El Astillero Río Santiago (ARS), emblema industrial de la provincia de Buenos Aires, atraviesa una crisis sin precedentes que combina conflicto sindical interno, parálisis productiva y renovadas amenazas de desmantelamiento. La situación expone una trama compleja donde la fractura entre trabajadores y su propia dirigencia gremial neutraliza la capacidad de respuesta ante el ahogo presupuestario provincial y los proyectos legislativos para privatizar la histórica empresa estatal.
Estalla la rebelión obrera contra ATE Ensenada
El conflicto interno que sacude al astillero desde octubre de 2025 no responde al patrón tradicional de enfrentamiento con el gobierno, sino a una insurrección de las bases contra su propia conducción sindical. La seccional de ATE Ensenada, liderada por Francisco «Pancho» Banegas y Lorena Benaglia, enfrenta acusaciones de corrupción, nepotismo y colaboracionismo con las políticas de ajuste provincial.
El escándalo del reparto de categorías
El detonante fue el reparto discrecional de ascensos laborales realizado en octubre. Según denuncian los trabajadores, aunque el aumento de categorías disponibles fue conquistado mediante asambleas autoconvocadas en julio, la dirigencia gremial cooptó ese logro para distribuirlo de manera opaca. Los principales beneficiados fueron integrantes de la propia cúpula sindical y personal jerárquico de la planta, utilizando lo que los trabajadores calificaron como «métodos y criterios desconocidos».
La indignación explotó en una asamblea histórica donde cientos de operarios acorralaron a la conducción sindical al grito de «¡Que se vayan todos!», exigiendo la renovación total del gremio, auditorías sobre el manejo de fondos y la convocatoria a una Asamblea General para unificar los reclamos.
Denuncias de malversación y doble vara
Durante las asambleas, los trabajadores expusieron una lista extensa de irregularidades que incluyen la malversación de fondos del comedor de la empresa. «Nos dan un sándwich de fiambre y una naranja, mientras se habla de millones en caja», denunciaron los operarios, exigiendo que se investiguen las cuentas de los dirigentes sindicales.
También señalaron la existencia de «ñoquis» protegidos por el sindicato que no asisten a trabajar hace años, mientras los trabajadores comunes sufren descuentos salariales por llegadas tarde, evidenciando una doble vara en la aplicación de las normas.
Una burocracia acusada de funcional al ajuste
La acusación más grave contra la conducción de ATE Ensenada es que actúa como instrumento de contención del descontento obrero, funcional a la política de ajuste del gobernador Axel Kicillof. Según las denuncias, la dirigencia ha aceptado paritarias a la baja y maniobrado para desviar movilizaciones, recibiendo a cambio concesiones limitadas como el control discrecional de ascensos.
Este pacto tácito buscaba garantizar la paz laboral evitando grandes movilizaciones por recomposición salarial, pero colapsó cuando el mecanismo de patronage fue implementado de manera tan abierta que provocó el repudio masivo de las bases.
Parálisis productiva y vacío de conducción
Mientras los trabajadores se enfrentan internamente, el ARS opera prácticamente sin producción. La empresa se encuentra acéfala desde la salida de su último presidente, el alfil de Mario Secco, Pedro Wasiejko, y el Ministerio de Producción provincial no ha designado un reemplazo. Esta ausencia de liderazgo profundiza la sensación de abandono institucional y agrava la parálisis operativa.
Las cifras del estancamiento
Los datos de la Contaduría General de la Provincia revelan la magnitud de la crisis financiera:
- En el primer trimestre de 2025, el 95% del gasto (más de 20 mil millones de pesos) se destinó al pago de sueldos para casi 2.900 trabajadores
- Durante 2024, los ingresos propios fueron de apenas 43 millones de pesos frente a un gasto total de 70 mil millones
- El presupuesto proyectado para 2026 es de 105 mil millones, con solo 7 mil millones para inversión de capital
Sin embargo, la parálisis no es total. En septiembre de 2023 se aprobó un contrato con la Armada para la construcción de un dique flotante, demostrando que los proyectos estatales son viables cuando existe decisión política.
