Policía berissense detenido por torturas en Ensenada: motín, horror y 36 horas sin dormir que desataron una bomba de tiempo

La madrugada del 21 de octubre de 2024 quedará grabada como una de las más oscuras en la historia del sistema de seguridad bonaerense. Lo que comenzó como un reclamo por condiciones inhumanas de detención en la Comisaría 2ª de Ensenada, ubicada en Punta Lara, derivó en una represión brutal que dejó al descubierto las profundas fallas estructurales de un sistema al borde del colapso.​

Entre 30 y 40 policías ingresaron a los calabozos armados con escopetas cargadas con postas de goma, granadas de gas lacrimógeno y chorros de agua con gas pimienta. Durante más de 10 horas, en completa oscuridad tras cortar la electricidad, los detenidos fueron golpeados salvajemente, desnudados, abusados sexualmente y sometidos a una práctica conocida como «puente chino», en la que fueron obligados a pasar entre dos hileras de agentes que los castigaban con tonfas, palos y puños.​

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, presentó la denuncia que desencadenó la investigación judicial. Tres efectivos policiales fueron detenidos inicialmente: la subcomisaria Adriana Cecilia Ponce, titular de la dependencia; el sargento Leandro Ignacio Altamiranda, custodio de los calabozos; y el subcomisario Ángel Daniel Barrientos, quien ya estaba detenido por un episodio similar ocurrido en 2018 en la comisaría 4ª de Berisso, por el cual fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión.​

Posteriormente, en agosto de 2025, el juez Eduardo Silva Pelossi del Juzgado de Garantías Nº2 de La Plata ordenó la detención de dos policías más: Oscar Castillo y Sergio Aguilar, elevando a cinco el número de efectivos detenidos. Todos fueron imputados por los delitos de torturas y falsedad ideológica por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, de la Fiscalía Nº3 del Departamento Judicial La Plata.​

Sin embargo, al profundizar en los detalles del expediente, emerge una historia mucho más compleja que desafía la narrativa simple de policías torturadores versus víctimas inocentes. Lo que se revela es un sistema carcelario colapsado, condiciones laborales inhumanas para los propios agentes, pruebas fundamentales desaparecidas, un documento oficial aparentemente falsificado y un organismo denunciante con un historial controvertido.

El acusado principal: Entre la responsabilidad y el abandono estatal

Leandro Altamiranda, de 32 años, oriundo de Berisso llevaba 10 años de servicio en la Policía Bonaerense con un historial que su familia y su abogado, el Dr. Ezequiel Graso, describen como «intachable». El día del motín, según declaraciones de sus familiares, venía de cumplir un turno de 24 horas y estaba obligado a realizar un «servicio de cancha» en un partido de fútbol del club Cambaceres para complementar su salario insuficiente, lo que lo llevaría a acumular 36 horas de trabajo continuo.​

«Alrededor de las 11 de la noche, se fue a acostar un rato en su auto» mientras esperaba el traslado al partido, relató su madre, Nora Fernández. Fue despertado por un compañero para intervenir en el conflicto que estaba escalando en los calabozos.

El abogado Graso contextualiza la situación: «Lamentablemente los efectivos de la provincia se encuentran desprotegidos… terminan siendo víctimas de una provincia que tiene que alojar los detenidos en el ámbito del servicio penitenciario… lamentablemente la policía termina siendo rehén de esta falta de inversión, esta falta de planificación, esta falta de política criminal».

La comisaría, según Graso, tenía 13 detenidos con capacidad para solo 6 personas, aunque familiares aseguran que llegaban a ser hasta 16. Este hacinamiento extremo no es exclusivo de Ensenada: según datos de la CPM, al cierre de 2024, había 61.810 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires, con una sobrepoblación del 106% en el Servicio Penitenciario Bonaerense. En las comisarías, aunque la sobrepoblación bajó del 95% al 80%, las condiciones siguen siendo «críticas»: espacios sin luz ni aire, cloacas que rebalsan, falta de agua y hacinamiento extremo.​

Un turno de 36 horas continuas no es solo una anécdota sobre condiciones laborales precarias; es un estado fisiológico y psicológico donde el juicio racional se ve severamente comprometido. La privación de sueño afecta la toma de decisiones, aumenta la irritabilidad y reduce la capacidad de controlar impulsos. En este contexto, colocar a un oficial exhausto en una situación límite con detenidos en condiciones inhumanas crea una bomba de tiempo casi inevitable.

El detonante: Mucho más que un cigarrillo

La versión oficial de la fiscalía sostiene que el conflicto estalló cuando Altamiranda se negó a darles cigarrillos a los detenidos, lo que habría desencadenado el motín. Sin embargo, la defensa presenta un contexto radicalmente diferente.

