 años de prisión para ex funcionario del Astillero

El ex funcionario bahiense Andrés Omar Ombrosi fue condenado a 4 años de prisión por maniobras de peculado en el Astillero Río Santiago

El ex funcionario bahiense Andrés Omar Ombrosi fue condenado a 4 años de prisión luego de ser hallado autor penalmente responsable de maniobras de peculado en el Astillero Río Santiago. Un tribunal de La Plata entendió que ayudó al nombramiento de empleados en el ARS cuando trabajó en el Ministerio de Producción, a cargo de Cristian Breitenstein.

Los fiscales de juicio Victoria Huergo y Jorge Paolini habían dado por probado la participación de Ombrosi en el desvío de fondos para contratar personal jerárquico en el Astillero Río Santiago de Ensenada. El acusado –que formó parte del segundo mandato del gobernador Daniel Scioli– intentó desligarse de los cargos al señalar que “entiendo que me investiguen y reconozco la labor de los fiscales, pero mi participación no fue de mala fe”.

Jorge Paolini y Victoria Huergo fiscales de juicio de La Plata Foto AGLP
Jorge Paolini y Victoria Huergo, fiscales de juicio de La Plata – Foto AGLP

Mientras que los representantes del Ministerio Público encontraron a Ombrosi culpable del delito de peculado en el rol de partícipe primario, la defensa reconoció la entrega de documentación para la confección de elevados contratos de personal en el Astillero, pero señaló que no fueron aportados para el destino que se le dieron finalmente.

En su alegato los fiscales valoraron como atenuantes de la pena la carencia de antecedentes delictivos, su buen concepto y buen comportamiento durante todo el proceso. En tanto, como agravantes de la pena mencionaron su carácter de funcionario público de alto rango, y la cantidad de curriculums que envió para hacer contratos que permitieron sustraer una mayor cantidad de dinero del gigante naval de Ensenada.

El juez que intervino en el proceso tomó los argumentos de los fiscales y condenó a Ombrosi por el delito de peculado y lo condenó a 4 años de prisión. Se constató que el acusado facilitó la entrega de 10 curriculms (CV) de personas con los que se realizaron contratos laborales a sus espaldas. Fueron nombrados como personal jerárquico del ARS con salarios que se pagaban en efectivo, por las sumas que oscilaban entre 30 y 35 mil pesos, entre los años 2012 y 2013, cuando la cotización oficial del dólar fue entre 4 y 5 pesos argentinos por cada unidad de moneda norteamericana.

La defensa de Ombrosi

Durante su extenso testimonio en el juicio que comenzó en agosto, el acusado intentó despegarse de la maniobra por la que se esfumaron unos 16 millones de pesos del erario provincial. Ombrosi es el único de los acusados que aceptó ir a juicio oral. En el banquillo de los procesados iban a estar el expresidente del ARS, Héctor Scavuzzo, junto a Rodolfo Guillermo Elisetch (excoordinador de sueldos y jornales), el exgerente general Julio Borovik, el exsecretario de presidencia, Oscar Borcerio y el empresario Roberto Fiocca. Las defensas de estas personas presentaron acuerdos para evitar el debate oral a cambio de aceptar su responsabilidad en los hechos y comenzar a reparar el daño generado.

“Vengo a aclarar cosas que se dijeron y dejar asentada mi postura”, fue la frase con la que Ombrosi comenzó su declaración. Señaló que algunos de los CV que envió por mail al Astillero “fueron por pedido de Scavuzzo o Borcerio”.

“Nunca me imaginé que estaban haciendo esta barbaridad de nombrar gente, no trabajé en el Astillero, no tenía funciones en el Astillero, yo no tenía ninguna intención de cometer delitos”, intentó justificarse en su medulosa exposición en la que respondió la mayoría de las preguntas que le realizaron los fiscales y el tribunal.

La trama

La investigación estuvo a cargo del entonces fiscal de delitos complejos de La Plata, Paolini, quien ahora es el fiscal de juicio del caso junto a Huergo. Durante la etapa de instrucción del expediente, el funcionario detalló que la operación incluía el nombramiento en cargos jerárquicos de personas que no asumían en el puesto con sueldos de entre $25 mil y $30 mil.

«Entre los meses de enero de 2012 y diciembre de 2014, el presidente de Astillero Río Santiago, con la colaboración de otras personas, sustrajo de acuerdo a la figura de Peculado importante suma de dinero bajo el disfraz de falsas contrataciones de distintas personas que hacía figurar cumpliendo distintas funciones en el área de Presidencia, y otras áreas cercanas», dijo el fiscal Paolini.

Según confirmó, la causa salió a la luz cuando una vecina de la localidad bonaerense de Coronel Pringles fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Pero en la ventanilla le dijeron que su beneficio había caducado debido a que el esposo -un trabajador rural de la zona-, aparecía cobrando cerca de $30 mil mensuales en Astilleros. La mujer y su marido hicieron de inmediato la denuncia policial y judicial. Y esa presentación fue la punta del ovillo que permitió acreditar las irregularidades.

Cabe señalar que Scavuzzo, el entonces titular de Astilleros, fue también intendente de Coronel Pringles, ciudad en la que fue detenido. Luego fue excarcelado bajo caución juratoria, es decir, bajo promesa de no cometer delitos ni entorpecer la investigación. Los otros aprehendidos, considerados por la Justicia como “colaboradores necesarios” fueron el Coordinador de Sueldos y Jornales y Personal Superior, Rodolfo Guillermo Elisetch, el Secretario de Presidencia, Oscar Borcerio, y del por entonces Gerente General, Julio Borovik, entre otros.

