La reciente sesión del Concejo Deliberante de Berisso ha dejado al descubierto un escándalo de impunidad y desinterés por parte del bloque oficialista de PJ-Unión por la Patria, liderado por Gabriel Marotte, ladero del intendente Fabián Cagliardi. En un clima de tensión y protestas, el concejal Antonio Ligari, denunciado por violencia de género y violencia laboral, logró que su situación fuera archivada, desatando la indignación de la oposición y de la comunidad.
Un escenario tenso
Cuando el Concejo Deliberante se reunió para tratar la «suspensión provisoria» del concejal Antonio Ligari. La denuncia, presentada por una trabajadora municipal, alegaba que Ligari había agredido verbalmente a la denunciante en su lugar de trabajo. La edil Gimena Carabajal del bloque Juntos, al abrir el debate, hizo un llamado a la responsabilidad, afirmando que «tenemos que estar a la altura», un pedido que parece haber caído en oídos sordos.
La presencia de miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales (STMB), Natalia Roldán y Sandra Carzolio, y del hijo de la víctima en las gradas intensificó el ambiente. Los gritos de «es una vergüenza que estés ahí sentado» resonaron en el recinto, mientras Ligari, impasible, tomaba mate en su banca. Este acto de desprecio hacia la denuncia y hacia la víctima es un claro reflejo de la cultura de silencio y complicidad que parece prevalecer en el bloque oficialista.
La votación: Resultado predecible
A medida que avanzaba la sesión, el oficialismo, bajo la dirección de Gabriel Marotte, intentó minimizar la gravedad de la situación, argumentando que se había convertido en un tema «mediático».
En una votación decisiva, Ligari apoyó la moción a favor del que resultó en la aprobación del expediente para archivo, con un conteo final de 12 votos a favor y 7 en contra. Este resultado determinó el cierre inmediato del debate, lo que llevó a Ligari a abandonar el recinto y regresar a su bloque. Mientras se desarrollaba este proceso, se registraron manifestaciones y gritos en aceptación y repudio, evidenciando la polarización en torno a la decisión adoptada.
La decisión del oficialismo de archivar la denuncia no solo representa una falta de compromiso con las víctimas de violencia, sino que también pone de manifiesto una clara grieta en el cuerpo deliberativo. La oposición, aunque en minoría, dejó en claro su rechazo a la protección de un concejal acusado de tales delitos.
La reacción de la comunidad
La indignación no se limitó a los concejales de la oposición. Natalia Roldán y Sandra Carzolio, representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, confrontaron a los concejales oficialistas, exigiendo respuestas y denunciando la falta de compromiso del cuerpo legislativo con las víctimas de violencia. La comunidad se siente traicionada por un sistema que debería proteger a los más vulnerables.
Joaquín Díaz, hijo de la trabajadora agredida, expresó su frustración en una entrevista, calificando a Ligari de «cobarde» y denunciando las maniobras del oficialismo para confundir a la opinión pública. «Hicieron un montón de movimientos para confundir a la gente», afirmó, reflejando el sentimiento de muchos que asistieron a la sesión.
Declaraciones de los concejales
La presidente del Concejo Deliberante, Aldana Iovanovich, defendió la postura de su bloque, argumentando que no se puede destituir a un concejal sin una sentencia firme. Sin embargo, su defensa ha sido criticada por muchos como una excusa para proteger a un compañero de partido. «Nosotros no vamos a favorecer la destitución de ningún concejal fuera de lo que marca la ley», afirmó al portal filo-oficialista de Berisso Ciudad, pero sus palabras no lograron calmar la indignación de la comunidad.
El concejal del bloque Juntos por el Diálogo Federal, Maximiliano Fernández, de la oposición, calificó la sesión como «un mamarracho» y criticó la falta de argumentos del oficialismo. «Es una defensa que se mantiene para los amigos de una forma, para los que no son amigos, de otra», denunció, subrayando la hipocresía del bloque oficialista.
La resistencia de la oposición: Un llamado a la acción
La oposición en el Concejo Deliberante de Berisso ha manifestado su descontento no solo por la decisión de archivar la denuncia contra Antonio Ligari, sino también por la forma en que se ha manejado el proceso. Los concejales opositores han sido claros en su postura: no se puede permitir que la política se convierta en un refugio para quienes cometen actos de violencia. «La violencia de género no puede ser un tema de discusión política, debe ser un tema de acción», afirmó Matías Nanni, presidente del bloque Juntos, quien ha sido un firme defensor de la necesidad de un cambio en la cultura política local.
La oposición ha señalado que la falta de acción del oficialismo no solo es una traición a las víctimas, sino también un mensaje peligroso para la comunidad. «Cuando se protege a un agresor, se envía un mensaje de que la violencia es tolerable», advirtió Nanni. Este tipo de declaraciones resuenan en un contexto donde la violencia de género es un problema crítico en la sociedad argentina, y donde las instituciones deben ser un bastión de protección para las víctimas.
La voz de las víctimas: Un eco que resuena
La historia de Marcela Ríos, la trabajadora municipal que denunció a Ligari, es un reflejo de la lucha que enfrentan muchas mujeres en situaciones similares. Joaquín Díaz, su hijo, ha sido un portavoz valiente, denunciando no solo la agresión sufrida por su madre, sino también la falta de apoyo institucional. «No se trata solo de mi madre, se trata de todas las mujeres que sufren en silencio», expresó Joaquín, enfatizando la necesidad de que las voces de las víctimas sean escuchadas y respetadas.
La comunidad de Berisso ha comenzado a movilizarse en apoyo a Marcela y a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia.
