La Justicia investiga a la ex ministra Victoria Tolosa Paz por presunta corrupción en convenios para la confección de guardapolvos, con operativos en cooperativas que recibieron más de 5.000 millones de pesos.
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Un escándalo que sacude a la política argentina
En un nuevo capítulo de la política argentina, la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se encuentra en el centro de una investigación judicial que sacude los cimientos del gobierno anterior. La causa, conocida mediáticamente como la “Causa Guardapolvos”, involucra un monto superior a los 5.000 millones de pesos destinados a la confección de más de un millón y medio de guardapolvos para estudiantes de bajos recursos. Sin embargo, lo que debía ser un proyecto social de gran envergadura, se ha transformado en un escándalo de corrupción que podría tener graves consecuencias legales para Tolosa Paz y otros funcionarios involucrados.
Los orígenes de la investigación
La denuncia fue presentada por el actual gobierno, y la investigación está siendo conducida por el juez Julián Ercolini, a solicitud del fiscal Carlos Rívolo. Según fuentes judiciales, la investigación ha avanzado significativamente en las últimas semanas, con pruebas contundentes que apuntan a irregularidades en los convenios firmados por Tolosa Paz y el secretario de Articulación de Política Social, Leonardo Moyano.
Los convenios, que involucraban a una treintena de cooperativas, fueron firmados con el objetivo de confeccionar 1.595.000 guardapolvos para estudiantes de bajos recursos. El presupuesto total destinado para este proyecto era de 7.000 millones de pesos. Sin embargo, la auditoría del Ministerio de Capital Humano, liderada por Sandra Pettovello, reveló que se entregaron menos de la mitad de las prendas acordadas, mientras que se cobró casi el 80% del total de los fondos comprometidos.
Las cooperativas en el ojo de la tormenta
La denuncia detalla una serie de irregularidades en las cooperativas contratadas, algunas de las cuales recibieron entre 600 y 700 millones de pesos cada una. Entre las cooperativas mencionadas destacan Los Pitufos y 15 de Julio de Quilmes, Mariscal Francisco Solano López y Kbrones de La Matanza, y Manos Berissenes y la empresa Grupo Sala de Berisso. Estas entidades, a pesar de haber recibido grandes sumas de dinero por adelantado, no entregaron la totalidad de las prendas comprometidas. La denuncia también señala que al menos cuatro cooperativas cobraron más de 350 millones de pesos sin haber confeccionado un solo guardapolvo.
Modus operandi: un sistema fraudulento
La investigación judicial ha revelado un presunto modus operandi fraudulento detrás de estos convenios. Según la denuncia, las cooperativas no poseían las maquinarias, materias primas, ni el capital humano necesario para cumplir con los compromisos adquiridos. A pesar de esto, recibieron los fondos públicos y firmaron los acuerdos con el gobierno anterior.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada, que solicitó un subsidio de 710 millones de pesos para confeccionar 165.000 guardapolvos. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) elaboró un informe previo a la solicitud de la cooperativa, estableciendo un precio mínimo de 4.305,25 pesos por guardapolvo, lo que coincide exactamente con el monto solicitado posteriormente por la cooperativa. Este hecho ha sido interpretado por los investigadores como una señal de colusión entre las cooperativas y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social .
Operativos en Buenos Aires, Misiones y Entre Ríos
En el marco de la investigación, la Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo 33 allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Misiones y Entre Ríos, incautando una gran cantidad de documentación relacionada con la causa. Estos operativos se realizaron en cooperativas y domicilios vinculados a la “Causa Guardapolvos”, y las pruebas recogidas han sido clave para el avance de la investigación .
Entre las localidades allanadas se encuentran Avellaneda, Dock Sud, Quilmes, Berazategui, Glew, Isidro Casanova, Laferrere, Haedo, La Plata, Berisso, San Justo, José C. Paz, Los Toldos y Tandil. En estas localidades operaban cooperativas que, según la investigación, no tenían la capacidad operativa ni logística para cumplir con los contratos, lo que refuerza las sospechas de fraude .
Vínculos políticos y sobreprecios en licitaciones: el caso del Grupo Sala y Manos Berissenses
Si bien no trascendieron los allanamientos en Berisso, según supo este medio, durante la semana pasada se llevaron a cabo allanamientos en el Polígono Industrial y en el barrio de Villa Progreso, relacionados con una cooperativa y una empresa ligadas al kirchnerismo que ganaron licitaciones con sobreprecios en frazadas y sábanas, vinculadas a la diputada de Unión por la Patria.
Los contratos con estas empresas con estrechos vínculos políticos ha generado una considerable controversia. Grupo Sala y la Cooperativa Manos Berissenses, ambas con sede en Berisso, han sido señaladas por su participación en licitaciones públicas con precios notablemente superiores al valor de mercado. Este detalle es particularmente relevante, considerando que Berisso es la ciudad donde nació y militó la candidata a diputada por Unión por la Patria, un hecho que no pasa desapercibido.
