La Municipalidad de Berisso hizo efectiva la colocación del cartel de obra y la firma del convenio para la construcción de playones deportivos por parte de Sol Vial SA y OPISU. Sin embargo, esta inauguración se ve empañada por las graves imputaciones por corrupción que enfrenta el propietario de la empresa constructora en una causa judicial paralela en La Plata.
El convenio Berisso-OPISU: inversión millonaria bajo controversia
El intendente Fabián Cagliardi firmó el convenio con la Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, para la construcción de tres playones deportivos valorados en $325.143.079,03. El proyecto fue adjudicado mediante contratación directa a Constructora Sol Vial SA, propiedad de Facundo Dadin.
Sol Vial SA en el centro del escándalo judicial
Tal como se publicó anteriormente en El Correo Gráfico se reveló que Facundo Dadin fue imputado en marzo de 2025 en La Plata por «asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta».
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La causa investiga un presunto esquema donde funcionarios paralizaban expedientes de desarrolladores para condicionar las aprobaciones a la contratación obligatoria de Sol Vial SA. El perjuicio económico total asciende a $700.000 millones de pesos.
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Conflicto de intereses: vínculos familiares cuestionados
El núcleo de la controversia radica en la relación de máxima confianza entre Cagliardi y Horacio «Pinito» Abel Dadin, empleado municipal y chofer exclusivo del intendente, quien es padre de Facundo Dadin, propietario de la constructora beneficiada.
Especialistas califican esta conexión como una «clara falta de ética y un posible delito de conflicto de intereses». La situación configura un alto riesgo legal para todos los implicados, especialmente considerando que la adjudicación evitó los controles de las licitaciones públicas competitivas.
Inconsistencias empresariales y fiscales
Facundo Dadin, agente inmobiliario que preside una constructora con contratos millonarios, figura como monotributista categoría F. Esta disparidad entre su estatus fiscal y la magnitud de los negocios genera interrogantes sobre la transparencia del proceso.
Sol Vial SA presenta «ausencia casi total de registros de participación en licitaciones públicas abiertas» a nivel provincial y nacional, contrastando con la posesión de maquinaria costosa y múltiples contratos estatales.
Red de favoritismo político regional
El caso no es aislado. Sol Vial SA recibió contratos en municipios gobernados por aliados políticos de Cagliardi, como Ensenada. Cagliardi supuestamente «facilitó» otra contratación directa con el Club Gimnasia y Esgrima La Plata, sugiriendo una red de favoritismo político que trasciende límites municipales.
Antecedentes de Cagliardi: historial de cuestionamientos
Cagliardi había sido previamente cuestionado por mantener su rol como empresario constructor de la patria contratista durante su función pública. Su empresa familiar Avistar SRL obtuvo contratos millonarios del Estado, generando interrogantes sobre conflictos de intereses anteriores.
Actualmente intendente y concejal electo testimonial, este escándalo ensombrece su gestión municipal y aspiración política en un momento político que se lo cuestiona por su gestión como un empresa que como un estado municipal.
Implicaciones y riesgos institucionales
Las imputaciones judiciales podrían derivar en inhabilitación para contratar con el Estado para Sol Vial SA, planteando incertidumbre sobre la continuidad de las obras iniciadas.
El escándalo expone «debilidades sistémicas en los procesos de contratación pública» y socava la confianza ciudadana en las instituciones, comprometiendo principios de ética y transparencia en la gestión de fondos públicos.
La paradoja del progreso empañado
La colocación del cartel de obra, símbolo tradicional del progreso público, contrasta con las sombras judiciales que rodean la constructora. Esta paradoja ilustra cómo la obra pública «se convierte en símbolo de prácticas cuestionables en la gestión de fondos públicos».
El caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de control necesarios para garantizar que la obra pública sirva al interés común y no a redes de nepotismo.
Perspectivas futuras
El futuro político de Cagliardi y el destino judicial de Sol Vial SA dependen del avance de las investigaciones en curso y de la capacidad institucional para garantizar rendición de cuentas.
Los vecinos esperan que las obras deportivas se concreten sin comprometer la transparencia, mientras la confianza pública se encuentra severamente cuestionada. La controversia del convenio Berisso-OPISU representa un caso emblemático de cómo los conflictos de intereses empañan proyectos destinados a beneficiar la comunidad.
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