Según el Dr. Graso, la tensión venía acumulándose desde 15 o 20 días antes del incidente. El motivo fue la llegada de una nueva titular a la comisaría, quien implementó medidas más rigurosas, como la prohibición de teléfonos celulares para los internos.

Uno de los detenidos, Hernán Chamorro, lo confirma en su testimonio ante la CPM: «El 20 de octubre de 2024 cerca de las 10 de la noche pedimos un cigarrillo a alguien que estaba en una celda de contraventor, nos pasan el cigarrillo y el que estaba de guardia nos llama y nos dice que estamos rompiendo las bolas por eso, y los rompe, entonces nos enojamos, le empezamos a decir cosas, pero todo se pone grave cuando él insulta a la familias: ‘tu mujer esa que viene con calzas, está mostrando el culo’ dijo».​

La CPM documentó que desde la llegada de las nuevas autoridades, los detenidos comenzaron a ser víctimas de maltrato sistemático: rotura y robo de pertenencias y alimentos que les acercaban las familias. «Los chicos querían armar los monos e irse de traslado, pidieron hablar con los jefes, pero el guardia nunca los llamó», relató Chamorro.​

Este detalle transforma radicalmente el evento: ya no se trata de una reacción espontánea y desproporcionada de un policía ante un pedido de cigarrillos, sino de la explosión de un conflicto latente que llevaba semanas gestándose. El evento deja de ser un incidente aislado para convertirse en la detonación inevitable de una situación insostenible, volviendo mucho más compleja la pregunta sobre quién fue el verdadero «iniciador».

La evidencia fantasma: ¿Dónde están las cámaras?

En plena era de la vigilancia digital, la evidencia más objetiva del caso brilla por su ausencia. El incidente ocurrió el 21 de octubre de 2024 y Altamiranda fue detenido el 28 de marzo de 2025. Sin embargo, en ese lapso de más de cinco meses, las grabaciones de las cámaras de seguridad del interior de la comisaría aún no habían sido incorporadas a la causa.

«A pesar de que el incidente ocurrió en octubre de 2024, todavía no tienen las cámaras de seguridad de adentro de la comisaría», declaró el Dr. Graso. La pericia de este material está a cargo de la Policía Federal, un procedimiento estándar para garantizar imparcialidad, ya que «la misma fuerza provincial no puede investigar un hecho ocurrido dentro de una seccional».

El prolongado tiempo transcurrido sin resultados genera un vacío crucial en la investigación. Sin el video que muestre qué ocurrió realmente dentro de los calabozos, la causa depende casi exclusivamente de testimonios contradictorios: el de los detenidos que denuncian torturas y el de los policías que alegan un motín violento.

La madre de Altamiranda fue a hablar con el intendente de Ensenada, Mario Secco, principalmente para pedir las cámaras de seguridad municipales ubicadas frente a la comisaría. El intendente, que gobierna Ensenada desde 2003 con sucesivas reelecciones y es reconocido por su lealtad al kirchnerismo, le respondió que no estaba «empapado en la situación» y mencionó «problemas económicos» de la ciudad.​

La ausencia de esta prueba fundamental no solo dificulta el esclarecimiento, sino que deja la puerta abierta a la manipulación de la verdad por ambas partes.

El documento falsificado: Una firma que no corresponde

Uno de los delitos más graves imputados a Altamiranda es el de «falsedad ideológica». La acusación sostiene que el acta policial sobre el motín fue adulterada para justificar la represión, describiendo falsamente un intento de fuga y la posesión de armas caseras por parte de los detenidos.​

Aquí surge uno de los giros más impactantes del caso. Tanto Altamiranda como su abogado afirman categóricamente que él nunca firmó dicha acta.

Para corroborarlo, la defensa solicitó una pericia caligráfica. Este tipo de análisis técnico y científico permite determinar si una firma o texto ha sido realizado por la persona que se dice que lo hizo, mediante el estudio comparativo de características como formas, ritmo, grado de inclinación y particularidades de cada letra.​

El resultado, según el abogado, fue «positivo»: el análisis confirmó que la firma atribuida al sargento no es la suya. La defensa solicitó el sobreseimiento de este segundo hecho en base a esta evidencia.

Este hallazgo no solo desvincularía a Altamiranda de un delito clave; sugiere un esfuerzo coordinado por parte de otros presentes para fabricar un registro falso y potencialmente incriminar a un oficial de menor rango. La pregunta ya no e solo qué ocurrió en las celdas, sino quién fabricó la historia oficial después y con qué propósito.

