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El ex socio de Cagliardi que lo ayuda a traer el tren a Berisso es megadeudor de 8.400 millones a la Provincia

     

Fabián Cagliardi, el actual intendente de Berisso que amasó su fortuna y que genera múltiples sospechas por su vinculación política con las obras públicas desde los tiempos de Daniel Scioli de donde se desprende conexiones que hoy se acercan en los proyectos que presenta en la ciudad.

Anteriormente desde El Correo Gráfico se dio el análisis e investigación de diversos medios que dan cuenta sobre su sociedad nominada Barrio Laguna Los Patos SRL, último consorcio de hasta el momento de la publicación mantiene deudas al fisco por no presentar ningún balance societario próximo a instancia judicial por el ente provincial ARBA.

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Entre los socios de Cagliardi figuran su actual Secretario Privado Municipal, Gabriel Pérez, que a partir del 17 de septiembre de 2019 no forma parte y que la esposa de este, Luciana Luengo, asume junto a Cagliardi como únicos socios gerentes. Los restantes socio  que en un principio formaron esta SRL en noviembre de 2015, figuran personajes ligados a “la noche platense” y que tras la derrota de su “amigo” candidato a gobernador Aníbal Fernández, habrían formado en un mismo día otra sociedad paralela ligada a las nocturnidades de la región.

Entramado del socio mega deudor

El integrante del directorio de Barrio Laguna Los Patos SRL quien hoy está colaborando para que Cagliardi active las vías del ramal portuario de los ex frigoríficos Armour y Swift, es Mariano Puccio que, durante el gobierno de Daniel Scioli, ocupó diversos cargos vinculados, principalmente, con el manejo de cajas presupuestarias que supuestamente se utilizaba para la política.

Puccio en febrero de 2020 fue nombrado como gerente General en Infraestructura de Trenes Argentinos de la Nación. Además, en la estructura organizacional en la estatal ferroviaria se encuentra a cargo del Planeamiento Estratégico, Álvaro Errea, quien estuvo a cargo del área de legales mientras Puccio era director de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), con lo cual se cerraría un supuesto círculo de complicidades que dejan al ministerio de Transporte en la mira con los acuerdos que Cagliardi sobre los viejos rieles de los frigoríficos para llegar a la Terminal de Contenedores filipino de TecPlata.

 

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Dato poco menor es que Puccio actualmente integra la comisión Fiscalizadora del Club Atlético Boca Juniors, siendo titular de la misma junto a Jorge Sanabria. El pasado 9 de diciembre de 2015 se dio un cambio de autoridades, en donde Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini, presidente y vicepresidente actuales del club, se impusieron a la lista oficialista luego de ocho años de hegemonía de Daniel Angelici.

Como se explicó anteriormente, Puccio figura como socio fundador de Barrio Laguna Los Pastos SRL, y como exfuncionario sciolista y actual funcionario nacional, está condenado por el Tribunal de Cuentas bonaerense a devolver más de $8.400 millones. Según detalló el portal RealPolitik, Puccio tuvo a su cargo el reparto discrecional de dinero para hacer obras y refacciones en establecimientos educativos y que varias de estas las mantuvo adjudicansoselas el actual alcalde Berissense.

Entre los varios de estos contratos, como la obra en la Escuela Agraria y en la Escuela N 1, quedaron en manos de la empresa insignia de Cagliardi, Avistar SRL y que hoy es manejada pos su hijo, Faustino Cagliardi, quien adjudicaba dichas licitaciones mientras su ejercía su banca como concejal, y quienes hoy son acusados por un ex empleado que echaron en plena pandemia de coronavirus violando el DNU presidencial de Alberto Fernández.

Cagliardi viola DNU en plena cuarentena dejando sin sustento a un obrero con su familia

El candidato Cagliardi cobró 5 millones de Vidal por trabajos en una escuela de San Clemente que se tuvo que volver a reparar

 

AVISTAR SRL, la empresa del intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, cobró sumas millonarias de la obras de Infraestructura Escolar. En el año 2017, siendo concejal de Unidad Ciudadana, al mando de su hijo Faustino, cobró más de 5 millones de pesos en refacciones de una escuela de San Clemente que en año 2019 se tuvo que realizar nuevamente los mismo trabajos que licitó.