Antecedentes de las empresas adjudicatarias
Tal como se publicó en 2023, El Grupo Sala y la Cooperativa Manos Berissenses no son nuevas en el ámbito de las licitaciones. Durante la pandemia de COVID-19, ambas organizaciones participaron en la licitación 2020-849-APN-MDS, donde se adjudicaron lotes para proveer productos como frazadas y juegos de sábanas al Ministerio de Desarrollo Social. En ese entonces, el Grupo Sala ofreció frazadas a $604 cada una, un precio que ha aumentado en un 948% en la licitación más reciente. Este incremento desproporcionado ha levantado sospechas sobre la legitimidad de los procesos de licitación y la posible influencia política detrás de las adjudicaciones.
Relaciones políticas y adjudicaciones directas
La Cooperativa Manos Berissenses no solo se ha beneficiado en esta ocasión. En julio, fue la ganadora de una adjudicación directa para proveer juguetes al Ministerio de Desarrollo Social con motivo del “Día de las niñeces”, sin necesidad de competir en un proceso abierto. Esta adjudicación ascendió a $350,24 millones, junto con otra por $122,58 millones, firmadas los días 8 y 9 de agosto respectivamente. Mariana Cristina García, apoderada de la cooperativa, junto con Claudia Serpe y Virgilio Vázquez Lezcano, quienes figuran como responsables en los documentos presentados, tienen estrechos vínculos con el kirchnerismo.
Por su parte, Grupo Sala inauguró una nueva planta en Berisso el año pasado, un evento que contó con la presencia de altos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y de la Producción de la provincia, además de representantes de la municipalidad. Claudia y María Laura Santucci, socias de la empresa, también tienen conexiones políticas, siendo María Laura una aportante de la campaña 2015 del entonces Frente para la Victoria, con una contribución registrada de 10.200 pesos (equivalentes a unos 1100 dólares en ese momento).
Sobreprecios y falta de transparencia
Uno de los aspectos más alarmantes de esta situación es el elevado costo de las frazadas y sábanas licitadas. Según varios mayoristas consultados, el precio de una frazada de una plaza en el mercado mayorista ronda los $2500, mientras que las frazadas adjudicadas en la licitación oscilan entre $6180 y $6600. Incluso considerando un costo financiero adicional por pagos a 60 días, los precios adjudicados superan significativamente los valores de mercado. Situaciones similares se observan con las frazadas de dos plazas, que en el barrio porteño de Once se consiguen a $3500, muy por debajo del precio ofrecido por Manos Berissenses, que cotizó a $9680 por unidad.
Uno de los consultados por el diario La Nación comentó que “por $7500 se consiguen las frazadas del estilo a las que se utilizan en los principales hoteles cinco estrellas de la Ciudad de Buenos Aires”. Esta declaración subraya la disparidad entre los precios licitados y los valores de mercado, alimentando las sospechas de sobreprecios y manejos poco transparentes en el proceso de adjudicación.
Implicaciones políticas y judiciales
El caso ha tenido graves implicaciones políticas, especialmente para Tolosa Paz, quien actualmente es diputada de Unión por la Patria. La acusación de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” es un cargo serio que podría derivar en una condena penal. Además, la denuncia incluye delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
El gobierno actual ha sido enfático en su postura, señalando que las irregularidades en los convenios no podían ser desconocidas por Tolosa Paz y Moyano, y que ambos deben responder ante la Justicia por sus acciones. La presentación judicial incluye un detalle pormenorizado de cada convenio y los incumplimientos registrados, lo que complica aún más la situación legal de los acusados.
Reacciones de los implicados
Hasta el momento, Victoria Tolosa Paz ha negado las acusaciones en su contra, alegando que los convenios se realizaron en el marco de la legalidad y que se trató de un proyecto con fines sociales. Sin embargo, las pruebas recolectadas hasta ahora pintan un cuadro distinto, y la Justicia deberá determinar si hubo o no malversación de fondos en la ejecución de estos convenios.
Por otro lado, el secretario de Articulación de Política Social, Leonardo Moyano, también ha sido mencionado en la denuncia, aunque no ha hecho declaraciones públicas al respecto. Su rol en la firma de los convenios lo coloca en una posición vulnerable, y es probable que tenga que enfrentar la Justicia en los próximos meses.
El futuro de la “Causa Guardapolvos”
La “Causa Guardapolvos” se perfila como uno de los casos de corrupción más resonantes de los últimos años en Argentina. Con más de 5.000 millones de pesos en juego y un millón y medio de estudiantes afectados, la investigación está lejos de concluir. El avance de la causa dependerá en gran medida de las pruebas que se sigan recolectando y de las decisiones que tome el juez Ercolini en las próximas semanas.
En resumen, la “Causa Guardapolvos” ha revelado una red de presunta corrupción y fraude en la administración pública que involucra a cooperativas, funcionarios y millones de pesos del erario público. La Justicia tendrá la última palabra, pero las consecuencias políticas y sociales de este escándalo ya se están sintiendo en todo el país .
Fuentes:
- Infobae: Causa Guardapolvos: La Justicia allanó cooperativas acusadas de cobrar más de 5000 millones por prendas que no entregaron
- LaBuenaInfo: La platense Victoria Tolosa Paz en la mira de la Justicia por maniobras de corrupción
- InfoPlatense: Causa Los Guardapolvos de Victoria Tolosa Paz: Allanaron cooperativas de La Plata y Berisso
- Viví el Oeste: Allanaron múltiples cooperativas del oeste por supuestas transferencias irregulares
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