Una iniciativa del municipio de Berisso para facilitar los exámenes prácticos de licencias de conducir ha generado una fuerte controversia que involucra la antigüedad del vehículo adquirido, la legalidad del cobro del servicio y una marcada falta de transparencia en su implementación. Lo que fue presentado por el intendente Fabián Cagliardi como un beneficio para los vecinos que carecen de vehículo propio se ha convertido en objeto de cuestionamientos por parte de especialistas y miembros del propio Concejo Deliberante.
Un servicio que genera más preguntas que respuestas
El intendente Fabián Cagliardi, acompañado por el secretario de Acción Política, Martín Fernández, presentó oficialmente el nuevo automóvil incorporado al área de Licencias de Conducir en las oficinas municipales y el playón donde se realizan los exámenes prácticos. Según el comunicado oficial, el objetivo era permitir que los vecinos pudieran rendir el examen sin necesidad de contar con un vehículo propio, mediante el pago de un «costo mínimo».
El automóvil se suma a una motocicleta que ya estaba disponible, completando así el parque vehicular municipal para ambas categorías de prácticas. La gestión municipal buscó proyectar una imagen de modernización y respuesta a una necesidad ciudadana real. Sin embargo, esta narrativa oficial comenzó a resquebrajarse rápidamente cuando surgieron las primeras críticas especializadas.
Un «nuevo» auto con más de dos décadas de antigüedad
La primera línea de cuestionamientos se centró en la calidad y el estado real del vehículo presentado como una novedad. El automóvil promocionado por la intendencia resultó ser un Ford Focus modelo 2000, correspondiente a la primera generación del vehículo, conocido como Focus 1, con más de 20 años de antigüedad.
Este dato, confirmado por una fuente especializada de Automotores de la provincia de Buenos Aires, contrasta fuertemente con la presentación oficial de un «nuevo automóvil». El experto consultado no escatimó en críticas sobre el estado del coche, expresando su preocupación por su condición mecánica y de seguridad.
«Ese auto tiene más de 20 años, es un modelo 2000, es el primer Focus,» señaló la fuente especializada, quien calificó sin rodeos el estado del vehículo: «Ese auto está detonado… imaginate las falencias que debe tener.»
La fuente también expresó su asombro ante la decisión de las autoridades de utilizar una imagen con dicho vehículo para promocionar la iniciativa, cuestionando la pertinencia de que el intendente se prestara para esa fotografía institucional.
Críticos del sector señalaron que se trata de un «auto de segunda manos ploteado como ‘nuevo'», argumentando que, lejos de ofrecer comodidad para manejar, el vehículo genera incomodidad dadas sus probables falencias derivadas de su avanzada edad. Lo califican directamente como una «batata», término coloquial para referirse a algo obsoleto o en mal estado.
La opacidad en el marco legal del cobro se refleja también en la propia calidad del activo adquirido: un vehículo obsoleto presentado como «nuevo», sugiriendo un patrón de gestión que elude el escrutinio tanto en lo fiscal como en lo material.
El cobro del servicio: un limbo legal
El segundo y más grave cuestionamiento se refiere al marco legal para el cobro del servicio. La fuente experta fue tajante al señalar que toda medida de carácter recaudatorio, como el cobro de una tasa por el uso de un vehículo municipal, debe ser obligatoriamente habilitada y regulada por el Concejo Deliberante.
Este procedimiento es un pilar del control democrático, ya que, como advirtió el experto, su ausencia permite al Ejecutivo fijar precios de manera discrecional —»6.000, 7.000 pesos»— sin supervisión alguna.
La falta de un proceso legislativo claro genera dudas centrales que el municipio ha dejado sin respuesta: ¿De dónde se estipula el costo y o adquisición de estos vehículos? ¿Quién determina el valor del ‘costo mínimo’ de uso para los practicantes de licencias? ¿Pasó por el Concejo Deliberante dicho servicio que involucra un cargo extra para adquirir la licencia?