El candidato Cagliardi cobró 5 millones de Vidal por trabajos en una escuela de San Clemente que se tuvo que volver a reparar

La caja política en IOMA

Puccio antes de la UEP pasó por el IOMA, donde fue denunciado penalmente por integrantes de la Asociación de Profesionales de esa obra social. Lo involucraron en presuntas irregularidades vinculadas al financiamiento de la campaña electoral del Frente para la Victoria con recursos provenientes de la obra social, como así también por haber firmado un leonino contrato del IOMA con la industria farmacéutica.

Cabe destacar que, durante el paso por el IOMA del exsocio de Cagliardi, se produjo uno de los casos de corrupción más resonantes en la obra social, que terminó con varios funcionarios tras las rejas por haber recetado medicamentos de oncológicos de alto costo a afiliados fallecidos. Esos medicamentos, en gran parte, luego se habría comercializado ilegalmente en distintas farmacias de La Plata.

Llamativamente, el primer juez de la causa, fue César Melazo, preso en Ezeiza por formar parte de una asociación ilícita entre policías y delicuentes y que también tiene vínculos societarios con el alcade Cagliadi, es quien les concedió a los involucrados una polémica excarcelación extraordinaria.

Entre los involucrados se encuentra el excandidato a presidente de Estudiantes de La Plata y exsubdirector de Farmacia del IOMA, Marcelo Piergiácomi; y el creador de la tristemente crotoxina (una droga que se anunció como la cura del cáncer y terminó siendo un gran fiasco), Guillermo Hernández Plata, quien también cumplía funciones en la obra social.

El diario El Día publicó en su momento que los tres impuntados, ex funcionarios de esa entidad, ex farmacéuticos y personas que oficiaban de “nexo” entre ambos para cometer “irregularidades” en el manejo de medicamentos oncológicos.

La misma la llevó adelante el juez Juan Pablo Masi, que subrogó en esta causa al magistrado suspendido César Melazo, se da en el marco de una imputación por presunta “asociación ilícita en concurso con defraudación en perjuicio de la administración pública”, contra once personas implicadas.

La caja de las licitaciones en las escuelas bonaerense

Tras su polémico paso por el IOMA, Puccio asumió como titular de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), dependencia que formaba parte de la Dirección General de Cultura y Educación. Desde allí se digitaban a dedo las empresas encargadas de construir, reparar y remodelar establecimientos educativos.

Desde la UEP se le habría entregado en bandeja la realización de distintas obras a la empresa Avistar SRL de Cagliardi, las cuales hoy están bajo la lupa. Una de ellas es la de la Escuela Agraria, que presenta actualmente serios problemas de infraestructura. Algo similar sucedió con la historia Escuela N 1, donde también intervino Avistar SRL, donde en el año 2017 se produjo el derrumbe del cielo raso y, tras las acusaciones, Cagliardi intentó desligarse donando los materiales para hacer las reparaciones.

Puccio es el principal protagonista de un fallo récord, que no tiene antecedentes en la historia del tribunal de Cuentas bonaerense: fue condenado a devolver la friolera suma de $5422 millones al no haber presentado rendiciones de ninguno movimiento administrativo realizado en la UEP durante 2015.

El extitular de la UEP ya había recibido un fallo en contra de parte del Tribunal desaprobando los gastos del ejercicio 2014, falta por la que el organismo encargado de auditar los egresos de la Provincia le había instado a reparar al Estado por 3.018 millones. En total, al ex funcionario sciolista le formularon cargos por $8.440.316.215,78, una cifra récord en la historia de la administración pública de la Provincia.

“La rendición de ese dinero fue realizada a organismos de la nación como corresponde porque los fondos fueron recibidos desde ahí y del Banco Interamericano de Desarrollo”, aseguró en su momento el ex funcionario quien posteriormente reconoció que parte de los 8.400 millones de pesos fueron para gastos “extrapresupuestarios”. (RealPolitik, El Día, Télam)