El organismo denunciante: Entre la legitimidad y la controversia

La denuncia que originó el caso fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que actúa como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Su rol le otorga una innegable autoridad moral y su intervención fue fundamental para visibilizar los hechos.​

El organismo, tras conocer los hechos, inspeccionó la comisaría, se entrevistó con las víctimas y presentó un extenso y detallado informe técnico con registro fotográfico de las múltiples lesiones que presentaban las víctimas. Este informe fue valorado por el juez Silva Pelossi como prueba determinante en la causa.​

Sin embargo, una mirada a su propio historial revela una serie de escándalos que obligan a una lectura más crítica. El primer gran escándalo ocurrió en 2003, cuando su presidenta fundadora, Estela de Carlotto, renunció denunciando «manejos irregulares de los dineros del pueblo» y, en una irónica simetría con el caso Altamiranda, la presunta falsificación de su propia firma para solicitar fondos.​

En su carta de renuncia, Carlotto manifestó su disconformidad con la jefa del equipo técnico de la comisión, la periodista Gabriela Cerruti, y enumeró diversas irregularidades: «falsificación de firmas para solicitar dinero, gastos excesivos para la publicación de la revista Puente y sueldos onerosos para algunos de los miembros del equipo técnico».​

La Comisión contestó calificando las acusaciones de Carlotto como «falaces» y argumentó que el problema de fondo era si el organismo «debe permanecer como un organismo autónomo que se ocupe de la defensa actual de los derechos humanos violados en Buenos Aires, o si debe reducirse a una mera dependencia del Poder Ejecutivo».​

Más recientemente, en 2019, durante el denominado «Caso D’Alessio», la CPM fue acusada de «desvío de funciones» tras elaborar un informe analizando la actividad de varios periodistas a solicitud del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Los cuestionamientos escalaron al punto que desde la Cámara de Diputados bonaerense se pidió «suprimir por ley» a la CPM después que el organismo no contestara un pedido de informes «por auditar a periodistas».​

Este historial no invalida la denuncia sobre las torturas en Ensenada, pero sitúa el caso en una nueva luz: no se trata simplemente de un organismo de derechos humanos imparcial que expone un abuso, sino de un actor políticamente controvertido con su propia historia de luchas internas y acusaciones de extralimitación.

El contexto político: Kicillof, Berni y Alonso en el banquillo

Las figuras políticas provinciales no están ajenas a esta crisis. El gobernador Axel Kicillof ha sido señalado por encubrir lo que la propia CPM calificó como una «falla estructural» del control policial por parte del Ministerio de Seguridad, definida como «impunidad y violencia institucional, protegida desde el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires» según el abogado de Altamiranda.

Kicillof ha destinado miles de millones de pesos para financiar a la Policía Bonaerense. En marzo de 2025, presentó el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad por más de $170.000 millones destinado a los 135 municipios, además de anunciar la incorporación de 750 nuevos patrulleros, 700 motos y 2.300 nuevos efectivos.​

Sin embargo, estas inversiones no han revertido la crisis estructural. Durante 2024, la CPM relevó más de 64.605 hechos de tortura y malos tratos y al menos 16.030 hechos de nulo acceso a la justicia en la provincia. Además, 286 personas privadas de su libertad fallecieron durante ese año.​

El actual ministro de Seguridad, Javier Alonso, quien asumió en diciembre de 2023 tras la salida de Sergio Berni, reivindica su «modelo de seguridad» como heredero del construido por Berni y se proclama defensor del modelo carcelario de Bukele en El Salvador.​

Alonso anunció el despliegue de «fuerzas de intervención rápida» para saturar los barrios más empobrecidos y a merced del narcotráfico vinculado a las cúpulas mafiosas de la Bonaerense. Sin embargo, su predecesor Berni, ahora senador provincial, ha criticado duramente la gestión de su sucesor, asegurando que Buenos Aires «tiene un ministerio de la Policía« y no de Seguridad.​

La familia reclama justicia

Mientras el expediente judicial avanza con lentitud, Leandro Altamiranda permanece detenido desde el 28 de marzo de 2025. El juez Eduardo Silva Pelossi negó el arresto domiciliario argumentando riesgo de fuga, a pesar de que las pericias psicológicas y ambientales fueron positivas y que Altamiranda colaboró con la investigación entregando su celular y el video del motín.​

«Leandro fue el único imputado que proporcionó el video que demuestra claramente que lo ocurrió fue un motín (con fuego, electricidad, facas incautadas y amenazas gravísimas), no solo una reyerta», destacó su abogado.