Estas interrogantes no solo provienen de la ciudadanía, sino que también se extienden al corazón mismo del cuerpo legislativo que debería regularlo, revelando una fractura institucional preocupante.
Contradicciones en el Concejo Deliberante
El rol del Concejo Deliberante es crucial en la creación y regulación de tasas municipales. Sin embargo, las declaraciones de sus propios miembros exponen una profunda falta de consenso y una desconcertante falta de claridad sobre la legalidad del nuevo servicio.
Las posturas de la máxima autoridad del cuerpo y de otro de sus concejales son diametralmente opuestas, evidenciando una grave descoordinación o desinformación interna.
La postura de la presidencia del Concejo
Consultada al respecto, la presidenta del Concejo Deliberante, Aldana Iovanovich, afirmó que la habilitación para el cobro ya existe y figura en la Ordenanza Impositiva vigente. Según su explicación, el servicio «está en la Impositiva», que es la «norma que regula» este tipo de servicios, y simplemente no se aplicaba por la falta del «recurso», en este caso, el vehículo.
Sostuvo que tanto el servicio de auto como el de moto constan en la norma, y que la Ordenanza Fiscal Impositiva ya contemplaba estos cobros, aunque no se habían efectivizado por la ausencia del bien físico necesario para prestar el servicio.
La visión del concejal Maximiliano Fernández
En contraste, el concejal de Juntos por el Diálogo Federal, Maximiliano Fernández, declaró desconocer si el cobro ya se estaba efectuando y sostuvo que la creación de esta tasa es una materia pendiente. Afirmó inequívocamente que «tendría que entrar dentro de la ordenanza fiscal impositiva» y que, una vez aprobado el precio, recién «tomaría vigencia».
El concejal señaló que, si bien la prestación del servicio fue publicada, no se aclaraba que hubiera un cobro por parte del municipio. Además, anticipó que esperaba que el Ejecutivo enviara la propuesta formal al Concejo en diciembre para su debido tratamiento, junto con la fiscal impositiva.
Fernández enfatizó que cualquier medida que implique recaudación o genere un impuesto tiene que pasar por el Consejo, que es el ente que lo habilita y lo regula. De lo contrario, el Ejecutivo podría establecer el valor de manera discrecional.
Un vacío institucional preocupante
La discrepancia es total y sus implicaciones para la gobernanza son graves. ¿Cómo es posible que la cabeza del cuerpo legislativo y otro de sus miembros tengan comprensiones opuestas sobre una ordenanza municipal?
Esta contradicción sugiere una de tres posibilidades: una falla sistémica de comunicación, una deliberada ofuscación de los hechos o una notoria incompetencia en la gestión de normativas fiscales.
Más preocupante aún, si la presidenta está en lo cierto, significa que la administración anterior no aplicó una tasa vigente; si el concejal tiene razón, el municipio podría estar preparándose para cobrar, o incluso cobrando ya, una tasa ilegal.
La falta de transparencia en la determinación de costos
Uno de los aspectos más criticados es la falta de transparencia en la determinación del «costo mínimo» que se cobrará a los vecinos por el uso del vehículo municipal. Hasta el momento, no se ha comunicado oficialmente cuál será el valor exacto del servicio ni cuál es el mecanismo para su determinación.
Este servicio representa un «cargo extra para adquirir la licencia», una medida recaudatoria que debe formar parte de la Ordenanza Fiscal Impositiva para tener validez legal. Sin embargo, la ausencia de información clara sobre el monto y el proceso de fijación abre la puerta a la discrecionalidad que tanto han señalado los críticos.
La pregunta de ¿quién determina el valor del «costo mínimo»? sigue sin respuesta oficial. Según la normativa municipal, el Concejo Deliberante es el ente que debe regular y habilitar este tipo de cobros, fijando los precios en la Ordenanza Fiscal Impositiva. Una vez que el precio esté fijado en la ordenanza y esta sea aprobada, tomaría vigencia.
