El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sancionó al Intendente Mario Secco con una multa de $250.000 tras detectar múltiples irregularidades en la rendición de cuentas del ejercicio 2023 de la Municipalidad de Ensenada. La resolución, que aprobó formalmente las cuentas pero aplicó duras sanciones a los funcionarios responsables, reveló que la administración municipal no pudo demostrar la existencia real de $9.130 millones de pesos que figuraban en los registros contables al cierre del año.
El fallo del organismo de control provincial destaca una serie de incumplimientos normativos que incluyen falta de documentación respaldatoria en obras públicas, deficiencias en la rendición de fondos de convenios provinciales y nacionales, y ausencia de respaldo bancario que confirme los saldos declarados. Además del Intendente Secco, fueron sancionados el Secretario de Obras Públicas José Núñez con $200.000 de multa, mientras que la Contadora Municipal, la Tesorera Municipal y el Subsecretario de Obras Públicas recibieron amonestaciones.
La paradoja de una aprobación con multas millonarias
A primera vista, el resultado podría parecer positivo para la gestión municipal: el artículo primero de la resolución del Tribunal de Cuentas aprueba formalmente la rendición correspondiente al ejercicio 2023. Sin embargo, esta aprobación esconde una realidad marcadamente crítica que quedó plasmada en las observaciones de la auditoría.
El presupuesto municipal de Ensenada experimentó un crecimiento explosivo durante 2023. De un cálculo inicial de $8.000 millones, el municipio amplió mediante créditos suplementarios el presupuesto hasta alcanzar más de $25.300 millones, un incremento del 216% en un solo año. La recaudación total ascendió a $26.660 millones, mientras que los gastos ejecutados sumaron $19.568 millones.
Según los registros contables presentados por la administración de Secco, el ejercicio habría cerrado con un superávit favorable de $9.130.635.457,96. Esta cifra sugeriría una gestión financiera sólida con importantes fondos disponibles al finalizar el año. Sin embargo, el Tribunal dejó asentada una observación lapidaria que sacude los cimientos de esta aparente solidez: «La Municipalidad no demostró la real existencia de los mismos en caja y cuentas bancarias».
En términos sencillos, aunque los libros contables afirmaban que ese dinero existía, los auditores del Tribunal de Cuentas no recibieron la documentación necesaria para confirmar que esos más de 9.130 millones de pesos estuvieran físicamente depositados en las cuentas bancarias o en la tesorería municipal. Esta falla constituyó uno de los fundamentos centrales para las sanciones aplicadas al Intendente y a las funcionarias responsables del área contable y financiera.
Incumplimientos recurrentes y falta de controles
La auditoría reveló que varios de los problemas detectados no son nuevos, sino que se arrastran de ejercicios anteriores sin que la gestión municipal haya implementado acciones correctivas. Uno de los casos más emblemáticos es la falta de implementación del Sistema de Inversión Pública, una obligación legal establecida por el Decreto N° 2980/2000 que el municipio viene incumpliendo sistemáticamente.
El informe subraya que esta es una «observación repetida de ejercicios anteriores» y que el Intendente Secco, como principal responsable, no ofreció respuesta alguna durante el proceso de descargo, motivo por el cual el reparo fue confirmado por la División Relatora del Tribunal.
Otro punto crítico detectado fue la falta de respaldo bancario de los saldos declarados. La discrepancia entre lo que figuraba en los registros contables y lo que realmente existía en las cuentas bancarias alcanzó cifras millonarias. Los fondos de libre disponibilidad registraban contablemente $7.949 millones, pero el respaldo bancario real era de solo $5.969 millones. Inversamente, las cuentas afectadas (fondos con destino específico para obras provinciales o nacionales) mostraban un respaldo bancario de $3.043 millones frente a un registro contable de apenas $880 millones.
Esta práctica, que la Contadora Municipal intentó justificar como un «manejo eficiente de recursos», fue rechazada categóricamente por el Tribunal, que confirmó el reparo señalando que viola la normativa de composición de fondos y oculta el verdadero estado financiero de los programas con afectación específica.
Obras públicas sin rendición y anticipos sin descontar
Las irregularidades en la gestión de obras públicas constituyeron otro eje central de las observaciones. El Tribunal de Cuentas detectó que la Municipalidad no presentó la documentación respaldatoria requerida para varios convenios con organismos provinciales y nacionales.
Entre los casos observados figuran obras de infraestructura como el Puente Calle Bosinga, el SUM de la Comunidad Barrio Piria y el Centro de Desarrollo Infantil El Molino. En todos estos casos, el municipio no aportó las rendiciones de fondos correspondientes ni la acreditación del avance de obra necesaria para permitir futuros desembolsos.
