(Nota actualizada, junio 2026) El gobierno ruso de Vladimir Putin aplica la «Ley Federal de Actividades Extremistas» contra los testigos de Jehová en Rusia, una comunidad de más de 170.000 creyentes que podrían ser procesados judicialmente por reunirse a orar, leer la Biblia en grupo o compartir su fe. La misma norma ya fue utilizada para disolver organizaciones evangélicas no alineadas con la Iglesia Ortodoxa Rusa y para clausurar la oficina de Amnistía Internacional en Moscú.
El 15 de marzo de 2017, el Ministerio de Justicia ruso presentó ante el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia una solicitud para declarar extremista y disolver el Centro Administrativo de los testigos de Jehová en Rusia, con sede en las cercanías de San Petersburgo. Si el tribunal apoya esa solicitud, se cerrarán las casi 400 entidades religiosas locales registradas en el país, se disolverán las más de 2.300 congregaciones activas y el Estado podrá confiscar todos los bienes de la organización, según informó jw.org. Se esperaba que el Tribunal Supremo emitiera resolución el 5 de abril de 2017.
Campaña mundial: 8 millones de cartas al Kremlin
Ante la amenaza de proscripción en Rusia, el Cuerpo Gobernante de los testigos de Jehová lanzó una campaña internacional sin precedentes recientes: convocó a sus más de 8.000.000 de miembros en todo el mundo a escribir cartas dirigidas directamente al Kremlin y a funcionarios del Tribunal Supremo ruso. El objetivo es que las autoridades rusas detengan lo que la organización califica como un ataque injustificado contra ciudadanos pacíficos, de acuerdo con la cobertura de El Diario 24.
«Tomar acción judicial contra ciudadanos pacíficos que respetan la ley y tratarlos como terroristas es claramente una aplicación indebida de las leyes contra el extremismo. Dicha acción se fundamenta totalmente en acusaciones falsas», declaró David Semonian, portavoz de la central mundial de los testigos de Jehová.
No es la primera vez que la organización recurre a este mecanismo. Hace aproximadamente veinte años impulsó una campaña similar en respuesta a una campaña de difamación gubernamental en Rusia, y también escribió cartas a los gobiernos de Corea, Jordania y Malaui para exigir el cese de la persecución a sus miembros. La convocatoria fue confirmada el 21 de marzo de 2017 y miles de congregaciones en todo el mundo, incluidas las de América Latina, respondieron enviando cartas en forma colectiva, según documentó jw.org.
Las acusaciones: literatura extremista y pruebas plantadas
El vocero de los testigos de Jehová en Rusia, Iván Belenko, explicó el patrón que siguen las autoridades en los procesos de incriminación: «Todas las decisiones judiciales contra nosotros se basan en una única acusación: que algunos de nuestros libros y discursos están en la lista de literatura extremista». Las inclusiones en esa lista, denunció, «se tomaron en base a opiniones de falsos expertos y sentencias judiciales dictadas a espaldas de los creyentes».
El caso más ilustrativo fue la tentativa de prohibir una de sus organizaciones territoriales por incluir en un discurso una cita del filósofo español Miguel de Unamuno sobre la inmortalidad del alma. La Fiscalía acusó a los testigos de extremismo; la denuncia se frenó a último momento, según Belenko, «seguramente por respeto al filósofo».
Los medios oficiales rusos —Rusia Today y RIA Novosti— amplificaron la narrativa oficial, en el marco de una ola propagandística que ensalza a la Iglesia Ortodoxa Rusa y criminaliza a minorías religiosas como los testigos de Jehová o los mormones. Belenko advirtió que cada vez que esos medios informan sobre la inclusión de publicaciones religiosas en listas de obras extremistas, los creyentes sufren actos de violencia por parte de grupos radicales. Expertos consultados por la revista Semana señalan que la decisión contra los testigos de Jehová forma parte de una campaña más amplia para reducir el peso de los grupos religiosos que compiten con la Iglesia Ortodoxa.
