Una sofisticada operación de desinformación sacudió el ámbito judicial bonaerense cuando el 12 de enero de 2026 comenzó a circular un parte policial apócrifo que detallaba supuestos allanamientos contra el abogado Jorge Luis Gómez de Saravia, vinculado a la notoria causa de la megabanda del exjuez César Melazo. El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta desmintió categóricamente la información y presentó una denuncia penal para identificar a los responsables de la maniobra, que confesaba explícitamente su objetivo: «generar incertidumbre durante el juicio».
El documento falso, que circuló «por debajo, con tono urgente y apelando al morbo judicial», atribuía falsamente la autoría al fiscal Condomí Alcorta y describía con lujo de detalles una serie de procedimientos judiciales que nunca ocurrieron. La gravedad del caso radica no solo en la usurpación de identidad de un funcionario público, sino en la confesión explícita de su propósito: interferir en un proceso judicial en curso.
El parte falso: detalles de una maniobra calculada
El reporte apócrifo publicado en diario El Día de La Plata describía una intervención policial de alto perfil contra Gómez de Saravia, a quien caracterizaba como un «peligroso delincuente de frondoso prontuario». Según el documento falso, se habrían ejecutado órdenes de allanamiento en dos ubicaciones: un campo en 126 y 80 de Berisso, y un domicilio en el barrio privado Lomas de City Bell en La Plata.
El supuesto operativo, que habría sido llevado a cabo por personal del destacamento de Villa Ponsati, habría resultado en la incautación de «una fuerte suma de dinero, armas y un DVR (registro fílmico)». El documento apócrifo incluso mencionaba que el Juzgado de Garantías Nº 5 de La Plata se había negado a convalidar la detención del sospechoso.
La falsificación incluía detalles específicos que buscaban otorgarle verosimilitud: nombraba como denunciante a un individuo identificado como Octavio Pizzio, vinculaba a Gómez de Saravia con la megabanda del exjuez César Melazo y con el grupo delictivo de Luis «Gordo» Valor, y especificaba que la investigación se originaba por el supuesto «robo de una fuerte suma de dinero».
La confesión que delató la operación
Lo más revelador del caso fue una frase incluida en el propio mensaje que acompañaba el parte policial falso. El autor de la maniobra solicitaba la publicación del documento admitiendo abiertamente su intención: «Si lo puede publicar se lo voy a agradecer, a nosotros nos sirve muchísimo para generar incertidumbre durante el juicio».
Esta confesión explícita transformó lo que podría haber sido interpretado como un simple rumor en una operación deliberada de manipulación judicial. La frase encendió las alarmas en el Ministerio Público Fiscal y dejó al descubierto que se trataba de una acción coordinada para interferir en un proceso judicial en curso.
Desmentida categórica y respuesta institucional
Consultado por el medio 0221.com.ar, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta desmintió de manera rotunda la veracidad del comunicado. «La noticia es completamente mentira», afirmó el funcionario, quien manifestó su sorpresa por el nivel de detalle empleado y la utilización directa de su identidad para dar verosimilitud a la información falsa.
El fiscal confirmó que no existió ningún allanamiento en las locaciones mencionadas y que no hay ninguna causa en trámite con las características descritas en el parte apócrifo. Como consecuencia de la gravedad institucional del hecho, Condomí Alcorta presentó una denuncia penal formal para investigar la maniobra.
La investigación quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías Nº5 y la Unidad Funcional de Defensa (UFD) Nº12. La causa se enfoca en identificar al autor o autores del parte policial apócrifo, rastrear el origen del correo electrónico falso «juancruzcondomialcorta@gmail.com» desde donde se habría distribuido la información, y determinar las responsabilidades penales por la difusión de información falsa y el uso indebido del nombre de un funcionario público.
Jorge Luis Gómez de Saravia: el abogado en el centro de la tormenta
El objetivo de esta operación de desinformación, Jorge Luis Gómez de Saravia, cuenta con un historial judicial significativo vinculado a la causa conocida como la «megabanda». Este abogado de 56 años fue investigado por la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI Nº 2 de La Plata, como presunto integrante de una asociación ilícita compuesta por exmagistrados, policías, exconvictos y barrabravas.
Dentro de la estructura criminal, a Gómez de Saravia se le atribuía un rol específico que le valió el apodo de «el fiscal». Las acusaciones en su contra incluyen haber asumido un cargo que no poseía para desviar investigaciones, plantar pistas falsas y encabezar falsos allanamientos, una acusación que cobra particular relevancia en el contexto de la presente maniobra.
El recorrido judicial de Gómez de Saravia ha sido complejo. Estuvo detenido durante dos meses en el marco de la investigación. La Sala II de la Cámara Penal de La Plata, con los votos de los camaristas Raúl Dalto y Sergio Almeida, dispuso su liberación y posterior sobreseimiento, aunque la jueza Laura Lasaga votó en disidencia considerando que debía continuar preso.
