Contragolpe judicial y silencio de los sindicalistas de Astillero Río Santiago

Oscar de Isasi y Francisco Banegas, los sindicalistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) procesados por la toma en el Ministerio de Economía bonaerense realizada por trabajadores de Astillero Río Santiago se negaron a declarar ante el fiscal Marcelo Romero. Y además redoblaron la apuesta procesal al presentar un hábeas corpus para evitar ser detenidos, realizar el pedido de sobreseimiento y presentar la recusación del fiscal. Así lo confirmaron a Letra P fuentes judiciales, que indicaron que el expediente fue girado a la jueza de Garantías Marcela Garmendia para que defina los planteos de la defensa.

Ambos dirigentes llegaron este martes a la sede del fuero Penal de La Plata acompañados de una imponente y pirotécnica movilización de trabajadores. Tras presentarse en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de La Plata, hicieron uso de su derecho a negarse a declarar.

Acompañados por el abogado Marcelo Ponce Nuñez, los procesados de “coacción agravada por la calidad de miembros de los poderes públicos del sujeto pasivo en grado de tentativa, incitación a la violencia colectiva y atentado contra la autoridad en concurso real” pidieron que el fiscal se aparte de la investigación.

Los planteos de las defensas serán resueltos por la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, cuyo hijo, Juan Manuel Martínez Garmendia, es subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de La Plata y ferviente militante del PRO, la fuerza política de pertenencia de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

En el dictamen de procesamiento el fiscal dejó en claro que no es un ataque al derecho de protesta. También diferenció a los trabajadores de los líderes gremiales. “No es posible equiparar la acción y responsabilidad de los líderes sindicales con los trabajadores que representan”, aclaró Romero para detallar: “El mandato conferido se traduce en atribuciones y éstas deben interpretarse como responsabilidades, nunca como derechos de estirpe e inmunidad frente a las bases”.

Para el investigador “cuanto mayor es la función, mayor tiene que ser la responsabilidad”.

La toma finalizó en las primeras horas del 19 de septiembre con la firma de un acta acuerdo. Según denunciaron funcionarios del gobierno bonaerense, los manifestantes produjeron daños en el edificio. Sobre ese punto el fiscal Romero no pidió procesamiento ya que valoró el planteo de los dirigentes gremiales y trabajadores que se ofrecieron a reparar a costo cero para el Estado las roturas en el edificio del ministerio de Economía, una de las construcciones históricas de La Plata, ubicado en el centro platense, en la calle 8 entre 45 y 46.

Para dictar los procesamientos el fiscal también valoró el testimonio del ministro de Economía, Hernán Lacunza, quien confirmó que uno de sus interlocutores durante el conflicto fue el sindicalista Banegas.

De otro pasaje del expediente, al que accedió Letra P, se desprende que, según el titular de la investigación, “quienes criminalizaron la protesta y desde el vamos, fueron los imputados”, que se aprovecharon “de la desesperación genuina de sus representados” ante la posibilidad de perder sus fuentes laborales “urdiendo y promoviendo una acción delictiva, escondiéndose en la máxima en la que han caído al olvido hechos similares”.

Luego de ensayar una serie de argumentos jurídicos, recordó el episodio en el que el intendente de Ensenada, Mario Secco irrumpió en la Legislatura bonaerense para denunciar una represión. Esa irrupción fue judicializada, pero aún no fue resuelta. La causa la comenzó a investigar el mismo Romero, pero cuando estaba a punto de requerir la detención del alcalde kirchnerista, fue corrido del expediente que quedó en manos de la fiscal Ana Medina.

“Pareciera que la ilegalidad creara precedentes y que la comisión de delitos se erigieron con casos testigos para planear y justificar acciones delictivas posteriores”, asestó el fiscal, para redoblar la apuesta: “Que el Señor Intendente de Ensenada, Mario Secco, haya interrumpido meses atrás en uno de los recintos legislativos de la Provincia, proferido amenazas e interrumpido la sesión y como única respuesta de las instituciones del Estado haya recibido un ‘chas-chas en la cola y a la cama sin comer el postre’, no implica que se soslaye –en este caso- la gravedad institucional inusitada y que los poderes públicos miran absortos y en primera fila sus alternancias”. Una lectura posible es que buscará, pruebas mediante, el castigo para de Isasi y Banegas. Ante esto la defensa presentó el hábeas corpus para evitar la detención de los dirigentes encausados. (Letra P)

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