La cultura de la impunidad: Un problema estructural
El escándalo en Berisso no es un caso aislado, sino que forma parte de un problema estructural que afecta a muchas instituciones en Argentina. La cultura de la impunidad, donde los agresores son protegidos por sus colegas y superiores, es un fenómeno que debe ser erradicado. La falta de consecuencias para aquellos que cometen actos de violencia no solo perpetúa el ciclo de abuso, sino que también desincentiva a las víctimas a denunciar.
La presidente del Concejo Deliberante, Aldana Iovanovich, ha intentado justificar la decisión de archivar la denuncia, pero sus argumentos han sido recibidos con escepticismo. «No se puede hablar de respeto a la ley cuando se ignoran las voces de las víctimas», criticó un miembro de la oposición. La percepción de que el oficialismo prioriza la lealtad política sobre la justicia ha generado un clima de desconfianza en la comunidad.
La necesidad de reformas estructurales
Ante esta situación, se hace evidente la necesidad de reformas estructurales en el sistema político y judicial. Es fundamental que se establezcan protocolos claros para el manejo de denuncias de violencia de género y laboral, así como mecanismos de protección para las víctimas. La creación de un espacio seguro donde las mujeres puedan denunciar sin temor a represalias es esencial para fomentar un cambio real.
Además, es crucial que se realicen capacitaciones y sensibilizaciones dentro de las instituciones para que todos los actores involucrados comprendan la gravedad de la violencia de género y la importancia de actuar con responsabilidad. La educación y la concientización son herramientas poderosas en la lucha contra la violencia, y deben ser parte integral de cualquier estrategia de cambio.
Un futuro en manos de la comunidad
La comunidad de Berisso se encuentra en un punto de inflexión. La decisión del Concejo Deliberante de archivar la denuncia contra Antonio Ligari ha despertado una ola de indignación que no puede ser ignorada. La movilización de la ciudadanía, junto con el apoyo de organizaciones sociales y políticas, es fundamental para exigir un cambio en la forma en que se abordan estos casos.
La lucha por la justicia y la igualdad de género es una tarea que requiere el compromiso de todos. La comunidad debe unirse para exigir que sus representantes actúen con responsabilidad y que se priorice el bienestar de las víctimas. «No podemos quedarnos de brazos cruzados. Es hora de que nuestras voces sean escuchadas», concluyó Joaquín Díaz, reflejando el sentimiento de muchos en la comunidad.
La responsabilidad de los medios de comunicación
En este contexto, los medios de comunicación juegan un papel crucial. La cobertura de casos de violencia de género y laboral debe ser responsable y respetuosa, evitando la revictimización de las víctimas. Es fundamental que los medios informen sobre estos temas con sensibilidad, destacando la importancia de creer en las denuncias y de dar voz a quienes han sufrido abusos.
Los periodistas tienen la responsabilidad de investigar a fondo y de presentar los hechos de manera objetiva, sin caer en la sensationalización que puede desviar la atención del problema central. La forma en que se abordan estos casos en los medios puede influir en la percepción pública y en la disposición de otras víctimas a denunciar. Por lo tanto, es esencial que se adopten estándares éticos en la cobertura de la violencia de género.
La importancia de la solidaridad
La solidaridad entre las mujeres y los hombres que apoyan la causa es fundamental para avanzar en la lucha contra la violencia de género. La comunidad de Berisso ha comenzado a mostrar su apoyo a Marcela Ríos y a todas las víctimas, organizando eventos y actividades que buscan crear conciencia sobre la problemática. La unión de fuerzas es clave para desafiar la cultura de la impunidad y para exigir cambios significativos en las políticas públicas.
Las redes sociales también han sido una herramienta poderosa en esta lucha. A través de plataformas digitales, se han compartido testimonios, se han organizado campañas de apoyo y se ha visibilizado la problemática de la violencia de género. La capacidad de movilización que ofrecen las redes sociales permite que las voces de las víctimas sean escuchadas más allá de las fronteras locales, generando un impacto que puede influir en la opinión pública y en la acción política.
Un llamado a la acción
El escándalo en Berisso es un llamado a la acción para todos los sectores de la sociedad. No se puede permitir que la violencia de género y laboral continúe siendo un tema tabú o un asunto que se maneje con indiferencia. Es responsabilidad de cada ciudadano exigir que se tomen medidas concretas y que se garantice la protección de las víctimas.
La lucha por la justicia no es solo una cuestión de política; es una cuestión de derechos humanos. La comunidad debe unirse para exigir que se implementen políticas efectivas que aborden la violencia de género y que se garantice un entorno seguro para todas las personas. La voz de las víctimas debe ser escuchada, y es fundamental que se actúe en consecuencia.
Hacia un futuro más justo
El futuro de Berisso y de muchas comunidades en Argentina depende de la capacidad de sus ciudadanos para exigir un cambio. La decisión del Concejo Deliberante de archivar la denuncia contra Antonio Ligari es un recordatorio de que aún queda mucho por hacer en la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, la movilización de la comunidad y el compromiso de la oposición son señales de que el cambio es posible.
Es hora de que la política se ponga al servicio de la justicia y de que se priorice el bienestar de las víctimas. La lucha contra la violencia de género es una tarea colectiva que requiere la participación activa de todos. La comunidad de Berisso, junto con sus representantes, debe trabajar en conjunto para construir un futuro más justo y equitativo, donde la violencia no tenga cabida y donde todas las voces sean escuchadas y respetadas.
La historia de Marcela Ríos y de tantas otras mujeres que han sufrido violencia debe ser un catalizador para el cambio. La lucha continúa, y cada paso hacia adelante es un paso hacia un futuro en el que la violencia de género sea erradicada y donde la justicia prevalezca. La comunidad de Berisso está lista para alzar su voz y exigir un cambio real. Es momento de actuar, de unir fuerzas y de construir un futuro donde la dignidad y el respeto sean la norma.
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