El proceso de incriminación: seis pasos documentados
La organización documentó el patrón de fabricación de pruebas en el caso de Birobidzhan, tal como expuso jw.org en su cobertura sobre la intensificación del ataque a la libertad religiosa:
- Colocación de material prohibido. Policías y agentes del Servicio Federal de Seguridad irrumpieron en una reunión religiosa y declararon que buscaban material extremista.
- «Descubrimiento» de publicaciones. Los agentes hallaron 12 publicaciones incluidas en la lista de obras extremistas. Los testigos comprobaron luego que un desconocido había ingresado al local antes de la reunión para esconder las pruebas.
- Multa administrativa. El tribunal de distrito condenó al representante local por distribución de literatura extremista e impuso una multa de 4.000 rublos (aproximadamente 70 dólares).
- Advertencia formal. La fiscalía notificó que repetir la supuesta infracción en un plazo de doce meses acarrearía consecuencias legales agravadas.
- Segunda operación. En enero de 2016, fuerzas especiales, policías y agentes del Servicio Federal de Seguridad volvieron a interrumpir una reunión. Un testigo observó a un policía llevar un paquete de publicaciones; otro agente inspeccionó una zona ya registrada y «encontró» el paquete.
- Disolución judicial. Con base en las nuevas pruebas fabricadas, el tribunal regional declaró a la entidad de Birobidzhan organización extremista, prohibió sus actividades y ordenó su disolución. El Tribunal Supremo confirmó después la misma decisión en los casos de Bielgorod, Starii Oskol, Elista y Orel.
La ONU advirtió a Rusia en 2015
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ya había señalado el problema dos años antes. En abril de 2015 instó a la Federación de Rusia a revisar la Ley Federal de Lucha contra las Actividades Extremistas, aclarando que la definición de «actividad extremista» debe incorporar un elemento de violencia u odio, y a establecer criterios precisos para clasificar documentos como extremistas. El organismo también recomendó revisar la Lista Federal de Obras de Índole Extremista para evitar su uso arbitrario (CCPR/C/RUS/CO/7, 28 de abril de 2015, párrafo 20), según recoge jw.org en su análisis sobre la Ley Federal de Actividades Extremistas.
Amnistía Internacional: otro blanco de la misma lógica
La persecución a los testigos de Jehová en Rusia no es un caso aislado. En noviembre de 2016, la oficina de Amnistía Internacional en Moscú —presente en el país desde hacía veinte años— fue clausurada sin que sus responsables conocieran el motivo, con las cerraduras cambiadas, la electricidad cortada y un precinto municipal en la puerta, según informó Infobae. Serguéi Nikitin, director de AI, denunció el cierre en su cuenta de Twitter. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo desconocer las razones del precinto municipal.
La propia Amnistía Internacional confirmó que el personal llegó esa mañana sin previo aviso a encontrarse el edificio precintado, y que las autoridades municipales alegaron falsamente falta de pago del alquiler —extremo que la organización desmintió con documentación—. Nikitin había criticado con anterioridad la ley promulgada por Putin que califica de «agente extranjero» a todas las organizaciones no gubernamentales que reciben financiación exterior, norma que obligó a varias entidades a renunciar a contratos internacionales y redujo drásticamente su capacidad operativa.
Joel Griffith, de la Asociación Evangelística Slavic, advirtió que la legislación «puede detener la actividad misionera de cualquier persona, excepto los representantes, organizaciones y grupos registrados» por el gobierno, y que cualquier misionero necesitará documentos que acrediten su vínculo con una entidad reconocida oficialmente.
La coincidencia de todas estas medidas con el alza histórica de la religiosidad en Rusia —aunque menos del 10% de los ciudadanos asiste regularmente a la iglesia, según el Centro Levada— refuerza la lectura de analistas y organizaciones civiles: el Estado ruso usa la legislación antiterrorista para suprimir toda expresión religiosa que no esté subordinada a la Iglesia Ortodoxa Rusa. La pregunta que queda abierta es cuántas comunidades más caerán dentro de esa lógica antes de que la presión internacional obligue a revisar el camino.
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