El ahogo presupuestario de Kicillof
La política fiscal del gobierno provincial es identificada como la raíz del problema estructural. La administración de Kicillof ha priorizado el pago de la deuda provincial, planeando endeudarse por otros 1.300 millones de dólares adicionales. Para cumplir con este objetivo, según denuncian sectores críticos, el gobierno «hace caja con los salarios» de los trabajadores estatales.
Esta política se traduce en un presupuesto decreciente para el ARS, con una reducción proyectada del 25% en términos reales para 2025 en comparación con 2023. El recorte garantiza la profundización de la inactividad operativa y alimenta lo que diversos actores califican como una «liquidación controlada» o vaciamiento progresivo.
La amenaza externa: proyecto de privatización
En este contexto de debilitamiento interno, el diputado bonaerense Guillermo Castello, de La Libertad Avanza, presentó en octubre un proyecto de ley para declarar al astillero «sujeto a privatización». Sus argumentos se centran en la supuesta «ineficiencia estructural», citando que el ARS concentra el 80% del empleo del sector naval argentino pero genera apenas el 20% del valor industrial.
«El Estado no necesita fabricar barcos», sostiene Castello en su fundamentación, omitiendo el rol estratégico que históricamente cumplió el astillero para la soberanía nacional.
La privatización funcional: amenaza encubierta
Más allá de la venta directa, diversas fuentes advierten sobre un plan para transformar al ARS en una «Empresa de Servicios» o «Polo Productivo Regional». Bajo este modelo, el astillero abandonaría su misión de construcción de grandes buques para centrarse únicamente en reparaciones navales y trabajos menores para terceros.
Esta transformación representa una «privatización funcional»: se mantiene la apariencia de propiedad estatal, pero se desmantela la capacidad productiva y el rol soberano, externalizando el riesgo y allanando el camino para una futura venta.
Paradójicamente, la propia burocracia de ATE Ensenada ha propuesto este modelo de «Sociedad del Estado» que históricamente facilitó la flexibilización laboral y la venta de activos en los años 90.
El contraste entre ATE nacional y local
Frente a la amenaza de Castello, la conducción nacional de ATE expresó su «enfático rechazo», calificando el proyecto como un «nuevo intento de desguace del Estado provincial». Sin embargo, esta postura contrasta radicalmente con la de la conducción local de Ensenada, acusada por sus propias bases de ser funcional al ajuste que precisamente abre la puerta a los argumentos privatizadores.
Ecos de la resistencia de los años 90
Para la comunidad de Berisso y Ensenada, el ARS es mucho más que una fábrica. Fundado por decreto del presidente Juan Domingo Perón en 1953, el astillero fue concebido como un proyecto estratégico de soberanía nacional para suplantar la dependencia externa en la construcción de buques.
Su momento más épico ocurrió en septiembre de 1992, cuando el gobierno de Carlos Menem ordenó la ocupación militar de la planta con la unidad de élite «Albatros» de la Prefectura Naval. Los trabajadores, con el apoyo masivo de la comunidad de Ensenada, resolvieron ingresar a la fábrica en la madrugada para ocupar sus puestos de trabajo. Esta acción forzó al gobierno a retroceder para evitar un «baño de sangre».
El Astillero Río Santiago se convirtió así en la única gran empresa estatal que el menemismo no pudo privatizar, un legado forjado en la unidad contra un enemigo externo claro.
La encrucijada actual: enemigo interno y externo
La situación actual presenta una complejidad mayor que la de los años 90. En aquella época, los trabajadores se unieron para luchar contra un adversario externo bien definido. Hoy, el astillero se encuentra atrapado entre una asfixia económica deliberada por parte de un gobierno provincial supuestamente aliado y una renovada amenaza de desmantelamiento.
La pregunta que flota sobre los talleres es si una fuerza laboral legendaria por su capacidad para combatir amenazas externas podrá ganar una batalla cuando el enemigo también está adentro, en la forma de una crisis de representación sindical que neutraliza su histórica capacidad de lucha.
El conflicto actual revela que la parálisis y el vacío de poder no son meros accidentes, sino síntomas de una política donde «la ineficiencia se está produciendo activamente por omisión», un mecanismo que valida la narrativa privatizadora y debilita al astillero desde sus propias entrañas.
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