Sin embargo, la confusión sobre si esta aprobación ya existe o está pendiente genera un vacío legal que afecta directamente la legitimidad del cobro.
Cuestionamientos sobre la adquisición del vehículo
Más allá del aspecto legal del cobro, existe también un cuestionamiento sobre la adquisición misma del vehículo. Mientras que la parte oficial presentó el automóvil como un «nuevo automóvil incorporado» al área, fuentes críticas lo describen como un «auto de segunda manos».
La transparencia se ve socavada por el estado real del bien por el cual se cobra. Si el vehículo tiene más de 20 años de antigüedad y está en las condiciones que describen los especialistas como «detonado», surge la pregunta de si es apropiado cobrar una tasa por un servicio que no cumple con estándares mínimos de calidad y seguridad.
Expertos señalan que un vehículo de estas características, en lugar de ofrecer comodidad para manejar durante el examen práctico, genera incomodidad, lo cual contradice el propósito declarado de facilitar el acceso a la licencia de conducir.
Además, no se ha aclarado de dónde se estipula el costo de adquisición del vehículo ni cuál fue el proceso de compra. Esta falta de información alimenta las sospechas de que la iniciativa podría responder más a intereses particulares que a una genuina preocupación por el bienestar ciudadano.
Implicaciones para la recaudación municipal
La inclusión del nuevo servicio vehicular para los exámenes prácticos de Licencias de Conducir influye directamente en la recaudación municipal al establecer un cobro o tasa adicional por su uso. El principal impacto es la incorporación de una nueva fuente de ingresos municipales.
El automóvil, sumado a la motocicleta ya existente, permite a los vecinos realizar el examen práctico sin un vehículo propio, pero requiere un «costo mínimo» por su uso. Este costo se considera un «cargo extra para adquirir la licencia», una «medida recaudatoria» y un cobro de una tasa o servicio que debe formar parte de la Ordenanza Fiscal Impositiva.
Existe la percepción entre sectores críticos de que este servicio podría ser un «curro» o una oportunidad para la recaudación sin los controles necesarios. Si el cobro no es regulado adecuadamente por el Concejo, el Ejecutivo podría establecer el valor de manera discrecional, como $6.000 o $7.000 pesos, sin ningún tipo de supervisión legislativa.
La justificación del cobro es cuestionada también debido a la calidad del vehículo proporcionado. Se alega que el auto incorporado tiene más de 20 años de antigüedad (modelo 2000, un Focus 1) y está en malas condiciones («detonado»). Esto plantea preguntas sobre la idoneidad del cargo por un vehículo que genera incomodidad en lugar de comodidad para manejar.
Las voces críticas de la sociedad civil
La iniciativa ha generado reacciones de diversos sectores de los vecinos han sido especialmente críticos, planteando interrogantes fundamentales sobre la transparencia y la legalidad del servicio.
Estos actores cuestionan no solo la antigüedad y el estado del vehículo, sino también el proceso mediante el cual se determinó el cobro y se adquirió el automóvil. Las preguntas que han formulado públicamente reflejan las preocupaciones de muchos vecinos que ven en esta iniciativa más un intento de recaudación que un genuino servicio público.
La descripción del vehículo como «detonado» y «batata» refleja la percepción de que el municipio no está ofreciendo un servicio de calidad acorde al cobro que pretende establecer. Esta percepción daña la confianza pública en las instituciones municipales y genera un clima de escepticismo sobre otras iniciativas de la gestión.
Un patrón de gestión cuestionable
La controversia sobre el servicio vehicular para licencias de conducir en Berisso no es un caso aislado, sino que parece reflejar un patrón más amplio de gestión caracterizado por la improvisación y la falta de transparencia.
La presentación de un vehículo de más de 20 años como «nuevo», la confusión sobre la existencia o no de una ordenanza que habilite el cobro, y las declaraciones contradictorias de autoridades del Concejo Deliberante apuntan a una disfunción institucional que va más allá de este caso particular.
