Más de un centenar de intendentes de todo el país, entre ellos varios de la región bonaerense, marcharon este martes 14 de abril al Ministerio de Economía para exigirle al ministro Luis Caputo la restitución urgente de fondos retenidos, la reactivación de miles de obras públicas paralizadas y el fin de un modelo de ajuste que está destruyendo silenciosamente la estructura del federalismo argentino.
El reclamo, histórico por su amplitud política y territorial, también incluyó el rechazo al desmantelamiento del Plan Remediar, que deja sin medicamentos esenciales a más de 20 millones de personas en todo el país, incluidos cientos de miles de vecinos de Berisso, Ensenada, La Plata y el Conurbano bonaerense.
La convocatoria fue encabezada por Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), junto a referentes como Mayra Mendoza, intendente de Quilmes, y funcionarios del gobierno bonaerense como Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, y Carlos Bianco, jefe de Gabinete provincial. El gobernador Axel Kicillof también respaldó la movilización y participó del encuentro previo en la sede de la FAM, junto al gobernador riojano Ricardo Quintela.
El petitorio no pudo ser recibido directamente por Caputo, quien se encontraba disertando en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham). La escena, que no pasó inadvertida para los manifestantes, fue leída como una metáfora perfecta de la desconexión entre la conducción económica nacional y la catástrofe que viven los territorios.
Una deuda que aplasta: $6,3 billones adeudados a la Provincia
El gobernador Axel Kicillof llegó a la jornada con números devastadores sobre la mesa. La deuda acumulada de la Nación con la Provincia de Buenos Aires asciende a $6,3 billones, compuesta por una deuda directa de $1,71 billones —que incluye $716.000 millones que ANSES le debe a la caja previsional provincial, $447.000 millones en compensaciones por el Consenso Fiscal, $320.000 millones del Fondo de Fortalecimiento Fiscal y $74.000 millones del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), simplemente dejado de pagar— y $4,46 billones en obra pública paralizada: 180 proyectos ejecutados por la Provincia, 755 convenios frenados entre Nación y municipios, y 9.000 viviendas sociales que hoy son solo cimientos abandonados.
El documento presentado ante el Ministerio de Economía incluyó demandas concretas: la reactivación de la obra pública con recursos del impuesto a los combustibles, retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo y frenar el recorte de fondos nacionales.
Espinoza remarcó el impacto directo en los territorios: «Los intendentes somos el primer oído de nuestros vecinos y conocemos minuto a minuto lo que pasa en cada ciudad: la situación no da para más».
El escándalo del impuesto al combustible: recaudan pero no invierten
Uno de los puntos más explosivos del petitorio involucra el manejo del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). En lo que va de 2026, el precio de los combustibles subió un 24%, más del doble de la inflación y cuatro veces más que el salario. Pero la denuncia central es que la suma retenida en concepto de impuesto a los combustibles líquidos asciende actualmente a $6,1 billones de pesos, fondos que la Ley 23.966 obliga a destinar al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte y que el Gobierno nacional se niega a girar.
Según la ley, la Nación está obligada a destinar el 28,58% de esa recaudación al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, con la mitad específicamente para rutas. Nada de eso sucede. En cambio, el Gobierno avanza con procesos de licitación para que empresas privadas tomen la concesión de rutas y establezcan nuevos peajes, afectando nuevamente los bolsillos de los argentinos.
«Te cobran y se quedan con la plata. Milei trabaja para los ricos; todos los días hace un negocio nuevo con los sectores de poder de la Argentina», disparó uno de los referentes de la movilización, según recogió Santafe Actual.
2.000 obras muertas: hospitales, cloacas y escuelas sin terminar
La parálisis de la obra pública es quizás el indicador más contundente del abandono federal. En todo el país hay 2.000 obras detenidas, mil de ellas en territorio bonaerense. No se trata solo de rutas sin asfaltar: son hospitales a medio construir, redes de cloacas interrumpidas que generan emergencias sanitarias, y establecimientos educativos sin techo. La inversión nacional en obra pública sufrió una caída del 97,5% respecto al año anterior, un desplome que ha destruido miles de empleos en el sector de la construcción y empujado a las pymes locales al límite del quiebre.
«Están quebrando todos los productores de las economías regionales, y los grandes industriales están cerrando miles de empresas todos los días», señaló Espinoza, según consignó El Intransigente.
Los municipios de la región también sufren las consecuencias de la caída del 21% acumulada en la coparticipación desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza. En la Provincia de Buenos Aires se perdieron 94.000 puestos de trabajo registrado, y la demanda de alimentos en los comedores municipales se disparó hasta un 100% en los distritos más golpeados. En algunas ciudades del país, el incremento en la demanda llegó al 300%.
«El límite es el hambre de nuestras vecinas y vecinos», advirtió Espinoza antes de la marcha al Palacio de Hacienda, donde también denunció que el Gobierno recaudó $3,5 billones por el Impuesto a los Combustibles que no destinó ni a bajar el precio de la nafta ni a realizar obras en rutas, según informó Canal 26.
El Plan Remediar, liquidado: 20 millones de personas sin medicamentos
La otra herida abierta en esta jornada es el desmantelamiento del Programa Remediar, que desde el 1° de abril dejó de funcionar en su formato original tras 24 años de trayectoria. El programa atiende a más de 20 millones de personas que acceden a medicamentos esenciales, según señaló el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien calificó la medida como que el Gobierno Nacional «está por cometer una de las peores atrocidades» de su gestión sanitaria.
En la Provincia de Buenos Aires, el deterioro fue contundente: los centros de salud abastecidos cayeron de 1.617 en 2023 a 1.132 en 2026, y la entrega de botiquines se redujo de 5.142 a 2.110, con una caída superior al 55% en el volumen total de medicamentos distribuidos, conforme documentó El Submarino Jujuy en base a un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El nuevo esquema se enfocaría únicamente en enfermedades cardiovasculares y reduciría drásticamente la cobertura a apenas tres medicamentos, frente a las 79 presentaciones farmacológicas que distribuía el programa hasta ahora, según relevó Ecos de la Ciudad.
El secretario General de FESINTRAS, Pablo Maciel, fue categórico: «Esta medida, enmarcada en un ajuste brutal e inhumano, representa un ataque directo a la vida y a la dignitud de millones de compatriotas que dependen de la salud pública para sobrevivir».
La batalla judicial y la unidad impensada
El conflicto ya salió de la esfera política para instalarse en los tribunales. La Provincia de Buenos Aires tiene siete demandas presentadas ante la Corte Suprema de Justicia, y el próximo 21 de abril se realizará una audiencia clave para discutir la deuda de la Nación con la caja previsional provincial. Kicillof también anunció que el 16,14% de cualquier fondo que se recupere será coparticipado directamente a los municipios que adhieran a la normativa local.
La movilización del 14 de abril quedará en los registros como un quiebre: fue la primera vez en más de dos años que intendentes de todo el país se congregaron para reclamar directamente ante el Ministerio de Economía, evitando canalizar su demanda a través de los gobernadores provinciales. «Ya no se acerca la catástrofe, sino que ya estamos en plena catástrofe», resumió un participante del cónclave virtual previo a la marcha, según publicó APF Digital.
Para los vecinos de Berisso, Ensenada y La Plata, el mensaje es directo: el ajuste de Milei y Caputo no es una abstracción macroeconómica. Se traduce en obras sin terminar, comedores desbordados, centros de salud sin medicamentos y municipios que cada vez tienen menos recursos para sostener los servicios básicos que su comunidad necesita.
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