El plan Fines en la recta final

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“Cuando la educación deja de ser considerada un derecho y pasa a ser concebida como mercancía, como lo hace este gobierno, suceden estas cosas: se corta por lo más fino, se desfinancia al que más apoyo necesita, se destinan los fondos para los que más tienen cuando en verdad lo que el Estado tendrían que hacer es exactamente lo contrario: nivelar, trabajar para la igualdad de oportunidades”. El que habla es Eduardo López, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educaión (UTE) y Secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).

Lo dice en respuesta a la decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que anunció el cierre de doce sedes donde se cursaba el Plan Fines, programa implementado en 2008 que permite terminar la escuela secundaria y primaria a adultos de todo el país.

Se trata de sedes de la zona sur de la ciudad, ubicadas en Boedo, Soldati, Pompeya, San Telmo y Lugano. “La zona sur de la ciudad es justamente la que concentra mayor desocupación. La más pobre y la más golpeada por el recorte de presupuesto en Educación”, continúa López, en conversación con este diario.

Esta medida perjudica a unos quinientos alumnos de la ciudad, que no podrán continuar con sus estudios. “La decisión afecta por supuesto, nuevamente, a los más vulnerables”, dice el titular de UTE y además tiene relación con la obstrucción por decreto del gobierno a la paritaria nacional para los docentes: “una cosa tiene que ver con la otra: el Fines era un programa de financiamiento mixto entre la Nación y las jurisdicciones. Ahora, sin paritaria, el gobierno nacional no destina un centavo y por su lado las jurisdicciones se achican”.

Por otra parte, este recorte deja sin trabajo a más de ochenta docentes de las distintas materias y especialidades. Con respecto al destino de los alumnos la promesa oficial es que “serán reubicados”. “Claramente ‘reubicación, en el idioma de Cambiemos, ha pasado a convertirse en un eufemismo de ‘cierre’. A las escuelas y a los cursos, los clausuran diciendo que van a reasignar a los alumnos. Eso mismo dijeron con respecto a los chicos de las escuelas rurales que cerraron la semana pasada. Funcionarios de tercera línea salen a dar esa justificación. Lo mismo dijeron con los más de doscientos grados que cerraron en la Ciudad, con las notebooks que les quitaron a los chicos y con las escuelas que cerraron en el Delta hace poco”, fundamenta el gremialista.

La noticia del cese del funcionamiento de estas sedes se dio a conocer a días del inicio de las clases, sin que se haya llegado a acuerdos salariales con los docentes de casi ningún distrito del país, y después del cierre de ocho colegios en el Delta y más de cincuenta escuelas rurales por decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal. Esta última medida de Vidal, atribuida a la “baja matrícula”, recayó sobre escuelas de Laprida, Pellegrini, Chascomús, Castelli, Lezama, Ayacucho y Tres Arroyos. También hubo cierres en Lincoln, Tres Lomas, Rauch, Tordillo, Pringles, Exaltación de la Cruz, Chacabuco y Chivilcoy, entre otros.

En el Gobierno, analiza López, “tiene una concepción mercantil de la educación: accede el que puede sostenerse. El que puede costear esa mercancía, el que puede ir a la escuela privada de su barrio, pagarse el colectivo, cambiar su horario de trabajo. Esta actitud no sólo cristaliza las desigualdades de base, también las profundiza. Sin embargo, el Estado y la educación pública deberían ser garantía de exactamente lo contrario”.

Según las autoridades del Ministerio el ajuste continuará: a mitad de año planean cerrar muchas más sedes, como ya viene sucediendo desde 2015 en todo el país. (Adelanto 24)

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