Adicionalmente, la auditoría identificó que en siete licitaciones públicas se otorgaron anticipos financieros a contratistas que, al cierre del ejercicio, aún no habían sido completamente descontados de las certificaciones de obra. El municipio fue requerido para aportar información sobre el estado de avance de estas obras, particularmente las Licitaciones Públicas N° 22/23 y 25/23, pero no remitió la documentación solicitada. Como consecuencia, el reparo se mantuvo firme y contribuyó a fundamentar las multas impuestas al Intendente y al Secretario de Obras Públicas.
El caso del bacheo sin empleados declarados
Uno de los hallazgos más llamativos de la auditoría surgió del análisis de la Licitación Privada N° 26/23, adjudicada al contratista Carlos Javier Denis por un monto de $13.740.250 para realizar tareas de bacheo en más de 5.000 metros cuadrados de calles del distrito.
Al cruzar los datos del contratista con los registros de la ex AFIP (ARCA), los auditores descubrieron algo alarmante: el proveedor «no se encuentra inscripto como empleador». Más aún, durante los meses en que se ejecutó la obra, el contratista declaró tener entre 0 y 1 empleado, lo que generó una pregunta obvia: ¿quién realizó un trabajo de esa magnitud?
Cuando el Tribunal requirió explicaciones al municipio, la respuesta fue igual de preocupante: las autoridades no pudieron presentar «documentación alguna que justifique con qué personal se ejecutaron las tareas». Esta falta total de transparencia sobre la mano de obra utilizada fue considerada una irregularidad grave y constituyó uno de los fundamentos directos para las sanciones impuestas al Intendente Secco, al Secretario de Obras Públicas Núñez y al Subsecretario Emilio Martínez.
Diferencias contables millonarias
Más allá de los problemas de documentación y respaldo, la auditoría desveló importantes discrepancias contables que comprometen la fiabilidad de los estados financieros del municipio.
Se determinó una diferencia cruzada de $1.189.950.953 entre la Renta Ordinaria Indivisible y las Cuentas Afectadas. Esta inconsistencia se origina porque el municipio utilizó fondos de libre disponibilidad para cubrir pagos correspondientes a cuentas con afectación específica (destinadas a obras o programas concretos), sin registrar correctamente las transferencias.
Esta práctica no solo infringe los principios contables básicos, sino que además oculta por completo el desempeño financiero real de programas específicos con mandato legal, imposibilitando una verdadera supervisión del uso de fondos provinciales y nacionales.
Adicionalmente, se encontró una diferencia de $12.684.184 entre el saldo de la Deuda Flotante reportado en el listado de cuentas corrientes de proveedores y el que figura en el Estado de Evolución del Pasivo. El informe destaca que esta es una observación recurrente que, lejos de corregirse, se ha incrementado significativamente respecto a ejercicios anteriores.
Condena judicial por práctica desleal
Otro punto relevante del informe de auditoría fue el análisis de gastos judiciales que el municipio debió afrontar por un total de $7.760.481 como resultado de una sentencia adversa en el caso «Yacuzzi».
El conflicto se originó por la no renovación del contrato de un trabajador municipal que gozaba de tutela sindical por su rol como Secretario General de la Asociación de Profesionales Municipales de Ensenada. La justicia determinó que el municipio había incurrido en una «práctica desleal» al no realizar las acciones legales correspondientes tras ser notificado de la designación gremial del trabajador, incumpliendo con el artículo 52 de la Ley N° 23.551.
La sentencia condenó al municipio al pago de salarios caídos, daño moral y una multa, generando un significativo perjuicio económico para las arcas públicas. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas, citando antecedentes análogos de ejercicios anteriores, decidió finalmente no aplicar sanción adicional a los funcionarios por este hecho, argumentando que la situación derivó de una «dispar interpretación del marco jurídico» aplicable.
Conciliaciones bancarias en suspenso
Tras el análisis de las conciliaciones bancarias del municipio, quedaron valores pendientes de justificar que el Tribunal decidió mantener en suspenso. Específicamente, se identificaron depósitos no conciliados en cuentas del Banco Provincia y Banco Credicoop por montos que incluyen $505.268 y otros valores relacionados.
La suspensión del pronunciamiento se debió a que las justificaciones presentadas por el municipio resultaron poco claras, intentando conciliar movimientos bancarios de diciembre de 2023 con registros internos fragmentados realizados en 2024, una práctica que el Tribunal consideró inaceptable. Las funcionarias responsables, la Contadora y la Tesorera Municipal, quedan sujetas a una decisión futura que se adoptará en la revisión del próximo ejercicio.
