Corredores inmobiliarios demandarían a Cagliardi y concejales dejando en jaque económico a Berisso

El municipio gerenciado por Fabián Cagliardi ordenó limitar la actividad de empresas inmobiliarias y de publicidad y al establecerse la ilegalidad de la medida, estas firmas podrían iniciar acciones legales para que se repare el daño sufrido causando el embargo de erario municipal.

Según detallaron desde la a Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, «pone en riesgo el patrimonio municipal», publicó en una nota el portal Infoplatense.

Berisso sancionó en 2020 la Ordenanza 3752 para prohibir “la habilitación municipal de oficinas inmobiliarias bajo nombres de fantasía y/o en representación de Franquicias, Licencias o Marcas”, como así también “la publicidad (…) de servicios inmobiliarios bajo nombres de fantasía y/o en representación de Franquicias, Licencias o Marcas”.

Las iniciativas destinadas a eliminar posibles competidores en el rubro inmobiliario habían comenzado con Colegio de Corredores Inmobiliarios porteño (CUCICBA) quienes denunciaron a RE/MAX ante la Inspección General de Justicia (IGJ) por ejercer “una actividad ilícita”.

Mediante la Resolución 350, ese organismo determinó disolver RE/MAX Argentina SRL. Tras la apelación, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ordenó -en mayo de este año- dejar sin efecto la resolución con imposición de costas al organismo. Así las cosas, en lo que se considera “en colisión con la ley orgánica de las municipalidades y el Código Civil y Comercial”, destacaron que «Berisso buscaba frenar la competencia dentro del sector inmobiliario».

“Quienes insistan con esa arbitrariedad estarán incurriendo “en responsabilidad civil patrimonial, al igual que los concejales en forma personal, porque los daños que ya están causando son mensurables económicamente y de muy fácil prueba en sede judicial”, advirtieron desde la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI).

En sintonía con los martilleros porteños, el Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires y una veintena de colegios distritales bonaerenses tomaron medidas similares argumentando ante los municipios con la resolución de la IGJ.

En ese orden, el presidente de CAMESI, el bogado y martillero platense Mariano García Malbrán señaló: “la resolución de la IGJ fue rechazada por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, con expresa imposición de costas. Esto cambia absolutamente el panorama de las ordenanzas, que ya eran ilegales porque son contrarias a la Ley Orgánica de las Municipalidades al legislar sobre aspectos y cuestiones que van más allá de su competencia; pero ahora este fallo de la Cámara Nacional deja a los municipios y a los concejales en un riesgo legal de exposición patrimonial enorme. Y la realidad es que están causando un daño muy importante, no solamente a la industria inmobiliaria, sino también a la de la publicidad”.

Asimismo indicó que “los municipios van a ser responsables patrimonialmente por daños y perjuicios civiles. Estas acciones serán iniciadas por los corredores inmobiliarios que contrataron los servicios de las marcas y tuvieron un daño patrimonial enorme, derivado de una ordenanza ilegal. Asimismo, las asociaciones de publicistas se encuentran analizando el mismo camino. Además, los concejales podrán recibir cargos patrimoniales por su responsabilidad personal frente al Estado, porque se basaron en una resolución administrativa de un organismo del Poder Ejecutivo que aún no se encontraba firme para prohibir la actividad comercial de empresas que prestan un servicio absolutamente legal y que genera muchos puestos de trabajo e ingresos económicos de manera directa e indirecta”.

El proyecto en la ciudad fue presentado en su oportunidad por en bloque de Juntos por el Cambio bajo el expediente 4090-244-2020 y fue aprobado por todo el cuerpo de concejales con el aval de la entonces presidente Vanesa Queyffer y del secretario Gabriel Lommi el 21 de enero de 2021.

Además de Berisso, los municipios, concejales e intendentes de Almirante Brown, Azul, Berazategui, Ayacucho, Bolívar, Campana, Chacabuco, Chivilcoy, Escobar, Exaltación de la Cruz, General Madariaga, General Pueyrredón, Partido de La Costa, Magdalena, Monte Hermoso, Necochea, Pehuajó, Pinamar, Punta Indio, Salliqueló, Salto, San A. de Areco, San A. de Giles, San Cayetano, Tandil, Tordillo, Trenque Lauquen, Villa Gesell y Zárate, están reñidos con el orden jurídico al mantener vigentes las ordenanza prohibicionistas.

Así las cosas, deberían vetarlas para evitar acciones judiciales millonarias que afectarán las finanzas de los municipios y el patrimonio de los concejales que la votaron. (Infoplatense)

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