Este patrón de gestión opaco expone al municipio a posibles cuestionamientos legales y erosiona la confianza pública. La falta de un procedimiento claro, la aparente improvisación en la adquisición de recursos y la comunicación contradictoria evidencian una gestión deficiente que transforma lo que fue prometido como una solución en un problema de gobernanza.
Consecuencias legales y administrativas
Las irregularidades detectadas en la implementación del servicio podrían tener consecuencias legales y administrativas significativas. Si efectivamente el cobro se está realizando sin la debida aprobación del Concejo Deliberante, el municipio estaría actuando fuera del marco legal establecido.
Esto podría dar lugar a acciones judiciales por parte de ciudadanos que consideren que se les está cobrando una tasa ilegal. Además, la falta de transparencia en la adquisición del vehículo y en la determinación del costo del servicio podría motivar investigaciones sobre el uso de fondos públicos.
La contradicción entre las declaraciones de la presidente del Concejo Deliberante Iovanovich y las del concejal Maximiliano Fernández también plantea interrogantes sobre la responsabilidad institucional. Si la ordenanza efectivamente ya existía, ¿por qué no se aplicaba? Si no existía, ¿Cómo es posible que la máxima autoridad del cuerpo legislativo afirme lo contrario?
Estas preguntas deben ser respondidas con claridad para restaurar la confianza ciudadana y garantizar que las instituciones municipales funcionen de acuerdo con el marco legal establecido.
Llamados a la transparencia
Ante la magnitud de los cuestionamientos, diversos sectores han solicitado mayor transparencia por parte de la gestión municipal. Se ha pedido que se aclare públicamente:
- El costo exacto del servicio y el mecanismo para su determinación
- El proceso de adquisición del vehículo y el monto invertido
- El estado real del automóvil y si cumple con los estándares mínimos de seguridad
- La existencia o no de una ordenanza que habilite legalmente el cobro
- Si el cobro ya se está efectuando o está pendiente de aprobación
Estos llamados a la transparencia no solo provienen de sectores opositores, sino también de ciudadanos comunes que consideran que tienen derecho a conocer cómo se utilizan los fondos públicos y bajo qué marco legal se establecen nuevos cobros.
Una iniciativa que requiere clarificación urgente
La controversia sobre el servicio vehicular para licencias de conducir en Berisso revela una iniciativa plagada de irregularidades que van desde la calidad del equipamiento hasta su dudosa legalidad. Lejos de ser un proceso claro y ordenado, su implementación se caracteriza por la improvisación y la opacidad.
Los hallazgos pueden resumirse en tres puntos clave: primero, el vehículo promocionado como «nuevo» es un modelo con más de 20 años de antigüedad, calificado por expertos como «detonado», lo que genera dudas sobre su seguridad y la calidad del servicio. Segundo, existe una contradicción fundamental sobre si el cobro del servicio está legalmente aprobado, con declaraciones de altos funcionarios del Concejo Deliberante que son diametralmente opuestas, dejando al descubierto una grave disfunción institucional. Tercero, no se ha comunicado oficialmente el valor del «costo mínimo» ni el mecanismo para su determinación, lo que abre la puerta a la discrecionalidad señalada por los críticos.
En conjunto, estos elementos exponen al municipio a posibles cuestionamientos legales, al tiempo que erosionan la confianza pública. La gestión del intendente Fabián Cagliardi y del secretario Martín Fernández enfrenta ahora el desafío de aclarar estas irregularidades y demostrar que la iniciativa responde efectivamente a un interés público y no a otros objetivos menos transparentes.
Lo que fue anunciado como una solución para facilitar el acceso a la licencia de conducir se ha convertido en un símbolo de las deficiencias de gestión y la falta de transparencia que preocupan a los vecinos de Berisso. Solo una aclaración completa y verificable de todas las dudas planteadas podrá restaurar la confianza en esta iniciativa y en la capacidad del municipio para gestionar los recursos públicos de manera responsable y transparente.
Episodio ENSOBRADOS
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