La fiscal Lacki apeló la decisión ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense. En febrero de 2022, la Sala III de Casación, con los votos de los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini, revocó el sobreseimiento. El tribunal consideró que el análisis de los datos del expediente «conectan al nombrado con los demás integrantes de la asociación ilícita, impidiendo desvincularlo en forma anticipada».
Como resultado, se ordenó la elevación de la causa a juicio oral, proceso que Gómez de Saravia enfrenta en libertad. La megabanda incluyó a figuras de alto perfil como el exjuez César Melazo, condenado a casi 8 años de prisión, el exlíder de la barrabrava de Estudiantes Rubén Orlando «El Tucumano» Herrera, y el excomisario Gustavo Abraham Bursztyn, entre otros policías y delincuentes.
La vinculación de Fabián Cagliardi con la megabanda de Melazo
La conexión entre Fabián Cagliardi, intendente de Berisso, y la organización criminal conocida como la «megabanda» liderada por el exjuez César Melazo, se articula principalmente a través de sociedades comerciales y redes políticas que implican a familiares de Melazo y funcionarios locales. Tal como publicó El Correo Gráfico hace unos 6 años atrás, esta trama se desenvuelve en un contexto complejo donde intereses privados y públicos parecen entrelazarse de manera preocupante.
«Mi amigo el Juez»: el socio menos pensado de Fabián Cagliardi
Uno de los vínculos más evidentes es la empresa Barrio Laguna Los Patos SRL, fundada en noviembre de 2015. En su conformación inicial, Cagliardi tuvo como socia a Verónica Elizabeth Gordon, quien es pareja de Melazo. Notablemente, el edicto de creación de esta sociedad se publicó el mismo día que se formalizó otra firma vinculada a Gordon y a Rubén Orlando «El Tucumano» Herrera, un exintegrante de una barra brava procesado por relación con la red de Melazo. A pesar de ser médica, Gordon se dedicaba a servicios inmobiliarios a través de esta sociedad, lo cual resulta llamativo.
En este entramado, también participan funcionarios de la administración actual. Gabriel Pérez, actual secretario privado municipal y socio fundacional de la firma, renunció a su cargo en la empresa justo antes de asumir su puesto político en 2019. Además, Luciana Luengo, esposa de Pérez, es actualmente socia gerente de la misma firma, lo que demuestra cómo se entrelazan los círculos de poder y negocios en Berisso.
Por otro lado, la estructura comercial podría haber servido para canalizar recursos de origen dudoso tras la derrota del peronismo en 2015. En este marco, surge la figura de Mariano Puccio, exfuncionario provincial y socio en Barrio Laguna Los Patos, quien ha sido señalado por favorecer contratos de obra pública a empresas de Cagliardi. Melazo, en su rol como juez, ha intervenido en causas que involucran a excolegas de Puccio, lo que añade un componente judicial preocupante a la relación.
Finalmente, las raíces políticas de ambas figuras se extienden a la campaña de Aníbal Fernández en 2015, donde tanto Cagliardi como Melazo brindaron su apoyo. Esta red de intereses y conexiones crea un panorama que plantea serias interrogantes sobre la ética y la transparencia en la gestión pública, evidenciando cómo lo político y lo empresarial pueden entrelazarse en detrimento del bien común.
Implicaciones de la operación
El caso del parte policial apócrifo representa un precedente preocupante en el ámbito judicial argentino. La sofisticación de la maniobra, que incluía detalles específicos y la usurpación de identidad de un fiscal en funciones, demuestra un nivel de planificación que va más allá de la simple difusión de rumores.
La confesión explícita del propósito de «generar incertidumbre durante el juicio» revela una estrategia deliberada para manipular la opinión pública y potencialmente influir en el desarrollo de un proceso judicial. Este tipo de operaciones de desinformación atentan contra la integridad del sistema de justicia y pueden tener consecuencias graves para todos los involucrados.
La rápida respuesta del fiscal Condomí Alcorta y la apertura de una investigación penal formal envían un mensaje contundente sobre la seriedad con que las autoridades judiciales tratan este tipo de maniobras. La identificación de los responsables será crucial no solo para hacer justicia en este caso específico, sino también para disuadir futuras operaciones similares.
El camino hacia el juicio
Mientras la investigación sobre el parte policial falso avanza en la UFI N°1 de La Plata, Jorge Luis Gómez de Saravia se prepara para enfrentar el juicio oral por su presunta participación en la megabanda del exjuez César Melazo. El proceso judicial, que fue precedido por años de investigación y múltiples instancias de apelación, finalmente determinará su responsabilidad en los hechos investigados.
La operación de desinformación denunciada por el fiscal Condomí Alcorta, lejos de alcanzar su objetivo de generar incertidumbre, ha resultado en una nueva causa penal que podría arrojar luz sobre quiénes tienen interés en manipular el proceso judicial y por qué medios están dispuestos a hacerlo.
El caso permanece bajo investigación, con las autoridades judiciales trabajando para identificar a los responsables de la creación y difusión del documento apócrifo. El desenlace de ambas causas —la original contra Gómez de Saravia y la nueva por la operación de desinformación— será seguido de cerca por observadores judiciales y periodísticos en toda la provincia de Buenos Aires.
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