Su madre, Nora Fernández, convocó a una puebleada para el lunes 20 de octubre a las 11 horas en la Plaza 17 de Octubre de Berisso para pedir la absolución de su hijo. «Leandro tiene una conducta intachable y un historial sin problemas durante sus 10 años de servicio. La acusación de tortura no le cabe, ya que él no tocó a nadie. Cuando le tocaba trabajar de imaginaria, era quien les daba la vianda (comida) a los detenidos», declaró su padre.

«Está apartado de su hija y su familia, y solo pedimos que nos escuchen y que nos acompañen ese día«, concluyó la familia.​

El Dr. Graso criticó el criterio del juez: «A pesar de la colaboración de Leandro (entregó su celular y el video del motín), y a pesar de que las pericias psicológicas y ambientales fueron positivas (familia constituida, sin antecedentes penales), el Juez Silva Pelosi negó el arresto domiciliario, argumentando riesgo de fuga». Y añadió: «Es más fácil acusar a un chico como Leandro para encubrir los actos tortuosos que ocurrieron, en lugar de abordar las fallas sistémicas».

Las víctimas: Voces desde el dnfierno

Del otro lado de la historia, las víctimas del operativo represivo aún cargan con las secuelas físicas y psicológicas de aquella madrugada. Hernán Chamorro, uno de los detenidos, narró a la CPM: «Eran entre 15 y 20 policías, algunos de otras seccionales, había un vecino policía, fue el primero que me pegó. Ponce, el jefe, tenía una escopeta, y me dice ‘no, vos no Chamorro’. Salen todos y se escuchaban los gritos de que los estaban matando a palos. Me dejaron para lo último, me precintaron las manos y ahí el vecino me empieza a pegar piñas en la cara, me desvanecí y ellos me levantaban para seguir pegándome».​

Los diez presos quedaron todos boca abajo, mojados y en el piso del pasillo de la comisaría. «Llegó Carlos [Carlos Dabaloni, secretario de DDHH del municipio] de derechos humanos, las familias estaban alborotadas afuera pero nos habían prohibido las visitas y la comunicación, Carlos hizo de intermediario y aseguró que estábamos todos vivos», relató Chamorro.​

Las pericias médicas certificaron no solo las lesiones físicas sino también la grave afectación psicológica de las víctimas. Los informes médicos, los testimonios y la intervención de organismos de derechos humanos fueron determinantes para que el fiscal Petit Bosnic describiera las maniobras como «excesivas y desproporcionadas».​

Chamorro reflexiona sobre su experiencia: «Violan nuestros derechos humanos acá adentro, no son los mismos que valen afuera. Nos ven como los despreciados de la sociedad. Somos más vulnerables a todo tipo de maltrato y abuso de autoridad, acá nadie te escucha».​

Un sistema en crisis terminal

El caso del motín de Ensenada es mucho más que la historia de policías contra presos. Es un espejo que refleja las profundas grietas del sistema de seguridad y justicia bonaerense:

• Hacinamiento carcelario que es norma: con capacidad para 6 personas, la comisaría alojaba hasta 16 detenidos.

• Condiciones laborales inhumanas para la propia policía: turnos de 36 horas continuas sin descanso adecuado.

• Investigaciones que se demoran hasta la intrascendencia: cinco meses sin incorporar las cámaras de seguridad a la causa.

• Documentos oficiales falsificados: un acta con una firma que no corresponde al acusado.

• La sombra de la politización que se cierne sobre los organismos de derechos humanos: una CPM con historial controvertido.​

• Inversión millonaria en seguridad que no resuelve los problemas de fondo: más patrulleros y efectivos, pero sin cambios en las condiciones estructurales.​

La historia simple de buenos y malos se disuelve ante la evidencia de un sistema que parece fabricar víctimas en ambos lados del mostrador. El abogado Graso lo resume: «Lamentablemente la policía termina siendo rehén de esta falta de inversión, esta falta de planificación, esta falta de política criminal».

En un sistema con tantas fallas, ¿es posible encontrar una única verdad o solo versiones que compiten por sobrevivir? Lo cierto es que mientras el gobernador Kicillof anuncia más fondos y más efectivos, mientras el ministro Alonso promete «fuerzas de intervención rápida», mientras la CPM denuncia tortura sistemática y mientras las familias de policías y detenidos reclaman justicia, el sistema sigue colapsando.

La pregunta ya no es quién es culpable en el caso Ensenada. La pregunta es cuántas comisarías más son bombas de tiempo esperando explotar, cuántos policías exhaustos están siendo colocados en situaciones límite, cuántos detenidos están hacinados en espacios inhabitables y cuántas familias, de ambos lados, seguirán pidiendo que alguien escuche sus gritos antes de que sea demasiado tarde.

Fuentes consultadas