Hector Scavuzzo extitular de Astillero Rio Santiago
Héctor Scavuzzo, extitular de Astillero Rio Santiago

Los investigadores descubrieron que en su mayoría los contratos se encontraban a nombre de «indigentes, vendedores ambulantes, toda gente muy humilde». En rigor, lo que se juzgará es la presunta participación de exfuncionarios de Astilleros en la perpetración de la maniobra delictiva con la contratación de esos agentes «truchos». Fuentes de tribunales anticiparon que ese ardid estaría acreditado a partir de la documentación secuestrada en el área de Tesorería de Astilleros.

Según consta en la denuncia, Paolini consideró que hay «indicios vehementes y semiplena prueba» del delito de peculado cometido «entre al menos los meses de enero de 2012 y diciembre de 2013» y la estafa al erario bonaerense se realizó mediante la «liquidación de sueldos en contrato a plazo fijo a nombre de distintas personas que ignoraban tal circunstancia y que nunca trabajaron para el Astillero», por la suma total de $16.100.478. Una vez efectuada la liquidación -afirmó el fiscal en la instrucción de la causa-, las sumas correspondientes a los sueldos de estas personas eran retiradas mes a mes de la tesorería de ARS, y sustraídas por Elisetch, uno de los imputados.

«Para poder llevar a cabo esta maniobra -continuó Paolini-, los imputados se valieron de la existencia de un circuito administrativo (diseñado unos meses antes de la asunción del presidente aquí imputado), por el cual se concentraba la confección de los contratos y legajos y las liquidaciones de sueldos de Personal Superior en un único área, la oficina de Coordinación de Sueldos y Jornales y Personal Superior».

El final del recorrido es la liquidación del dinero, que se pagaba en efectivo, a diferencia del resto de la administración pública, que está bancarizada, de manera «inexplicable», según escribió Paolini en el expediente. «Inexplicablemente se pagaban importantísimas sumas de dinero (cerca de dos millones de pesos mensuales, en ese entonces el valor del dólar oficial era inferior a $10) en efectivo, para lo cual debían trasladarse los fondos desde el Banco Provincia -en camión de caudales- hasta el Astillero, con el peligro de sustracción que ello conlleva», consideró.

Tribunal de Cuentas

En septiembre de 2017 el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires ordenó que Scavuzzo debiera reintegrar más de 90 millones de pesos al Estado provincial. La decisión se dio tras detectar irregularidades por gastos ocasionados en esa empresa durante su gestión, en una causa iniciada por «peculado». «Es importante lo que dictaminó el Tribunal de Cuentas de la provincia», expresó entonces Paolini a la agencia Télam e indicó que esa decisión corrobora «todas las pruebas recolectadas» durante su pesquisa.

«Ya había comprobado que Scavuzzo hizo gastos que no correspondían. Le había imputado que realizaba gastos del Astillero para uso personal, como pagar alojamientos o cenas que no correspondían a su función», resaltó el fiscal. El Tribunal de Cuentas de la provincia auditó todos los movimientos contables registrados durante la gestión de Scavuzzo, y detectó una serie de «irregularidades», como gastos personales hasta la liquidación de sueldos a empleados «ñoquis», que en algunos casos ascendían a unos $400 mil por año. Se detectaron irregularidades por $90.779.046, que Scavuzzo deberá restituir «para la reparación plena e integral del perjuicio ocasionado al patrimonio fiscal».

La disposición del Tribunal de Cuentas también alcanza al excoordinador de Sueldos del personal jerárquico de Astilleros, Rodolfo Elisetch, y en el fallo de más de 100 fojas, el organismo destacó «gastos con faltante de documentación de respaldo». En su declaración indagatoria ante el fiscal Paolini, Scavuzzo declaró contra el ex ministro de la Producción de entonces, Cristian Breitensteinya que según dijo el exfuncionario se presentaba «en persona» para llevarse los sueldos de esos empleados.

Breitenstein, por su parte, negó en aquella oportunidad estar comprometido e indicó que en su función como ministro de Producción, Ciencia y Tecnología estaban bajo su órbita las áreas de Industria, Minería, Comercio, Ciencia y Tecnología, Relaciones Internacionales, PyMEs, Puertos, Fogaba y Astillero Río Santiago.

«Estos dos últimos, con absoluta independencia funcional. Es decir, yo no los administraba. Para ser más claro, ambos tenían su presidente, su directorio (en el caso de Fogaba) y su propia estructura administrativa independiente del Ministerio», afirmó y agregó: «Yo no tenía firma en esos ámbitos (con algunas excepciones muy particulares) y sus presidentes eran designados por el gobernador». «No tuve la menor injerencia en la administración del día a día en esos lugares y menos aún firmé contratos ni dispuse movimientos de dinero ni retiré ni mandé a retirar recurso alguno», enfatizó y cerró: «ARS es una empresa que percibe recursos del Estado y de los privados y tiene un régimen de contratación de la actividad privada que tiene rotación de personal, y en algunos casos se requiere de gente por cortos plazos».

Ombrosi fue detenido en marzo de 2016 junto el exintendente de Coronel Prinlges, Héctor Scavuzzo quedaron detenidos hoy en el marco de una causa por la que hoy fue condenado. (Infocielo | 0221.com.ar)


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