La reciente designación de María Azul Lamoglie como Jueza de Faltas N°1 de Berisso ha desatado una fuerte controversia política que involucra al intendente Fabián Cagliardi, acuerdos opacos con bloques legislativos y vínculos con un ex funcionario municipal vinculado a sociedades comerciales cuestionadas del mismísimo Cagliardi.
Según trascendió en el medio Berisso Ciudad, la candidatura de Lamoglie no habría surgido del propio intendente, sino que fue propuesta por Gabriel Pérez, ex Secretario Privado de Cagliardi y figura cercana al mandatario local. Pérez, quien mantiene vínculos comerciales con el intendente a través de sociedades SRL «satélites», habría sido el artífice del nombramiento de la abogada platense, generando suspicacias sobre los criterios utilizados para la selección.
Los vínculos comerciales de Gabriel Pérez
El rol de Gabriel Pérez en esta designación cobra especial relevancia al considerar sus antecedentes y vínculos comerciales. El ex funcionario mantiene, junto a su esposa Susana Luengo y Verónica Elizabeth Gordon, mujer del ex Juez César Melazo -actualmente preso por asociación ilícita-, sociedades de responsabilidad limitada junto al propio intendente Cagliardi, según publicó oportunamente ELCORREOGRÁFICO.
«Mi amigo el Juez»: el socio menos pensado de Fabián Cagliardi
Estas conexiones han generado interrogantes sobre los verdaderos motivos detrás de la propuesta de Lamoglie, una profesional que, según las fuentes consultadas, posee «escasa experiencia en el ámbito legislativo y municipal» y carece de «arraigo en la política local«, factores que tradicionalmente se consideran relevantes para un cargo de esta naturaleza y carácter vitalicio.
La aprobación en el Concejo Deliberante
El Honorable Concejo Deliberante de Berisso aprobó el pliego de Lamoglie el pasado 9 de octubre de 2025, con una mayoría contundente de 17 votos a favor y solo 3 en contra. Sin embargo, esta victoria legislativa del oficialismo no estuvo exenta de cuestionamientos sobre el método utilizado.
El intendente Fabián Cagliardi encabezó personalmente la toma de juramento de la nueva magistrada en su despacho, consolidando así una designación que la oposición calificó como realizada «a dedo» y mediante procedimientos que carecieron de transparencia.
La votación favorable se logró gracias a una coalición heterogénea que incluyó al bloque oficialista del PJ – Unión por la Patria, el respaldo completo del bloque de La Libertad Avanza (integrado por Melisa Aguilera, Darío Luna y Jorge Marc Llanos), los libertarios disidentes Daniel del Curto y Natalia Moracci, y Maximiliano Fernández del bloque Juntos por el Diálogo Federal.
Acuerdos opacos y alianzas transaccionales
Lo que más sorprendió a observadores políticos locales fue la «armonía sorpresiva» entre el oficialismo peronista y el bloque de La Libertad Avanza, dos espacios ideológicamente antagónicos. Esta alianza, que resultó clave para alcanzar la mayoría calificada necesaria, habría sido el resultado de «numerosas y sospechosas reuniones privadas» previas a la sesión.
Según trascendidos en pasillos municipales, el acuerdo con La Libertad Avanza se habría sellado mediante una «negociación de cargos o prebendas» a cambio del apoyo legislativo. Esta dinámica transaccional refuerza la percepción de que los cargos públicos funcionan como «moneda de cambio» en la política local de Berisso.
Para el espacio libertario, este voto representa una contradicción con su discurso público de transparencia y rechazo a los acuerdos de cúpula. Para el oficialismo de Cagliardi, consolida una imagen de gestión que prioriza la construcción de mayorías funcionales por sobre la deliberación democrática genuina.
El expediente «sobre tablas»
Otro elemento controvertido fue la decisión de tratar el expediente 4012-6765-2025 «sobre tablas«, una maniobra legislativa que requiere el 75% de los votos y que permite acelerar el tratamiento de un tema sin que pase por comisión.
Esta decisión estratégica evitó que el pliego de Lamoglie fuera analizado en la comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos (LIA), minimizando así el escrutinio técnico y público. Los críticos señalan que esta táctica se utilizó para impedir que surgieran «preguntas incómodas» sobre la idoneidad de la candidata y los verdaderos motivos de su postulación.
El Perfil de la nueva Jueza
María Azul Lamoglie es una abogada platense de extracción radical que se desempeñaba en la Asesoría Letrada Municipal antes de su designación. Su perfil profesional se caracteriza por pertenecer al denominado «círculo Rojo» del intendente Cagliardi, un grupo de allegados y colaboradores de confianza del mandatario local.
La designación de Lamoglie contrasta notablemente con el perfil de su antecesor, Jorge Troncoso, quien ocupó el cargo durante casi tres décadas y fue objeto de una jubilación forzada. El magistrado saliente expresó públicamente su malestar por el método utilizado: «Realmente no estuvo bueno esto de intimar«, declaró tras ser notificado administrativamente para iniciar sus trámites jubilatorios.
