El Concejo Deliberante de Berisso aprobó el pasado 9 de octubre la designación de María Azul Lamoglie como Jueza de Faltas N°1, en una sesión que dejó al descubierto profundas grietas políticas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. Con 17 votos a favor y 3 en contra, el pliego impulsado por el intendente Fabián Cagliardi logró el respaldo necesario gracias a una alianza entre el oficialismo peronista y el bloque de La Libertad Avanza, en medio de acusaciones de acuerdos opacos y «designación a dedo».
La controversia se agravó al conocerse que Lamoglie enfrenta una denuncia por presunta falsificación de documento público, relacionada con su postulación anterior a un cargo de jueza de paz en San Vicente. La oposición radical no solo rechazó el nombramiento, sino que propuso crear un Consejo Municipal de la Magistratura para evitar futuras designaciones discrecionales, aunque la iniciativa fue archivada sin tratamiento en comisión.
Una designación exprés que evitó el debate
El expediente 4012-6765-2025 fue tratado «sobre tablas», una maniobra legislativa que requiere el 75% de los votos y que permite evitar el análisis en comisiones. De esta manera, el pliego de Lamoglie no pasó por la comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos (LIA), lo que minimizó el debate técnico y el escrutinio público sobre su candidatura.
María Azul Lamoglie, abogada oriunda de La Plata y de extracción radical, se desempeñaba en la Asesoría Letrada Municipal de Berisso antes de su designación. Fuentes críticas del nombramiento señalan que forma parte del llamado «círculo Rojo», cercano al intendente ya que se trata de su socio comercial y caído a funcionario municipal, Gabriel Bruno, y cuestionan su escasa experiencia en el ámbito legislativo y municipal, así como su falta de arraigo en la política local.
Una vez aprobado el pliego, Cagliardi le tomó juramento en su despacho, formalizando así su incorporación a un cargo vitalicio en el sistema judicial municipal.
La denuncia judicial que complica el panorama
Paralelamente a su asunción en Berisso, Lamoglie enfrenta una investigación judicial por presunta falsificación de documento público. Según primereó el portal Infocielo, la denuncia se originó en su participación en un concurso para ocupar el cargo de jueza de paz en San Vicente, donde habría presentado documentación adulterada para acreditar el requisito de radicación exigido por ley.
Según los denunciantes, al momento de postularse en San Vicente, Lamoglie residía (aunque en papeles vive en La Plata) y trabajaba en Berisso, lo que invalidaría su postulación. La causa se encuentra en etapa de análisis de pruebas, y la situación puso al intendente en una posición incómoda, obligándolo a explicar por qué respaldó a una funcionaria ya investigada por un posible delito.
Este escándalo judicial agrega una capa de complejidad a una designación que ya había generado ruido político por las formas en que fue llevada adelante.
Alianzas improbables y acuerdos a puertas cerradas
Su designación como Jueza de Paz en octubre tuvo una votación de 17 a 3 evidenció una coalición heterogénea que sorprendió a propios y extraños. El oficialismo peronista de Unión por la Patria, liderado por el concejal Gabriel Marotte, logró sumar el apoyo de bloques opositores, particularmente de La Libertad Avanza, representado por los concejales Melisa Aguilera, Darío Luna y Jorge Marc Llanos.
También votaron a favor los libertarios disidentes Daniel del Curto y Natalia Moracci, y el concejal Maximiliano Fernández de Juntos por el Diálogo Federal. Esta amplia mayoría contrasta con el bloque radical de la UCR-AMUBE, que se opuso frontalmente al nombramiento.
Las críticas apuntaron especialmente a La Libertad Avanza, un espacio que se presenta como detractor de los «acuerdos de cúpula» y la «casta política». Fuentes opositoras denunciaron que el respaldo se gestó en «numerosas y sospechosas reuniones privadas» a cambio de «cargos o prebendas», lo que erosiona la legitimidad del proceso.
El concejal radical Matías Nanni fundamentó el rechazo de su bloque señalando: «No podemos acompañar una designación sin ese marco de transparencia». Nanni aclaró que su voto negativo no cuestionaba la capacidad profesional de Lamoglie, sino el «método opaco» empleado para su selección.
Por su parte, el oficialismo defendió el procedimiento. Gabriel Marotte argumentó: «El procedimiento se ajusta a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades. No nos hemos corrido un centímetro de lo que marca la ley», intentando cerrar el debate desde la legalidad formal.
Un modelo de gestión cuestionado
El episodio puso nuevamente en el centro del debate el estilo de gestión del intendente Cagliardi, descrito por sus críticos como el de un «CEO municipal» que prioriza la eficiencia ejecutiva y los acuerdos a puerta cerrada sobre la deliberación democrática.
Este modelo se caracteriza por el control de la información, la negociación transaccional de apoyos legislativos, decisiones unilaterales tomadas en privado y la priorización de la lealtad política sobre otros criterios técnicos. Como resultado, el Concejo Deliberante, presidido por Aldana Iovanovich, es percibido como una «escribanía» que se limita a ratificar formalmente las decisiones tomadas previamente por el Ejecutivo.
La designación de Lamoglie, una profesional del círculo íntimo del intendente sin experiencia específica en justicia de faltas, refuerza esta percepción de que la afinidad política pesa más que la idoneidad técnica.