El contraste con el Consejo Escolar
Para dimensionar la gravedad de las fallas detectadas en la gestión municipal, resulta revelador el contraste con la rendición de cuentas del Consejo Escolar de Ensenada para el mismo ejercicio 2023.
El Consejo Escolar, presidido por Cristina Rios, manejó un presupuesto de más de $1.177 millones, destinados principalmente a financiar el Servicio Alimentario Escolar. Si bien la auditoría inicial formuló observaciones relacionadas con el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), las autoridades del Consejo presentaron la documentación respaldatoria necesaria y subsanaron todos los reparos durante el proceso de descargo.
Como resultado, el Tribunal de Cuentas resolvió dejar sin efecto las observaciones y aprobar la rendición de cuentas del Consejo Escolar sin aplicar ninguna multa ni amonestación. Este caso demuestra que, bajo las mismas normativas y frente al mismo organismo de control, era posible una gestión administrativa competente, transparente y receptiva a las observaciones de auditoría.
Las sanciones aplicadas
El cuadro final de sanciones impuestas por el Tribunal de Cuentas refleja la gravedad y el alcance de las irregularidades detectadas:
Mario Secco, Intendente Municipal: Multa de $250.000 por omisión en implementar sistemas de control, incumplimientos en rendiciones de convenios, irregularidades en anticipos de obras, falta de respaldo bancario de saldos y deficiente control de personal en contrataciones.
José Núñez, Secretario de Obras Públicas: Multa de $200.000 por supervisión deficiente de contratos de obra pública, omisión en rendiciones de fondos nacionales y provinciales, y fallas en el control de contratistas.
Rocío Basso, Contadora Municipal: Amonestación por falta de respaldo bancario de los saldos e inconsistencias contables sistémicas.
María Silvina Feige, Tesorera Municipal: Amonestación por responsabilidad directa en la falta de respaldo bancario de los saldos de Tesorería.
Emilio Martínez, Subsecretario de Obras Públicas: Amonestación por fallas en el control de la ejecución de contratistas y en la gestión de anticipos de obras públicas.
Seguimiento en el próximo ejercicio
A pesar de aprobar formalmente las cuentas del ejercicio 2023, el Tribunal de Cuentas instruyó explícitamente a su delegación de auditoría para que realice un seguimiento exhaustivo sobre todos los temas no resueltos. Entre los puntos que serán verificados en la auditoría del próximo ejercicio figuran las obras públicas con anticipos financieros no recuperados, las irregularidades en licitaciones, las conciliaciones bancarias pendientes y la implementación del Sistema de Inversión Pública.
La resolución final del Tribunal deja en claro que la aprobación de las cuentas no implica un aval a la gestión ni representa una validación de las prácticas administrativas del municipio. Por el contrario, las multas millonarias y las amonestaciones aplicadas constituyen una señal inequívoca sobre la gravedad de los incumplimientos detectados y la necesidad urgente de implementar acciones correctivas en áreas críticas de la administración municipal.
¿Control efectivo o síntoma de problemas mayores?
El fallo sobre las cuentas 2023 de Ensenada plantea interrogantes fundamentales sobre la gestión de los recursos públicos en el distrito. La aparente contradicción entre una aprobación formal y sanciones económicas de magnitud revela que el sistema de control provincial puede detectar y castigar irregularidades específicas, pero que estas fallas persisten año tras año sin corrección efectiva.
La imposibilidad de justificar la existencia real de $9.130 millones, la falta de documentación sobre obras públicas financiadas con fondos provinciales y nacionales, las diferencias contables millonarias y la ausencia de control sobre la mano de obra en contratos municipales no son errores menores ni cuestiones técnicas aisladas. Son indicadores de deficiencias sistémicas en la gestión, la supervisión y el control interno del municipio.
Para los vecinos de Ensenada, estas observaciones del Tribunal de Cuentas representan mucho más que números en un balance. Son señales concretas sobre cómo se administran sus impuestos, cómo se controlan las obras públicas que deberían mejorar su calidad de vida, y cómo se rinden cuentas del uso de fondos que pertenecen a toda la comunidad.
La pregunta que queda abierta es si las multas y amonestaciones aplicadas servirán como incentivo real para corregir estas fallas estructurales, o si en el próximo ejercicio el Tribunal volverá a encontrar los mismos problemas sin resolver, confirmando que las sanciones son apenas una respuesta superficial a problemas mucho más profundos en la gestión municipal de Mario Secco.
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