Troncoso había construido su gestión sobre la premisa de la «humanización del procedimiento de faltas» y advertía enfáticamente: «Jamás los Juzgados de Faltas pueden constituirse en cajas recaudadoras«. Su filosofía de trabajo se caracterizaba por la apertura: «Trabajamos con las puertas abiertas y las ventanas abiertas«, una frase que resuena con particular fuerza ante el cuestionado proceso de designación de su sucesora.
La oposición y sus críticas
El bloque opositor UCR – AMUBE, integrado por los concejales Matías Nanni, Patricio Yalet y la Dra. Gimena Carabajal, votó en contra del nombramiento. Su rechazo no se centró en las capacidades profesionales de Lamoglie, sino en el «método opaco» utilizado para su designación.
«No podemos acompañar una designación sin ese marco de transparencia«, declaró el concejal Matías Nanni, sintetizando la postura opositora. La crítica apunta a que, aunque el procedimiento pueda ajustarse formalmente a la Ley Orgánica de las Municipalidades, carece de la legitimidad social que otorga la transparencia y la participación ciudadana.
Por su parte, el oficialismo defendió la legalidad del proceso. El concejal Gabriel Marotte argumentó: «El procedimiento se ajusta a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades. No nos hemos corrido un centímetro de lo que marca la ley«. Esta postura evidencia una tensión fundamental entre cumplir con la letra de la ley y contar con el respaldo y la confianza ciudadana.
Propuesta truncada de Reforma Institucional
Como respuesta a esta situación, la oposición presentó un proyecto para crear el Consejo Municipal de la Magistratura de Berisso (CMMB), una iniciativa que busca limitar el poder discrecional del Ejecutivo Municipal en futuras designaciones.
La propuesta establece un proceso meritocrático mediante concursos públicos de antecedentes y oposición, y obligaría al intendente a elegir entre una terna final de candidatos mejor calificados elaborada por un consejo de composición multisectorial. Este órgano estaría integrado por seis miembros, incluyendo representantes del Concejo Deliberante, del Ejecutivo, del Colegio de Abogados, de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de organizaciones civiles.
«Garantizar la idoneidad de quienes asuman el cargo, asegurando que el mejor capacitado ocupe ese lugar, sin importar su ideología política«, afirmó la concejal Gimena Carabajal al fundamentar el proyecto. Esta iniciativa representa un intento de «blindar la designación de favoritismos políticos« y establecer controles institucionales permanentes.
Un modelo de gestión cuestionado
El caso de la designación de la Jueza de Faltas ha puesto sobre la mesa un debate más amplio sobre el estilo de gestión del intendente Fabián Cagliardi, caracterizado por críticos como un modelo de «CEO municipal» que prioriza la eficiencia ejecutiva y el control centralizado por sobre la deliberación democrática.
Este enfoque de gestión, según los detractores, transforma al Concejo Deliberante en una «escribanía» que se limita a ratificar formalmente decisiones ya tomadas por el Poder Ejecutivo, debilitando así el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a una democracia saludable.
La construcción de mayorías mediante acuerdos transaccionales con bloques ideológicamente opuestos, como La Libertad Avanza, refuerza la percepción de que las decisiones gubernamentales se toman «a espaldas de los vecinos» y mediante negociaciones opacas que erosionan la confianza ciudadana.
El factor Gabriel Pérez y las sociedades cuestionadas
El rol de Gabriel Pérez como artífice del nombramiento de Lamoglie añade una capa adicional de complejidad a este caso. Su condición de ex Secretario Privado del intendente, sumada a los vínculos comerciales que mantiene con Cagliardi a través de sociedades «satelites», plantean interrogantes sobre posibles conflictos de interés y tráfico de influencias.
La participación en estas sociedades de la esposa de Pérez, Susana Luengo, y de la mujer del ex Juez César Melazo —quien enfrenta cargos por asociación ilícita— según reportó El Correo Gráfico, genera dudas adicionales sobre la red de vínculos que operan en la trastienda del poder municipal de Berisso.
«Iuducem femeninam habemus» hasta jubilarse
La designación de María Azul Lamoglie como Jueza de Faltas N°1 trasciende el simple nombramiento de una funcionaria judicial. Este caso expone las tensiones que atraviesan la gobernanza local de Berisso: la concentración de poder en el Ejecutivo Municipal, el debilitamiento del rol fiscalizador del Concejo Deliberante, y la construcción de acuerdos políticos mediante mecanismos opacos que erosionan la confianza ciudadana.
El factor Gabriel Pérez, ex funcionario con vínculos comerciales con el intendente Cagliardi y conexiones con figuras judicialmente cuestionadas, añade elementos de preocupación sobre los verdaderos criterios utilizados para esta designación vitalicia.
La propuesta opositora de crear un Consejo Municipal de la Magistratura representa un intento de institucionalizar controles democráticos permanentes que limiten la discrecionalidad ejecutiva. El debate sobre su aprobación definirá si Berisso opta por un modelo de gestión basado en la transparencia y la participación ciudadana, o consolida un esquema de concentración de poder y decisiones tomadas en círculos cerrados.
En última instancia, lo que está en juego no es solo la idoneidad de una jueza, sino la calidad institucional y democrática del municipio. La respuesta que la comunidad y sus representantes construyan en los próximos meses definirá el rumbo de Berisso en las próximas décadas.
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