La salida forzada del juez Troncoso
La vacante en el Juzgado de Faltas N°1 se generó tras la jubilación de Jorge Troncoso, quien ocupó el cargo durante casi tres décadas. Sin embargo, su retiro no fue voluntario: Troncoso fue «notificado administrativamente para iniciar sus trámites jubilatorios», una acción que él mismo calificó como una intimación.
El magistrado saliente expresó públicamente su malestar: «Realmente no estuvo bueno esto de intimar». Troncoso defendió una visión humanista de la justicia de faltas, afirmándose como un «absoluto defensor de la humanización del procedimiento de faltas» y advirtiendo que «Jamás los Juzgados de Faltas pueden constituirse en cajas recaudadoras».
Según sus propias palabras, su gestión se caracterizó por la transparencia: «trabajamos con las puertas abiertas y las ventanas abiertas». Esta salida forzada es interpretada por sectores críticos como una maniobra del Ejecutivo para liberar un cargo estratégico y colocar a una persona de confianza.
La propuesta archivada de un Consejo de la Magistratura
Como respuesta a lo que consideran una «designación a dedo», los concejales radicales Matías Nanni, Patricio Yalet y Gimena Carabajal presentaron un proyecto para crear el Consejo Municipal de la Magistratura de Berisso (CMMB).
La concejal Gimena Carabajal sintetizó el objetivo: «Garantizar la idoneidad de quienes asuman el cargo, asegurando que el mejor capacitado ocupe ese lugar, sin importar su ideología política».
La iniciativa propone un organismo multisectorial, con representantes del Concejo Deliberante (mayoría y minoría), el Ejecutivo, el Colegio de Abogados, la UNLP y organizaciones civiles. El mecanismo consistiría en concursos públicos de antecedentes y oposición que generarían una terna de tres candidatos mejor calificados.
El intendente quedaría obligado a elegir a uno de los tres, sin poder proponer nombres externos, y tanto la terna como la elección final requerirían validación del Concejo Deliberante. Esta propuesta busca establecer un «corset legal» que transforme la selección en un proceso meritocrático y transparente.
Sin embargo, la iniciativa fue archivada en el Concejo Deliberante sin recibir tratamiento en comisión, lo que demuestra la falta de voluntad política del oficialismo para modificar el actual sistema de designaciones.
Incompatibilidades legales y conflictos éticos que ensombrecen la gestión
María Azul Lamoglie, en su cargo como Jueza de Faltas N°1 de Berisso, enfrenta una serie de controversias que ponen en tela de juicio su permanencia y legitimidad institucional. Las fuentes revelan dos tipos principales de conflictos relacionados con las incompatibilidades en su función: las incompatibilidades legales formales definidas por la legislación de la Provincia de Buenos Aires, y las incompatibilidades éticas derivadas de la controversia judicial por su proceso de postulación a un cargo diferente.
La legislación provincial establece una distinción clara en el régimen de incompatibilidades entre los jueces municipales de faltas y los Jueces de Paz. Para ser Juez de Faltas, la ley provincial solo señala las incompatibilidades legales y éticas aplicables a cualquier funcionario municipal. Sin embargo, existe una incompatibilidad formal para que un Juez municipal de faltas ocupe simultáneamente el cargo de Juez de Paz, debido a que los Jueces de Paz no pueden desempeñar funciones si son empleados públicos o miembros de la Municipalidad. Un Juez municipal de faltas es, legalmente, un funcionario municipal, por lo que si Lamoglie intentara ocupar el cargo de Jueza de Paz al mismo tiempo que el de Jueza de Faltas, enfrentaría esta prohibición legal expresa.
El principal y más grave cuestionamiento que enfrenta la magistrada es la denuncia por presunta falsificación de documento público, vinculada a la documentación que habría presentado para participar en el concurso para Jueza de Paz en San Vicente. Los denunciantes sostienen que Lamoglie habría utilizado papeles adulterados para acreditar la radicación exigida por ley, cuando en realidad residía y trabajaba en Berisso, lo cual invalidaría su postulación en el otro distrito. Si las acusaciones se confirman, esto representaría un golpe significativo a la credibilidad institucional de su gestión. Aunque goza de estabilidad en su cargo de Jueza de Faltas y en lo económico ya que es vitalicia la designación, y solo puede ser removida por causas legales tras juicio, una imputación judicial grave de esta naturaleza invocaría las incompatibilidades legales y éticas aplicables a cualquier funcionario municipal, comprometiendo seriamente su continuidad en el cargo.
Un proceso que deja interrogantes
La designación de María Azul Lamoglie como Jueza de Faltas N°1 cierra un capítulo pero abre múltiples interrogantes sobre la calidad institucional en Berisso. La combinación de una denuncia judicial pendiente, acuerdos políticos cuestionados, un proceso acelerado que evitó el debate y la negativa a considerar mecanismos de selección más transparentes deja un sabor amargo en amplios sectores de la oposición y la ciudadanía.
Mientras el oficialismo se ampara en la legalidad formal del procedimiento, la oposición insiste en que la legalidad no garantiza legitimidad cuando los métodos son opacos y las decisiones se toman en reuniones privadas sin escrutinio público.
Con Lamoglie ya en funciones y la propuesta del Consejo de la Magistratura archivada, el debate queda abierto sobre qué tipo de institucionalidad quiere construir Berisso y si prevalecerá la lógica de los acuerdos de cúpula o la de los procesos transparentes y meritocráticos en la designación de sus funcionarios judiciales.
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